Costas de cemento

Los excesos inmobiliarios transmiten ¨²ltimamente p¨¦simas noticias para los partidarios de compaginar las reglas del mercado con desarrollos urban¨ªsticos respetuosos con el medio ambiente. Greenpeace ha presentado un informe que confirma y extiende a casi toda la l¨ªnea de costa espa?ola la denuncia elaborada por el Parlamento Europeo, que el a?o pasado pidi¨® una moratoria en los proyectos de la Comunidad Valenciana para frenar una urbanizaci¨®n desenfrenada. En el litoral, las autoridades auton¨®micas y locales han aprobado la construcci¨®n de 1,5 millones de viviendas para este a?o, el doble que las proyectadas en 2005, 303 campos de golf y 116 puertos deportivos. Est¨¢n en tr¨¢mite m¨¢s de un centenar de denuncias por presunta corrupci¨®n urban¨ªstica en poblaciones costeras, con menci¨®n especial a Valencia y Andaluc¨ªa.

A lo que m¨¢s se parece el boom de la construcci¨®n en la periferia espa?ola es a una destrucci¨®n pertinaz y sistem¨¢tica de la costa por los intereses especulativos, la presi¨®n de los ayuntamientos para conseguir ingresos y la desidia de las autonom¨ªas a la hora de poner orden en este caos. La relaci¨®n de da?os que origina deber¨ªa incitar a las autoridades p¨²blicas a una reacci¨®n inmediata. El calentamiento del agua y los vertidos est¨¢n en el origen de fen¨®menos como la explosi¨®n de medusas que se cierne sobre las playas espa?olas o la destrucci¨®n de especies con gran valor econ¨®mico, como el at¨²n rojo.

Para el turismo, fuente principal de ingresos para la econom¨ªa nacional, el espeso cintur¨®n de cemento que asfixia la l¨ªnea de costa es un t¨®xico que acabar¨¢ por despachar a los visitantes, hartos de ladrillos en lo que antes fueron playas tranquilas y localizaciones naturales. El modelo de plusval¨ªas r¨¢pidas basadas en la construcci¨®n sin l¨ªmite -y en muchas ocasiones al margen de la ley, como se ha demostrado en Marbella- expulsa a los turistas con m¨¢s poder adquisitivo.

No se trata de contraponer la libertad de construcci¨®n y el derecho de los demandantes de segundas o terceras residencias con la necesidad de proteger bienes econ¨®micos y ecol¨®gicos de gran valor para la sociedad espa?ola. Se trata simplemente de que, a trav¨¦s de una nueva Ley del Suelo y de otras medidas complementarias, los poderes p¨²blicos garanticen que no habr¨¢ recalificaciones para proyectos de construcci¨®n que no dispongan de suministro de agua, depuradoras u otras condiciones de sostenibilidad. Y de que, finalmente, entre todos no matemos la gallina de los huevos de oro que son nuestras costas y playas.