Afectados por los derribos de chal¨¦s en Cantabria har¨¢n una marcha de protesta

Una asociaci¨®n que agrupa a decenas de familias vizca¨ªnas afectadas por las sentencias de derribo que penden sobre las viviendas que adquirieron en localidades de Cantabria ha organizado una marcha de protesta a Santander para reclamar la legalizaci¨®n de las urbanizaciones. La manifestaci¨®n saldr¨¢ el domingo de la localidad c¨¢ntabra de Argo?os y concluir¨¢ el martes ante la sede del Gobierno regional.

La marcha est¨¢ convocada por la Asociaci¨®n Maltratados por la Administraci¨®n (AMA), de la que forman la mayor parte de los propietarios de las urbanizaciones declaradas ilegales en los municipios de Argo?os, Arnuero, Pi¨¦lago y Cuchia, en la costa de Cantabria. Con su iniciativa pretenden lanzar una llamada de "socorro", seg¨²n indic¨® el presidente de la asociaci¨®n Antonio Vilela, y seguir luchando por la legalizaci¨®n de las viviendas sobre las que pesa la amenaza de derribo.

En total son 17 promociones que agrupan a cerca de 350 viviendas entre pisos, adosados y chal¨¦s, que fueron declaradas ilegales en sucesivas sentencias judiciales por haber sido construidas en zona costera de inter¨¦s natural o con irregularidades urban¨ªsticas. La mayor¨ªa de las condenas fueron conseguidas por el grupo ecologista c¨¢ntabro Arca, que en los a?os ochenta y noventa llev¨® ante la justicia la urbanizaci¨®n abusiva de la costa.

Los propietarios siguen argumentando que compraron sus viviendas de segunda residencia de buena y que no pueden ser los paganos de las ilegalidades cometidas por los promotores, los ayuntamientos y, en ¨²ltima instancia, el Gobierno de Cantabria. "Estamos pagando los incumplimientos de la Administraci¨®n", afirma el presidente de AMA. Sin embargo, la inquietud de las familias va en aumento conforme van agot¨¢ndose las posibilidades de recurrir las sentencias y se acerca el momento de que tengan que ejecutarse las ¨®rdenes de derribo decretadas por los tribunales. Vilela indic¨® que para octubre se ha fijado ya un derribo en Arnuero y para el a?o que viene otro en Argo?os.

Los afectados mantienen que la legalizaci¨®n de las viviendas es la "mejor soluci¨®n, la m¨¢s justa, la m¨¢s econ¨®mica y la m¨¢s social", porque "beneficia a todos y no perjudica a nadie". Su objetivo es conservar sus casas y no quieren o¨ªr hablar de opci¨®n de ser indemnizados por su p¨¦rdida a costa de los promotores y ayuntamientos condenados. Vilela apunta que, en el caso de Argo?os, si el Ayuntamiento tiene que pagar las indemnizaciones que corresponder¨ªan por los derribos, "tendr¨ªa que estar m¨¢s de 20 sin presupuesto municipal". "Somos v¨ªctimas de esta situaci¨®n, nosotros no hemos cometido ninguna ilegalidad", insiste el presidente de AMA.

La marcha a pie de protesta, bautizada Santander 2006, partir¨¢ el domingo a las 9.00 desde el Ayuntamiento de Argo?os, con el objetivo de llegar el domingo a la capital de Cantabria. En Santander, los participantes ir¨¢n en manifestaci¨®n a la sede del Parlamento regional y, desde all¨ª, hasta el Tribunal Superior de Justicia, para finalizar en el Gobierno de Cantabria, donde quieren reunirse con el consejero de Presidencia y Ordenaci¨®n del Territorio y Urbanismo.