La fiscal no asisti¨® a la declaraci¨®n de los cinco atracadores que quedaron libres

La fiscal no asisti¨® a la declaraci¨®n que prestaron ante la juez de guardia los cinco supuestos atracadores de bancos que quedaron en libertad el s¨¢bado pasado tras ser detenidos el 8 de junio cuando se dispon¨ªan a entrar en una sucursal bancaria de Madrid por un conducto de ventilaci¨®n. La fiscal del caso ley¨® el atestado policial y entendi¨® que no hab¨ªa suficientes pruebas ni imputaciones concretas y opt¨® por no pedir prisi¨®n para ellos ni acudir a su declaraci¨®n. La juez les interrog¨® y, dado que nadie ped¨ªa medidas cautelares, les dej¨® en libertad, tal como establece la Ley de Enjuiciamiento. La fiscal¨ªa de Madrid respald¨® la actuaci¨®n de la fiscal y denunci¨® ayer que la polic¨ªa no aport¨® al juzgado todas las pruebas de que dispon¨ªa.

La polic¨ªa llev¨® al juzgado a los cinco atracadores, considerados muy peligrosos, en la ma?ana del s¨¢bado. Hab¨ªan sido sorprendidos in fraganti la madrugada del 8 de junio por agentes del Grupo Especial de Operaciones (Geo) cuando se dispon¨ªan a entrar en una sucursal bancaria de Madrid por un conducto de ventilaci¨®n. Quer¨ªan colarse en la entidad bancaria, situada en la calle Mota del Cuervo de la capital madrile?a, a trav¨¦s de un falso techo.

La polic¨ªa llevaba tiempo tras ellos. Les ten¨ªa pinchados los tel¨¦fonos y sab¨ªa que ese d¨ªa iban a robar en esta entidad. El modus operandi era el mismo que supuestamente hab¨ªan empleado en robos cometidos en 15 entidades bancarias. Entraban por el falso techo a la entidad y esperaban a que llegase el primer empleado. Le amenazaban con una pistola y le obligaban a abrir la caja fuerte. Cog¨ªan el bot¨ªn y hu¨ªan en coches que les esperaban fuera. Cuando los geo les detuvieron llevaban tres pistolas, una de ellas con la numeraci¨®n raspada.

Diligencias secretas

Un juez de Vigo les investigaba desde hac¨ªa tiempo y ten¨ªa declaradas secretas las diligencias. El atraco que iban a dar en Madrid dispar¨® la intervenci¨®n policial. Cuando la polic¨ªa les detuvo estaban en el falso techo de la entidad, esperando supuestamente la llegada del primer empleado.

Agentes de la Brigada provincial de Polic¨ªa Judicial y de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial les llevaron a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid en la ma?ana del s¨¢bado. Una vez los detenidos en los calabozos, entregaron el atestado y se marcharon.

La fiscal que estaba ese d¨ªa de guardia ley¨® el atestado policial y entendi¨® que no hab¨ªa pruebas directas contra ellos. Habl¨® con la juez y le coment¨® que sobre ese asunto no iba a pedir prisi¨®n. Por ese motivo, la juez no convoc¨® la vistilla o comparecencia, necesaria para que el juez, si se lo pide alguna acusaci¨®n, pueda acordar la prisi¨®n de un detenido.

