EE UU acepta reconocer como prisioneros de guerra a los internos de Guant¨¢namo

Tras pasar m¨¢s de cuatro a?os sin derechos, confinados en un limbo jur¨ªdico, todos los detenidos en la prisi¨®n de Guant¨¢namo y en otras instalaciones bajo custodia militar estadounidense ver¨¢n reconocidos los derechos y garant¨ªas de en la Convenci¨®n de Ginebra. El Pent¨¢gono anunci¨® ayer la decisi¨®n -primera consecuencia directa del fallo del Supremo sobre las comisiones militares- cuando el Senado abr¨ªa la discusi¨®n sobre el futuro de los juicios a los presos. "No vamos a dar al Departamento de Defensa un cheque en blanco", dijo el republicano Arlen Specter. El portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow, hizo equilibrios al asegurar al mismo tiempo que la decisi¨®n refleja el fallo del Supremo de hace dos semanas y que "no es contradictoria con la anterior pol¨ªtica" de Bush. "Todos los detenidos han sido tratados de manera humanitaria, pero queremos hacer las cosas bien", a?adi¨® Snow.

El Pent¨¢gono, a trav¨¦s del subsecretario, Gordon England, comunic¨® que, aparte de los procedimientos de las comisiones militares, el resto de "las ¨®rdenes, la pol¨ªtica, las directivas, las ¨®rdenes ejecutivas y la doctrina" se ajustan a lo que exige la Convenci¨®n de Ginebra, pero que, en vista de la decisi¨®n del Tribunal Supremo, todos los funcionarios de Defensa deben "revisar inmediatamente" los procedimientos para garantizar que efectivamente "cumplen con lo indicado" en el art¨ªculo 3 de la Convenci¨®n.

El art¨ªculo proh¨ªbe, entre otras cosas, la violencia, el trato cruel y la tortura sobre prisioneros de guerra, y tambi¨¦n los atropellos de la dignidad de los detenidos y los tratos humillantes y denigrantes. En el comunicado del Pent¨¢gono, de dos p¨¢ginas, England reproduce el art¨ªculo 3 para que nadie tenga dudas.

El alcance de la nueva orden no se refiere s¨®lo a la prisi¨®n en la base de Guant¨¢namo, que comenz¨® a ser utilizada como penal en enero de 2002, sino a todos aquellos lugares en el mundo en los que haya detenidos bajo custodia de personal militar estadounidense. En sinton¨ªa con el portavoz de la Casa Blanca, el abogado Daniel dell'Orto, del equipo jur¨ªdico del Pent¨¢gono, dijo en el Senado que "no hay ning¨²n cambio en nuestra pol¨ªtica, simplemente se refleja la decisi¨®n del Supremo".

"Combatientes ilegales"

Aunque existe desde el principio, y fue reforzada en diciembre con la Ley de Prohibici¨®n de la Tortura, una declaraci¨®n de intenciones de tratamiento humanitario para todos los detenidos -violada en Abu Ghraib y otras prisiones- el giro es evidente, por mucho que Snow y el Pent¨¢gono no tengan m¨¢s remedio que disimularlo. "Es un cambio muy significativo", se?ala Tom Malinowsky, director de la oficina de Washington de Human Rights Watch.

En 2002, la Casa Blanca decret¨® que los militantes de la red terrorista Al Qaeda detenidos en Afganist¨¢n eran "combatientes ilegales", y que, por lo tanto, no estaban reconocidos por la Convenci¨®n de Ginebra, en la medida en que no eran soldados de ning¨²n pa¨ªs ni llevaban uniforme.

