Las argucias del dictador

Los delincuentes siempre se resisten a ser interrogados. Pero los dictadores que en el pasado han manejado los resortes del poder cuando lo han perdido se las ingenian para retorcer la ley a su favor y buscar las argucias jur¨ªdicas que les permitan evitar ser juzgados y perpetuar su impunidad. Si el caso del general chileno Augusto Pinochet fue paradigm¨¢tico, el de los generales de Guatemala acusados de perpetrar el genocidio del pueblo maya, con 200.000 muertos, lleva el mismo camino. El juez espa?ol Santiago Pedraz ya hab¨ªa conseguido que el Gobierno y la justicia guatemalteca le permitiera interrogar como imputados por delitos contra la Humanidad a varios generales, tres de los cuales fueron jefes del Gobierno por golpe de Estado o presidentes del pa¨ªs, entre los que destaca Jos¨¦ Efra¨ªn R¨ªos Montt. Pero las maniobras legales de los imputados han puesto en peligro de nuevo los interrogatorios.

Unas 100 personas aplaudieron la llegada de la comisi¨®n judicial a la sede del tribunal

Fuentes de la justicia de Guatemala estiman que las diligencias se podr¨¢n realizar en breve

Un centenar de ind¨ªgenas y miembros de asociaciones de derechos humanos vitorearon ayer al juez Pedraz y a la comisi¨®n judicial espa?ola al llegar a la sede del tribunal 11 de primera instancia penal de Guatemala, al tiempo que daban gritos de el pueblo unido jam¨¢s ser¨¢ vencido y juicio y castigo para los genocidas.

El juez Sa¨²l ?lvarez celebr¨® una vista en la que notific¨® a Pedraz la paralizaci¨®n provisional de las diligencias, al tiempo que le anunciaba que la Corte Suprema podr¨ªa resolver en breve.

Mientras tanto, el abogado de R¨ªos Montt, Francisco Palomo, declar¨® a la prensa que su cliente es inocente y no reconoce la jurisdicci¨®n universal, porque Espa?a desde el 15 de septiembre de 1921 (fecha de la independencia) perdi¨® cualquier potestad sobre Guatemala.

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨², junto con el sindicato Comisiones Obreras y otras asociaciones de abogados y de Derechos Humanos, presentaron en 1999 una denuncia por el genocidio de los mayas en Guatemala entre 1978 y 1986, en la que se incluy¨® el asalto por la polic¨ªa a la Embajada de Espa?a en Guatemala, realizado el 31 de enero de 1980 y en el que fallecieron 37 personas. La denuncia tambi¨¦n se refiere a los asesinatos de varios sacerdotes espa?oles y de otras nacionalidades.

Los denunciados eran el general Fernando Romeo Lucas Garc¨ªa, que fue presidente de la Rep¨²blica de Guatemala entre 1978 y 1982 y que falleci¨® hace menos de un mes en Venezuela; el general Efra¨ªn R¨ªos Montt, que derroc¨® a Lucas en un golpe de Estado, se autoproclam¨® presidente y fue jefe del Ejecutivo hasta agosto de 1983; el general ?scar Humberto Mej¨ªa V¨ªctores, que era ministro de Defensa con R¨ªos Montt y que por medio de otra asonada golpista se hizo con el poder en 1983 y fue jefe del Gobierno hasta 1986; el general ?ngel An¨ªbal Guevara Rodr¨ªguez, que fue ministro de Defensa; el licenciado Donaldo ?lvarez Ruiz, que fue ministro de la Gobernaci¨®n; el general Benedicto Lucas Garc¨ªa, que fue jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito durante el mandato de su hermano; el coronel Germ¨¢n Chupina Barahona, que fue director de la Polic¨ªa Nacional, y Pedro Garc¨ªa Arredondo, que fue jefe del Comando Seis de la Polic¨ªa.

En la denuncia se narraban las atrocidades cometidas desde el aparato del Estado, que seg¨²n la Comisi¨®n para el Esclarecimiento Hist¨®rico, conform¨® "una intrincada red de aparatos paralelos de represi¨®n que suplantaron la acci¨®n judicial de los tribunales usurpando sus funciones y prerrogativas. Se instaur¨® de hecho un sistema punitivo ilegal y subterr¨¢neo, orquestado y dirigido por las estructuras de la Inteligencia Militar, que fue utilizado como la principal forma de control social por parte del Estado a lo largo del enfrentamiento armado interno". La CEH document¨® 42.275 casos, de las 200.000 v¨ªctimas estimadas. De ellos, 23.671 fueron ejecuciones arbitrarias y 6.159 fueron casos de desaparici¨®n forzada. De las v¨ªctimas plenamente identificadas, el 83 % eran mayas y el 17 % restante, ladinos (mestizos).

