Problema de Estado

Acierta el ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, cuando dice que "el coste econ¨®mico y humano de los accidentes de tr¨¢fico es insufrible". As¨ª justifica el endurecimiento de castigos que se introducir¨¢n en la reforma del C¨®digo Penal: prisi¨®n para quienes conduzcan a 90 kil¨®metros por hora en v¨ªas urbanas, a 160 en carreteras de un solo carril y 190 en autopistas o a quienes se detecten 1,2 gramos de alcohol en sangre. La velocidad es el principal factor de riesgo de los accidentes mortales de circulaci¨®n. Por tanto, es seguro que la propuesta contar¨¢ con un amplio apoyo social. Si el Gobierno se propone atenuar la imprudencia con estas medidas y con el carn¨¦ por puntos, que empezar¨¢ a funcionar a partir del pr¨®ximo s¨¢bado, 1 de julio, va en teor¨ªa por buen camino.

Hay que rese?ar, sin embargo, algunas observaciones a esta nueva pol¨ªtica de tr¨¢fico. El consumo de alcohol en los conductores, ciertamente, debe reprimirse con dureza, porque no existen otras alternativas que el tratamiento rigorista. Pero en el caso del exceso de velocidad, deber¨ªan explorarse otras f¨®rmulas antes que la c¨¢rcel. Este Gobierno y los anteriores se han preocupado por elevar la dureza de las sanciones. Pese a todo, no se ha avanzado lo suficiente en disponer de los medios -radares, m¨¢s agentes de tr¨¢fico, agilizaci¨®n de los tr¨¢mites para cobrar las multas- para que todos los que vulneran el c¨®digo de circulaci¨®n perciban que sus infracciones ser¨¢n registradas y castigadas. La espectacular disminuci¨®n de los accidentes de tr¨¢fico en Francia y en otros pa¨ªses de nuestro entorno se debe no a la promulgaci¨®n de normas m¨¢s duras, sino a la aplicaci¨®n de los medios tecnol¨®gicos y de personal para hacer cumplir las normas vigentes.

El c¨¢ncer de los accidentes de tr¨¢fico -m¨¢s de 4.000 muertos cada a?o en Espa?a- se resolver¨¢ cuando adquiera la prioridad de "problema de Estado". Ello exige que haya culpabilizaci¨®n social del exceso de velocidad. Como es notorio, tambi¨¦n hay que mejorar las carreteras y eso cuesta dinero. El Gobierno, adem¨¢s, deber¨ªa elevar el conocimiento que se exige a un ciudadano para ponerse al volante. La ense?anza que se imparte en las escuelas de conducir es manifiestamente mejorable y, para rematar el desbarajuste, la renovaci¨®n de los carn¨¦s de conducir -?esos certificados m¨¦dicos rutinarios y siempre favorables!- parece permisiva e inescrupulosa.