La Corte Penal Internacional como red de justicia

Iban seis ni?os al colegio por un camino en la regi¨®n de Ituri (Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo). De repente, un jeep lleno de milicianos los adelant¨® y se detuvo impidiendo su avance. Blandiendo AK-47, los soldados ordenaron a los ni?os aterrorizados que se subieran al jeep. Los transportaron a campamentos de instrucci¨®n militar donde los obligaron a aprender a disparar con ametralladora. A las tres semanas, los ni?os mataban y ca¨ªan muertos por los campos.

Presuntamente, Thomas Lubanga, jefe de una de las milicias m¨¢s peligrosas del Congo, planific¨® delitos como el que se acaba de describir. En marzo, los magistrados de la Corte Penal Internacional emitieron una orden de detenci¨®n por la que se acusaba a Lubanga de reclutar por la fuerza a menores de 15 a?os para que se batieran en los enfrentamientos. A los pocos d¨ªas, se transfiri¨® a Lubanga, en una aeronave militar francesa, del Congo a una c¨¢rcel en La Haya.

El traslado de Lubanga enciende la esperanza de contar con una corte penal internacional permanente fundada en una cooperaci¨®n de ¨¢mbito mundial. Los juicios de N¨²remberg y, posteriormente, los tribunales especiales para la ex Yugoslavia y Ruanda abrieron el camino poniendo a prueba la viabilidad de un sistema de justicia penal ajeno a los aparatos estatales, pero estos precursores de la Corte ten¨ªan limitada su jurisdicci¨®n a territorios bien delimitados. La tarea que tiene ante s¨ª la Corte es funcionar en el marco de un sistema mundial de justicia penal ajeno a los Estados nacionales.

El Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional incorpor¨® una innovaci¨®n notable: una red internacional de justicia. El tratado ha conformado una red de 100 Estados, organizaciones internacionales, ONG y otros asociados decididos a poner t¨¦rmino a la impunidad de los responsables de genocidio, cr¨ªmenes de lesa humanidad y cr¨ªmenes de guerra. Incumbe principalmente a los Estados la responsabilidad de prevenir y castigar los actos atroces perpetrados en su propio territorio y de cooperar con la Corte cuando ¨¦sta decida admitir un caso a examen. La Corte Penal Internacional deber¨¢ intervenir con car¨¢cter excepcional; s¨®lo actuar¨¢ en ausencia de actuaci¨®n genuina de los Estados.

Sustentada en una red de cooperaci¨®n en constante evoluci¨®n, la Corte Penal Internacional investiga actualmente tres situaciones de ¨¢mbito mundial de extrema gravedad imbuidas en violentos conflictos en el marco de los cuales se han perpetrado miles de asesinatos y violaciones y se han visto desplazados millones de civiles. El caso del Congo constituye un primer indicio del potencial que encierra el sistema creado en Roma, mientras que los otros dos casos que tenemos abiertos, el de Uganda y el de Darfur, plantean problem¨¢ticas nuevas.

El Congo remiti¨® a la Corte su propio caso, con lo cual puso de manifiesto su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional. El traslado de Thomas Lubanga fue consecuencia directa de la coordinaci¨®n entre la Corte, el Gobierno del Congo, las organizaciones internacionales y los Estados miembros de la Corte.

Siguiendo el ejemplo del Congo, el Gobierno de Uganda pidi¨® a la Corte Penal Internacional que interviniera. Con la cooperaci¨®n de la poblaci¨®n y del Gobierno, nuestro equipo investig¨® miles de cr¨ªmenes en el breve plazo de nueve meses.

Tenemos previsto que las pruebas reunidas confirmen que Joseph Kony y cuatro mandos superiores de la milicia denominada Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or perpetraron ataques espantosos contra civiles de Uganda septentrional. Hace veinte a?os que el Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or se perpet¨²a secuestrando a menores en hogares y escuelas, forz¨¢ndolos a matar y sometiendo a las ni?as a la esclavitud sexual.

Ya han surtido efecto las ¨®rdenes de detenci¨®n emitidas en julio de 2005 por magistrados de la Corte Penal Internacional contra los dirigentes del Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or. El Sud¨¢n, Estado no parte que amparaba antes al Ej¨¦rcito, ha accedido voluntariamente a dar curso a las ¨®rdenes de detenci¨®n. Como consecuencia de la mayor presi¨®n internacional y regional que se ejerce sobre el Ej¨¦rcito, sus mandos se han visto obligados a abandonar el refugio. De ese modo, ha disminuido espectacularmente el n¨²mero de ataques perpetrados en Uganda septentrional.

Sin embargo, el Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or opera actualmente en el Congo septentrional, donde pone en peligro a la poblaci¨®n local. Recientemente, Kony trat¨® de negociar un acuerdo pol¨ªtico. Con anterioridad ya hab¨ªa recurrido a la negociaci¨®n para ganar tiempo y reagruparse. Para hacer justicia y devolver la seguridad a la regi¨®n, la red de justicia debe detener a los mandos del Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or.

Iniciamos nuestra tercera investigaci¨®n, la de Darfur, como consecuencia directa del decidido apoyo de expertos internacionales, ONG y Estados. Despu¨¦s de que la Comisi¨®n de Investigaci¨®n independiente present¨® a las Naciones Unidas su informe, el Consejo de Seguridad aprob¨® una resoluci¨®n por la que remit¨ªa la situaci¨®n de Darfur a la Corte Penal Internacional.

Investigamos el caso de Darfur sin desplazarnos al lugar. Como actualmente es imposible proteger a los testigos, nuestros investigadores re¨²nen declaraciones en pr¨¢cticamente una docena de pa¨ªses. La velocidad de la investigaci¨®n vendr¨¢ dictada por el grado de cooperaci¨®n: cuanto m¨¢s material acopiemos, con mayor rapidez podremos actuar. La justicia vendr¨¢, de la mano del Sud¨¢n o de la Corte, pero en todo caso la impunidad desaparecer¨¢ de Darfur.

Cada vez se aprecia mejor el impacto del Estatuto de Roma a escala mundial. Los ej¨¦rcitos nacionales ya empiezan a modificar sus procedimientos. Las fuerzas paramilitares de Colombia han mencionado la existencia de la Corte Penal Internacional como motivo para proceder a la desmovilizaci¨®n. Los fiscales de los Pa¨ªses Bajos que procesaron a un empresario neerland¨¦s por avivar el conflicto de Liberia mencionaron la Corte como inspiraci¨®n de su decisi¨®n. La Interpol ha difundido nuestras ¨®rdenes de detenci¨®n contra Kony y la c¨²pula del Ej¨¦rcito de Resistencia del Se?or. Los Lubanga del mundo entero temen que les espere una suerte parecida; saben que se trata de la primera detenci¨®n, pero no de la ¨²ltima. Hace tres a?os, 18 magistrados y yo acudimos desde cinco continentes para sentar en La Haya las bases de una corte en ciernes. Al d¨ªa de hoy, el sistema creado en Roma ya se ha puesto en marcha.

Luis Moreno-Ocampo es fiscal de la Corte Penal Internacional.