Una sentencia obliga al propietario de un piso protegido a devolverlo por haberlo alquilado

Una sentencia condena a los propietarios de una vivienda de protecci¨®n oficial a devolver el inmueble y perder el 25% de la cantidad abonada en su d¨ªa en su compra por no ocuparla y obtener r¨¦dito alquil¨¢ndola. La titular del Juzgado de Primera Instancia n¨²mero 1 de Esplugues de Llobregat ha querido as¨ª emitir una resoluci¨®n ejemplar contra el uso irregular de viviendas promovidas por la Administraci¨®n, que, como destaca, desempe?an una importante funci¨®n social. Promunsa ha llevado a los tribunales a otros siete adjudicatarios que no utilizan la vivienda.

Los propietarios fueron beneficiarios mediante sorteo de un piso de la promoci¨®n de Can Candeler de Sant Just Desvern, construida por la promotora municipal Promunsa. En 1999 se formalizaron las escrituras. El contrato de compraventa que firmaron con la empresa p¨²blica establece que la vivienda debe ser el domicilio habitual y permanente de la persona adjudicataria durante 10 a?os. En ese periodo, en caso de cambiar de vivienda, el propietario est¨¢ obligado a venderla a precio de protecci¨®n oficial a Promunsa. Asimismo, se permite el alquiler, pero a precios de r¨¦gimen de protecci¨®n.

El propietario, que compr¨® en el a?o 2003 otra vivienda en el mismo municipio, acudi¨® a la Administraci¨®n auton¨®mica y mediante unos tr¨¢mites obtuvo un documento que lo autorizaba a alquilar su vivienda. Creyendo que actuaba de forma legal, entreg¨® el permiso a Promunsa, que, tras observar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes en el contrato de compraventa, llev¨® el caso al juzgado.

La sentencia considera probado que el demandado ha incumplido con la obligaci¨®n establecida en la adjudicaci¨®n del inmueble, ya que determina que dej¨® de utilizar la vivienda como domicilio habitual en 2003 y que el inmueble adjudicado "es usado desde julio de 2004 por unos nuevos ocupantes que a cambio le pagan mensualmente una determinada cantidad". La sentencia destaca el papel que desempe?an las administraciones para que ciudadanos con escasos recursos puedan acceder a un piso de propiedad en condiciones aceptables. "El quebranto de ese principio", afirma, "supone un fraude a las condiciones de adjudicaci¨®n y a la propia sociedad que con su esfuerzo permite la existencia de vivienda protegida".

En opini¨®n de la juez, "las administraciones p¨²blicas no deben permitir la acumulaci¨®n de bienes inmuebles en condiciones diferentes a las establecidas por el mercado" y dar por buena la actuaci¨®n del demandado ser¨ªa "favorecer" esta pr¨¢ctica, adem¨¢s "con la ayuda de subvenciones de la Administraci¨®n p¨²blica".

La sentencia va m¨¢s all¨¢ y subraya que los propietarios, adem¨¢s de beneficiarse de las ayudas p¨²blicas, "han obtenido un rendimiento econ¨®mico de su actuaci¨®n". Teniendo en cuenta que debido a su situaci¨®n pueden acceder al mercado libre, destaca el perjuicio que ello supone para quienes con carencia de medios no han podido acceder a una vivienda protegida y han debido adquirir una en el mercado libre por no haberse podido beneficiar de la adjudicada a los demandantes. "Ese incumplimiento supone la negaci¨®n de la funci¨®n social de ese tipo de actuaciones administrativas", dice la sentencia.

Por todo ello, la juez resuelve que los demandantes no s¨®lo deber¨¢n entregar a Promunsa la vivienda libre de toda carga y de arrendatarios por el mismo precio por el que la adquirieron en 1999, cuando les cost¨® 60.240 euros, sino que adem¨¢s perder¨¢n el 25% de ese valor como sanci¨®n por su conducta. Tambi¨¦n deber¨¢n hacerse cargo de los costes judiciales. La persona demandada ha presentado un recurso de apelaci¨®n ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

"Las administraciones lo tenemos dif¨ªcil para demostrar que los propietarios no residen en las viviendas", afirma la gerente de la empresa p¨²blica y primera teniente de alcalde, Anna Hern¨¢ndez. El Ayuntamiento de Sant Just realiza inspecciones a trav¨¦s de la Polic¨ªa Local y del control y lectura de contadores y actas notariales. Para ganar un juicio "hay que hacer de detective y averiguar d¨®nde vive el adjudicatario", afirma Hern¨¢ndez, que comenta que otra sentencia reciente fall¨® a favor del demandado, que pese a haber comprado otro piso en Sant Feliu present¨® testigos que afirmaron que segu¨ªa residiendo en el lugar, cuando seg¨²n el consistorio "la vivienda estaba ocupada por unos amigos".