En 2003, el entonces portavoz, Ari Fleischer, dijo que "la guerra contra el terrorismo no se contemplaba en 1949, cuando se firm¨® la Convenci¨®n. El presidente ha dicho que Estados Unidos se adhiere a sus principios, pero cree que Ginebra no cubre todas las situaciones". Una de las consecuencias de esa filosof¨ªa fue la puesta en marcha de comisiones militares, los tribunales especiales para juzgar a estos presos. Lo que el Tribunal Supremo dijo hace dos semanas, en el fallo del caso Hamdan vs Rumsfeld, es que la autoridad presidencial se hab¨ªa extralimitado al no contar con el Congreso para establecer estas comisiones, y que el art¨ªculo 3 de la Convenci¨®n de Ginebra afecta a todos los combatientes armados, tengan detr¨¢s un Estado o no.

"Ahora, bajo la presi¨®n del Tribunal Supremo y de otras instancias, el Gobierno reconoce que hay que aplicar el art¨ªculo 3, y eso es algo muy importante. Es un d¨ªa muy bueno para el imperio de la ley y para la restauraci¨®n gradual del buen nombre de Estados Unidos en el mundo, aunque a¨²n quede mucho por hacer", valora Malinowsky. Precisamente ayer arranc¨® en el Comit¨¦ Jur¨ªdico del Senado un apasionante debate entre el Capitolio y la Casa Blanca sobre el fallo del Supremo. Adem¨¢s de la declaraci¨®n de principios del republicano Specter sobre el cheque en blanco -parafraseando lo que el magistrado del Tribunal Supremo Stephen Breyer dijo en el fallo del pasado 29 de junio- el dem¨®crata Patrick Leahy dijo que no hay m¨¢s remedio que cambiar "los tribunales fantoches" y que las comisiones militares que juzguen a los detenidos deben "ser coherentes con las exigencias de la justicia estadounidense".

El subsecretario de Justicia, Steven Bradbury, se?al¨® que el Gobierno quiere trabajar con el Congreso para definir las exigencias planteadas y tratar de despejar "las ambig¨¹edades" e interpretaciones: "La aplicaci¨®n del art¨ªculo 3 crear¨¢ incertidumbre en aquellos que luchan para defendernos del terrorismo".

Tribunales militares

Y Snow a?adi¨®, en la Casa Blanca, que los criterios sobre el trato a los detenidos y sus derechos legales no van a alterar "la determinaci¨®n presidencial de negociar con el Congreso una soluci¨®n sobre los tribunales militares o las comisiones", de forma que se pueda encontrar "una v¨ªa para juzgar correctamente a los que han sido detenidos en el campo de batalla y no son soldados en el sentido tradicional del t¨¦rmino", y que todo esto debe hacerse "de acuerdo con la seguridad nacional".

?Qu¨¦ puede salir de esta negociaci¨®n? De las declaraciones iniciales de ayer no se desprendieron muchos detalles sobre los planes del Gobierno. "No sabemos a¨²n qu¨¦ es lo que va a hacer el Congreso, pero creo que la opini¨®n predominante all¨ª es que cualquier juicio militar contra acusados de terrorismo deber¨ªa atenerse en la medida de los posible al actual c¨®digo de justicia militar, y que no deber¨ªa volverse atr¨¢s, a las comisiones que han sido eliminadas por el Supremo", a?ade Malinowsky.

Dell'Orto expuso otra perspectiva: "Las comisiones militares dan derecho a tener un abogado, no vemos que haya necesidad de cambiar esa legislaci¨®n".

Pero las comisiones, creadas por orden presidencial del 13 de noviembre de 2001, "aunque recogen importantes protecciones del debido procedimiento, no cumplen los requisitos sobre tribunales imparciales e independientes", seg¨²n explica Human Rights Watch.

Y el republicano Lindsey Graham, que, junto con John McCain se ha distinguido por su sensibilidad hacia estos asuntos, advirti¨® que si hay cambios en las comisiones y se adaptan a lo que marca el c¨®digo de justicia militar, "acabaremos teniendo un sistema del que podremos estar orgullosos"; pero si hay pocos cambios, el Gobierno sufrir¨¢ "un largo y c¨¢lido verano" en el Capitolio.