Igualdad

El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el proyecto de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista, que pretende eliminar las situaciones de discriminaci¨®n sexual, principalmente femenina, en los ¨¢mbitos p¨²blico, privado y laboral. El texto ha sido ligeramente modificado a la baja, a partir del borrador inicial, una vez escuchadas las recomendaciones del Consejo de Estado. Y parece sensato que as¨ª haya sido en vista de las duras cr¨ªticas de los empresarios sobre aspectos concretos del mismo. La CEOE consider¨® intervencionista y contraria a los "criterios de eficiencia y equidad" la idea inicial de promover la presencia femenina en los consejos de administraci¨®n hasta lograr que un 40% de mujeres formara parte de ellos en un plazo de cuatro a?os. El Gobierno ha rebajado ese objetivo, ampli¨¢ndolo a ocho y sin ninguna obligatoriedad por parte de las empresas.

Pero no por ello la futura ley carece de ambici¨®n. En teor¨ªa, debe ser el revulsivo necesario para cambiar los comportamientos culturales y laborales de nuestro pa¨ªs, que se encuentra a¨²n muy distanciado de los m¨¢s desarrollados en lo que concierne a igualdad sexual. La incorporaci¨®n de la mujer al trabajo y la del hombre a las tareas dom¨¦sticas y cuidado de los hijos siguen siendo insuficientes, al tiempo que se mantienen las discriminaciones en cuanto a sueldos (la brecha salarial es del 30%) o cargos de responsabilidad. En Espa?a, s¨®lo un 2% de mujeres est¨¢n en los consejos de administraci¨®n de las grandes empresas. Ser¨ªa un error que la futura norma se convirtiera simplemente en un intento de cuantificar la presencia femenina en cualquier ¨¢mbito sin atender a par¨¢metros de val¨ªa y eficiencia. Sin embargo, debe ser el eje para atacar las pr¨¢cticas de discriminaci¨®n all¨ª donde las haya -sobre todo en el mundo laboral- y favorecer la aplicaci¨®n de medidas de discriminaci¨®n positiva a favor de la mujer marginada en raz¨®n de su sexo.

Dos de las medidas positivas m¨¢s concretas son la paridad electoral (ning¨²n sexo tendr¨¢ una presencia menor del 40% en las candidaturas), lo que obligar¨¢ a modificar la actual ley electoral, as¨ª como la ampliaci¨®n del permiso de paternidad de dos a ocho d¨ªas, esto ¨²ltimo considerado a¨²n insuficiente por los sindicatos. Si hubiese que poner alguna reserva a la futura ley, es quiz¨¢ el peligro de que pueda quedarse en una declaraci¨®n de buenas intenciones si no se aplica con rigor. Es verdad que contempla sanciones a las empresas que discriminen a sus trabajadores por razones de sexo o permitan situaciones de acoso sexual, pero deja un gran margen de libertad a las empresas para la implementaci¨®n de muchos de los objetivos marcados.