Centros de expulsi¨®n
Desde 1990, a?o en que se puso en funcionamiento el centro de internamiento de la Verneda para albergar durante un periodo de 40 d¨ªas al extranjero contra el que se tramita una orden de expulsi¨®n, tanto el S¨ªndic de Greuges como el Defensor del Pueblo denunciaron las condiciones de las instalaciones. Al estar ubicado en los s¨®tanos del acuartelamiento policial, algunas de las deficiencias destacadas, como carecer de patio y de luz natural, eran irresolubles. Por ello su cierre y la construcci¨®n de otro centro, que ahora se est¨¢ terminando en la Zona Franca, era no s¨®lo una exigencia del S¨ªndic y el Defensor del Pueblo, sino tambi¨¦n de distintas interpelaciones parlamentarias. Estas cr¨ªticas a las condiciones del centro de la Verneda se hac¨ªan al margen de compartir o no la conveniencia de contar con estos centros no penitenciarios que, a modo de loter¨ªa primitiva, han sido, desde la ley de 1985, los garantes de la pol¨ªtica de gesti¨®n de los flujos migratorios.
As¨ª, m¨¢s del 90% de los extranjeros extracomunitarios que viven hoy en Espa?a con permiso de residencia bien llegaron como irregulares, bien entraron como turistas y se convirtieron en irregulares, pero finalmente obtuvieron papeles en alguno de los 10 procesos de regularizaci¨®n extraordinaria habidos desde 1985, o por regularizaci¨®n individual concedida por arraigo, prevista en la ley desde el a?o 2000. Estos dos millones de ciudadanos extracomunitarios, que hoy cotizan y garantizan la continuidad del crecimiento econ¨®mico, estuvieron durante a?os a merced de que la polic¨ªa les identificara por la calle y, por la simple falta administrativa de carecer de papeles, les encerrara en un centro de internamiento y a los 40 d¨ªas fueran expulsados con una prohibici¨®n expl¨ªcita de entrar en cualquier pa¨ªs de la Uni¨®n Europea. ?nicamente se libraban de la expulsi¨®n los inmigrantes que, como la mayor¨ªa de los subsaharianos, proced¨ªan de pa¨ªses que no admiten el retorno. Ahora, tras la ¨²ltima regularizaci¨®n, que dej¨® a bastante gente fuera, tenemos en Espa?a un mill¨®n de irregulares viviendo y trabajando sin papeles, expuestos a ingresar en un centro y a ser expulsados.
Desde 1985 no se ha aplicado ninguna pol¨ªtica de gesti¨®n de flujos de mano de obra inmigrante. Lo ¨²nico que se ha hecho ha sido incrementar el n¨²mero de pa¨ªses a los que se exige visado, devolver a los marroqu¨ªes que llegaban en pateras, hacer volver atr¨¢s a algunos pocos de los cientos de latinoamericanos que diariamente llegan a Barajas, controlar a los ciudadanos de la Europa del Este en La Jonquera y fijar un cupo de s¨®lo 15.000 o 25.000 inmigrantes al a?o, cuando lo cierto es que se est¨¢n estableciendo cerca de 300.000. Eso s¨ª, asustados por la amenaza de ingreso en un centro de internamiento, hasta que, al cabo de un tiempo, quienes no han sido agraciados aleatoriamente con dicho privilegio logran abrir un proceso de regularizaci¨®n extraordinaria.
Tras la ¨²ltima regularizaci¨®n, est¨¢ funcionando mucho mejor la contrataci¨®n nominal por el llamado r¨¦gimen general para empleos del cat¨¢logo de dif¨ªcil cobertura. Ello ha permitido dar permiso de trabajo a 20.000 inmigrantes en Barcelona y a m¨¢s de 100.000 en toda Espa?a. Gracias a este sistema, muchos empresarios consiguen regularizar a los inmigrante sin papeles que trabajan para ellos, si bien ¨¦stos deben regresar a su pa¨ªs para tramitar el visado. Tambi¨¦n este sistema de contrataci¨®n nominal lo utilizan los empresarios para contratar al familiar o al amigo de un inmigrante que ya trabaja para ellos y est¨¢ en el pa¨ªs de origen. Pero ¨¦ste no es un mecanismo suficientemente generalizado para gestionar el flujo de mano de obra que demanda la econom¨ªa espa?ola.
La mayor¨ªa -ahora sobre todo bolivianos y ciudadanos del Este europeo- contin¨²an llegando sin papeles porque no tienen otra forma de hacerlo. Llegan, encuentran trabajo y esperan unos a?os para regularizarse, mientras cruzan los dedos confiando en que un polic¨ªa no les pida los papeles y los conduzca al centro de la Verneda o al futuro de la Zona Franca, que ocuparon el s¨¢bado una sesentena de j¨®venes. Cerrar los s¨®tanos de la Verneda y usar el futuro edificio de la Zona Franca para que durante 40 d¨ªas los expulsables puedan ver la luz del sol puede considerarse una mejora. Pero lo que no significa ning¨²n avance es que nuestra pol¨ªtica de gesti¨®n de flujos, el cedazo que decide que alguien se quede o sea expulsado, resida en las instrucciones que reciben los miembros de los cuerpos de seguridad para que, cuando en los centros de internamiento hay plazas vac¨ªas, identifiquen aleatoriamente a inmigrantes sin papeles y los conduzcan a la Verneda o la Zona Franca para su expulsi¨®n.
Xavier Rius-Sant es periodista.
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