Reuni¨®n bajo lupa

La reuni¨®n prevista para ma?ana entre los socialistas vascos y Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna puede llegar a los dominios de la Sala Civil y Penal del Tribunal de Justicia del Pa¨ªs Vasco. O a los del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, de nuevo bajo el control del juez Baltasar Garz¨®n, ante el que ha sido presentada una denuncia con la pretensi¨®n incluso de que se proh¨ªba su celebraci¨®n de antemano. Ya sucedi¨® con una reuni¨®n del mismo tipo mantenida por el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe, objeto de una demanda admitida a tr¨¢mite en su d¨ªa.

La Ley de Partidos, independientemente de las cr¨ªticas que ha recibido -por parte de Amnist¨ªa Internacional la ¨²ltima-, ha servido para arrinconar a los violentos. No tiene sentido que ahora quiera utilizarse de nuevo, junto a una lectura interesada y sesgada tanto de la sentencia del Supremo sobre la ilegalizaci¨®n de Batasuna como del auto de suspensi¨®n de sus actividades dictado por el juez Grande-Marlaska, con el objetivo de obstaculizar el plan para el abandono definitivo de la violencia por parte de ETA.

El Foro de Ermua, en el primer caso, y Dignidad y Justicia y Espa?a y Libertad, dos de las varias asociaciones que han hecho bandera del activismo jur¨ªdico contra los anunciados contactos del Gobierno con ETA, en el segundo, est¨¢n en su derecho de acudir a los tribunales si consideran que alguien vulnera la ley. Pero los tribunales tienen el deber de acoger con suma cautela los intentos de instrumentalizarlos y de azuzar su celo hacia una determinada e interesada interpretaci¨®n de la ley y de la aplicaci¨®n del Estado de derecho.

El Tribunal Supremo ya sali¨® al paso de parecidos intentos a ra¨ªz de las querellas presentadas por Manos Limpias, el Sindicato Espa?a 2000 y la Asociaci¨®n de V¨ªctimas del Terrorismo contra Josep Llu¨ªs Carod Rovira por su reuni¨®n con ETA en Perpi?¨¢n en enero de 2004. El Supremo rechaz¨® de plano las querellas por no considerar delictiva dicha reuni¨®n. Y es que el juicio pol¨ªtico negativo que puedan merecer un hecho o una persona -y la entrevista de Perpi?¨¢n lo tuvo, y muy merecidamente- no puede trasladarse sin m¨¢s al ¨¢mbito penal. Cada cual tiene sus reglas propias.

Esas reglas las confunden quienes llevados de su rechazo pol¨ªtico a Otegi y dem¨¢s dirigentes de la ilegalizada Batasuna, les niegan lo que ni la sentencia de ilegalizaci¨®n ni el auto judicial de suspensi¨®n de sus actividades les han quitado: sus derechos civiles y pol¨ªticos. Trazar la l¨ªnea divisoria entre estos derechos y la prohibida actividad org¨¢nica de Batasuna no es f¨¢cil, pero es obligaci¨®n de la justicia delimitarla para, de un lado, no vulnerar derechos, y de otro, no amparar la impunidad. Es coherente, por ello, que el fiscal de la Audiencia Nacional realice un informe previo sobre la legalidad de la reuni¨®n. No lo es, en cambio, la actitud del Partido Popular, que si por un lado mostr¨® su acuerdo con un contacto con ETA para exigirle que entregue las armas, rechaza por el otro una reuni¨®n con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna para decirles que deben desmarcarse de la violencia si quieren participar en la pol¨ªtica.