La masacre de la Embajada de Espa?a por parte de la polic¨ªa para desalojar a unos ind¨ªgenas que la hab¨ªan ocupado se produjo durante el mandato de Lucas Garc¨ªa, pero para entonces ya se hab¨ªan perpetrado varias matanzas de campesinos. En 1982, la Junta Militar comandada por R¨ªos Montt dio un golpe de Estado y dise?¨® un nuevo plan contrainsurgente que, seg¨²n la denuncia, supuso "la operaci¨®n de exterminio y genocidio m¨¢s doloroso de la historia de Guatemala" y cuya principal v¨ªctima fue el pueblo maya. En la etapa de R¨ªos Montt se pusieron en funcionamiento las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una adaptaci¨®n para las zonas rurales de los escuadrones de la muerte, que operaban en zonas urbanas. Medio mill¨®n de efectivos integraron las PAC, que ejecutaron m¨¢s de 300 masacres en pueblos mayas, con m¨¢s de 16.000 muertos y desaparecidos.

R¨ªos Montt fue derrocado por su propio ministro de Defensa, ?scar Humberto Mej¨ªa, bajo cuyo mandato prosiguieron las matanzas, secuestros y torturas.

La Justicia espa?ola es competente para investigar y juzgar esos hechos por aplicaci¨®n directa del principio de jurisdicci¨®n universal. En principio, es preferible que sea la justicia del lugar donde ocurrieron los hechos la que se encargue de juzgar a los responsables de los cr¨ªmenes contra la Humanidad, y si eso no fuera posible, que los juzgue un tribunal internacional. As¨ª ocurri¨® con el dictador Augusto Pinochet en Chile.

El caso del genocidio de Guatemala tampoco ha sido pac¨ªfico en Espa?a. Inicialmente, el titular del Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional declar¨® su propia competencia y realiz¨® diversas pesquisas. Pero el fiscal recurri¨® y la Sala de lo Penal, en pleno, decidi¨® que se archivase el caso, porque aunque reconoc¨ªa el principio de jurisdicci¨®n universal, se?alaba que no se hab¨ªa acreditado la negativa de jueces guatemaltecos a perseguir el genocidio.

Un nuevo recurso de Rigoberta Mench¨² al Tribunal Supremo obtuvo una resoluci¨®n diferente. El alto tribunal, por una exigua mayor¨ªa de ocho votos a favor frente a siete en contra, resolvi¨® que Espa?a pod¨ªa investigar los hechos, siempre que se demostrase un v¨ªnculo con un inter¨¦s nacional espa?ol. O sea, v¨ªa libre para investigar el asalto a la Embajada espa?ola y los asesinatos de los sacerdotes espa?oles, pero no las matanzas de mayas. Mench¨² y las asociaciones de derechos humanos volvieron a recurrir y el Constitucional rectific¨® al Supremo. Reconoci¨® la prioridad de la justicia guatemalteca para perseguir esos cr¨ªmenes, pero agreg¨® que se deb¨ªan investigar en Espa?a, sin tener que probar que no se investigaban en Guatemala, porque la finalidad del Convenio contra el Genocidio es que cr¨ªmenes tan atroces no queden impunes. Ya hab¨ªa luz verde para la Justicia espa?ola, y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hab¨ªa conseguido consensuar con el Gobierno guatemalteco y el juez Sa¨²l ?lvarez las comparecencias en calidad de imputados de varios generales, entre ellos R¨ªos Montt.

A mediados de mayo, abogados de R¨ªos Montt recurrieron ante la Corte Suprema guatemalteca, que deneg¨® el amparo solicitado para evitar el interrogatorio. Cuando el juez Pedraz se dispon¨ªa a viajar a Guatemala los letrados de R¨ªos Montt plantearon la semana pasada un conflicto de jurisdicci¨®n, que han paralizado provisionalmente las citaciones. El juez Sa¨²l ?lvarez ha remitido un escrito a su colega espa?ol en el que le notifica que espera que se solucione la cuesti¨®n en breve. Pedraz decidi¨® no cancelar el viaje e interrogar¨¢ primero a una serie de testigos, entre ellos Rigoberta Mench¨². El magistrado espera que para ma?ana, fecha prevista del interrogatorio, la Justicia guatemalteca haya eliminado los obst¨¢culos jur¨ªdicos.