Justicia abrir¨¢ el registro de antecedentes a la Administraci¨®n
La reforma acelerar¨¢ tr¨¢mites como la regularizaci¨®n de extranjeros
El anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal presentado por el Gobierno el pasado viernes prev¨¦ permitir consultas de las Administraciones p¨²blicas al registro de penados y rebeldes al que hasta ahora s¨®lo ten¨ªan acceso los jueces. La modificaci¨®n, seg¨²n fuentes de Justicia, trata de evitar dilaciones en casos como la regularizaci¨®n de extranjeros en los que el ciudadano debe demostrar que carece de antecedentes.
| Texto ¨ªntegro de la reforma |
El texto de la reforma prev¨¦ la modificaci¨®n del apartado cuarto del art¨ªculo 136 del C¨®digo Penal para obligar al registro central de Penados y Rebeldes -donde se contienen los antecedentes penales- a informar a las Administraciones p¨²blicas ante las que se tramiten procedimientos "en el que sea preceptivo, conforme a su normativa reguladora, que el interesado carezca en todo o en parte de antecedentes penales" para acceder a un derecho o adquirir una condici¨®n determinada.
El art¨ªculo proh¨ªbe, en todo caso, informar de los antecedentes ya cancelados por el paso de seis meses para los delitos leves, dos a?os para las penas que no excedan de dos a?os de prisi¨®n y cinco para las que lo hagan.
La modificaci¨®n, seg¨²n fuentes del Ministerio de Justicia, intenta evitar dilaciones y colas en algunos procesos administrativos bastante comunes, como la solicitud del permiso de trabajo y residencia por parte de ciudadanos extranjeros que quieran legalizar su situaci¨®n en Espa?a. Para esos casos, el interesado debe demostrar que carece de antecedentes.
Con la reforma prevista por el Gobierno, ese tr¨¢mite lo har¨¢ directamente la Administraci¨®n, evitando que el propio ciudadano tenga que solicitar en el registro su certificado. La informaci¨®n solicitada por la Administraci¨®n ante la que se haya presentado la petici¨®n s¨®lo explicar¨¢ si el ciudadano en cuesti¨®n tiene antecedentes penales, pero no los concretos delitos que cometi¨® ni su gravedad, seg¨²n fuentes de Justicia, que aseguran que el precepto "no restringe derechos fundamentales".
Evitar que se comentan fraudes en la presentaci¨®n de los certificados de antecedentes e informar de ellos cuando sea necesario a las autoridades de pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y de otros con los que Espa?a haya firmado convenios en materia de cooperaci¨®n judicial, son otros dos objetivos de la reforma.
El precepto propuesto por el Ejecutivo tambi¨¦n permite el acceso al registro a la fiscal¨ªa en las mismas condiciones que a los jueces y magistrados. El texto actual establece que las inscripciones de los antecedentes no son p¨²blicas y obliga a librar certificaciones sobre los delitos cometidos est¨¦n o no cancelados a los juzgados y tribunales que lo pidan.
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