Marina d'Or emplear¨¢ a los 60 trabajadores ilegales subcontratados detenidos en Oropesa

La colaboraci¨®n entre la Subdelegaci¨®n del Gobierno en Castell¨®n, Inspecci¨®n de Trabajo y los sindicatos permitir¨¢ la recolocaci¨®n "regularizada" de los 60 trabajadores detenidos en mayo en Oropesa por infringir la Ley de Extranjer¨ªa. Todos trabajaban en una subcontrata del grupo Marina d'Or, que ahora se ha comprometido a recontratarlos en una de sus subcontratas. El acuerdo se formalizar¨¢ cuando estos obtengan sus permisos de estancia, expedidos bajo la f¨®rmula de "circunstancias excepcionales", reservada para quienes colaboran con la desarticulaci¨®n de redes ilegales.

Los subdelegados del Gobierno ya pueden expedir autorizaciones de residencia temporal

De cualquier forma, la empresa ser¨¢ penalizada por utilizar trabajadores sin papeles, infringiendo la Ley de Extranjer¨ªa. Por tanto, pese al acuerdo, la sanci¨®n que Trabajo impondr¨¢ a la subcontrata del grupo Marina d'Or -administrada por un ciudadano portugu¨¦s- ser¨¢ la m¨¢xima por fraude a la normativa de trabajadores transnacionales y por cesi¨®n ilegal de mano de obra, y alcanzar¨¢ un importe superior de alrededor de 180.000 euros.

Adem¨¢s, un juzgado ha abierto ya diligencias por un presunto delito contra los derechos de estos trabajadores, de procedencia ucrania, moldava, rusa, eslovaca y brasile?a.

Despu¨¦s de m¨¢s de un mes barajando las posibilidades de regularizar la situaci¨®n de este m¨¢s de medio centenar de personas, el subdelegado del Gobierno en Castell¨®n, Juan Mar¨ªa Calles, dio ayer a conocer el acuerdo al que se ha llegado entre instituciones, sindicatos y empresa para ofrecer conjuntamente una soluci¨®n a los 60 trabajadores que "de forma mayoritaria, estaban seguros de estar trabajando legalmente en Espa?a". Calles detall¨® que la f¨®rmula es un camino para su regularizaci¨®n y posterior recontrataci¨®n de manera legal.

El principal obst¨¢culo en la b¨²squeda de la normalizaci¨®n de estos trabajadores ha sido el impacto del tiempo que ha durado el proceso en sus econom¨ªas dom¨¦sticas ya que todos los trabajadores se enfrentaban, adem¨¢s, a una situaci¨®n de solvencia monetaria muy precaria debido el impago de sus sueldos desde dos meses antes de que se llevara a cabo su detenci¨®n. "Hemos tratado de que su situaci¨®n no llegara a la indigencia", explic¨® la secretaria de CC OO en Castell¨®n, Encarna Barrag¨¢n. La representante sindical precis¨® que en este tiempo los trabajadores no han recibido ning¨²n tipo de ayuda -"a no ser que se les haya concedido alg¨²n microcr¨¦dito", puntualiz¨®- ya que "todos tienen cuentas abiertas en Oropesa", adem¨¢s, a?adi¨®, de "la cartilla sanitaria", que les hab¨ªa sido expedida.

As¨ª, la tramitaci¨®n de la regularizaci¨®n podr¨ªa culminarse en unos d¨ªas gracias a que, desde el martes, los subdelegados del Gobierno en las distintas provincias pueden expedir las autorizaciones de residencia temporal por concurrir circunstancias excepcionales, por delegaci¨®n de la Secretar¨ªa de Estado de Inmigraci¨®n y Emigraci¨®n. "Esta circunstancia permitir¨¢ agilizar esta gesti¨®n documental", tal como reconoci¨® el propio subdelegado en Castell¨®n, Juan Mar¨ªa Calles.

Adem¨¢s, la operaci¨®n desplegada en Oropesa -en la que se procedi¨® a la identificaci¨®n de hasta 300 personas,- sirvi¨® tambi¨¦n para alertar al Ministerio de Trabajo de las dificultades con las que cuenta la inspecci¨®n y las fuerzas de seguridad del Estado para obtener informaci¨®n en las empresas de subcontratas. En el caso de Castell¨®n, se invirtieran cerca de seis meses en el seguimiento de una trama en el sector de la construcci¨®n sobre la que s¨®lo pod¨ªan obtener informaci¨®n por v¨ªa diplom¨¢tica, con lo que, en ocasiones, al llegar la documentaci¨®n, los trabajadores hab¨ªan dejado la obra. Ahora, desde el 3 de julio, la Inspecci¨®n de Trabajo puede "de manera documental y fehaciente", requerir facilitar documentaci¨®n de estas empresas a trav¨¦s de Internet, lo que agilizar¨¢ considerablemente los tr¨¢mites.