Ciudadanos a oscuras
Durante la ¨²ltima semana, varias ciudades espa?olas se han visto reducidas a un nivel de servicios tercermundista debido a una cadena de apagones el¨¦ctricos. El m¨¢s llamativo ha sido el incendio de una subestaci¨®n el¨¦ctrica en Madrid, que dej¨® sin luz a m¨¢s de 200.000 vecinos durante horas, en alg¨²n caso d¨ªas. A partir de ese momento, el caos: muchas familias y no pocos comercios se quedaron interminablemente a oscuras, el hospital Cl¨ªnico suspendi¨® operaciones y pruebas diagn¨®sticas y muchos programas inform¨¢ticos de empresas quedaron da?ados. Con ser malas, no son las peores noticias, porque los incendios el¨¦ctricos suelen repetirse con tal frecuencia que sugiere simplemente desidia de las empresas.
El diagn¨®stico de estos apagones se conoce. Las instalaciones transformadoras suelen sobrecargarse durante las puntas de demanda; el sobrecalentamiento podr¨ªa evitarse con m¨¢s inversiones para aumentar y mejorar las redes de transporte de electricidad; pero las compa?¨ªas se escudan en la escasa retribuci¨®n de las actividades de transporte el¨¦ctrico que reconoce la tarifa para justificar las deficiencias de cableado en la red de baja tensi¨®n. Y est¨¢n en lo cierto. Una de las tareas pendientes del Gobierno es modificar la tarifa para incentivar las inversiones en distribuci¨®n el¨¦ctrica.
Pero esta circunstancia no exime a las empresas de su responsabilidad en el caos. Los apagones en Madrid se han gestionado con una negligencia incalificable. Cunde la sospecha de que las empresas trasladen a los consumidores el coste de la anomal¨ªa tarifaria, para presionar al Gobierno, pero conviene recordar que consiguen cuantiosos beneficios gracias precisamente a la tarifa y a la persistencia de mercados cautivos en la pr¨¢ctica. Las administraciones p¨²blicas no pueden permitir que la calidad de vida en Espa?a se degrade hasta los extremos registrados en los ¨²ltimos d¨ªas, de forma que las compa?¨ªas responsables tienen que ser castigadas con todo el peso de la ley. Adem¨¢s, convendr¨ªa incentivar las reclamaciones penales por da?os y perjuicios.
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