No obstante, la juez de guardia les tom¨® declaraci¨®n sin asistencia de la fiscal y les dej¨® en libertad. El juez decano de Madrid, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, respald¨® "totalmente" ayer la actuaci¨®n de la juez, y explic¨®: "La ley impide que el juez decrete una medida cautelar restrictiva de la libertad si no lo piden las acusaciones; como la fiscal no pidi¨® nada, no tuvo m¨¢s remedio que dejarles en libertad". Gonz¨¢lez Armengol cree que "la polic¨ªa ha filtrado" este asunto para "presionar a los jueces" y forzarles a que tomen medidas de privaci¨®n de libertad "injustificadas e inmotivadas". El juez decano de Madrid subraya que "hay que respetar las garant¨ªas constitucionales" y matiza que no cabe tachar las decisiones de sus colegas de benevolentes con la "gran delincuencia: act¨²an con garant¨ªas y de acuerdo con el derecho". "Cuando hay pruebas y delitos penados con m¨¢s de dos a?os de c¨¢rcel (robos en casas o con violencia), lo habitual es que se decrete la prisi¨®n si el fiscal lo solicita", recalc¨® Gonz¨¢lez Armengol. El decano record¨® que en la actualidad las c¨¢rceles espa?olas cobijan "a 63.000 internos, 22.000 de ellos preventivos; y Espa?a se ha convertido en el primer pa¨ªs de Europa con mayor porcentaje de poblaci¨®n reclusa".

Pedro Mart¨ªnez, teniente fiscal de Madrid y portavoz de la fiscal¨ªa, indic¨® ayer que ignoraba si la fiscal de guardia asisti¨® o no a la declaraci¨®n, si bien subray¨® que "legalmente, no est¨¢ obligada a ello". Mart¨ªnez, que ley¨® ayer el atestado policial, asegur¨® que la actuaci¨®n de la fiscal "fue correcta". "Estamos en un Estado de derecho y si no hay pruebas directas, como en este caso, no se puede pedir prisi¨®n para nadie", destac¨® el segundo jefe de la fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Madrid. Mart¨ªnez asegura que en el atestado remitido al juzgado no figura el v¨ªdeo ni las fotograf¨ªas difundidas por la polic¨ªa sobre la detenci¨®n de estos cinco atracadores.

V¨ªdeo de las detenciones

"Es obligaci¨®n de la polic¨ªa aportar al juzgado todos los elementos incriminatorios de que disponga", se?al¨® el teniente fiscal de Madrid, cuyo departamento est¨¢ estudiando la posibilidad de abrir diligencias para aclarar este asunto. "El v¨ªdeo que se grab¨® mientras se llevaban a cabo las detenciones no estaba incorporado a las actuaciones. Los fiscales no hemos podido ver lo que todo el mundo ha visto, es decir, que los detenidos ya estaban en el interior de la entidad cuando se les detuvo", explic¨®.

Fuentes policiales aseguran que tampoco fueron aportadas las grabaciones de las conversaciones entre los atracadores porque las mismas est¨¢n en poder del juez de Vigo que instruye este caso. Y A?aden que el v¨ªdeo se hizo "para seguridad de los agentes", pero que, "por supuesto", est¨¢ a disposici¨®n del juez.

El teniente fiscal a?adi¨® que del atestado policial remitido al juez s¨®lo cabe atribuir delitos a una parte de los atracadores. En concreto, un robo con fuerza en grado de tentativa, penado con menos de un a?o de c¨¢rcel o, como mucho, un delito de tenencia il¨ªcita de armas. Mart¨ªnez lament¨®, adem¨¢s, que la polic¨ªa se halla saltado "el protocolo no escrito" de actuaci¨®n "para redadas de gran complejidad".

Este protocolo, explic¨®, consiste en un comunicaci¨®n continua entre las fuerzas policiales y las jur¨ªdicas. "Cuando hay asuntos de inter¨¦s policial, los agentes primero informan al fiscal, que vehiculiza la operaci¨®n judicialmente para que todo salga bien. En este caso, se ha pasado por alto el protocolo", apunt¨®.

Mart¨ªnez aclar¨® que el Tribunal Constitucional prohibi¨® hace tres a?os el criterio de la alarma social como instrumento legal para exigir que ciertas personas ingresen en la c¨¢rcel. "En este caso concreto no hab¨ªa riesgo de que los acusados se fugaran, eran personas nacionales y con domicilio conocido; y, adem¨¢s, no llevan en su poder las pistolas", destac¨®.