El Gobierno estudia recomendar a los alcaldes y a la Iglesia la retirada de los s¨ªmbolos franquistas
El informe realizado por los expertos propone reconocer las deficiencias de los juicios sumar¨ªsimos sin decretar su nulidad
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El presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y la vicepresidenta Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega tomar¨¢n esta semana la decisi¨®n definitiva sobre el pol¨¦mico proceso de recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica que el Gobierno inici¨® en 2004. El PP se opone por completo a cualquier medida en esa direcci¨®n, mientras los socios de los socialistas, IU y ERC, exigen una ley de memoria que incluya la anulaci¨®n de los juicios sumar¨ªsimos del franquismo. Ante la tesitura de no tener el apoyo de ninguno de esos grupos, el Ejecutivo podr¨ªa plantearse posponer de nuevo su iniciativa.
Sin embargo, el Gobierno ha reiterado que quiere aprobar el anteproyecto de ley de memoria hist¨®rica en la reuni¨®n del pr¨®ximo del Consejo de Ministros, el viernes. El plan que Zapatero tendr¨¢ sobre la mesa incluye dos informes, uno general y otro espec¨ªfico sobre documentaci¨®n relativa a todos los aspectos de la represi¨®n franquista. En el primero, centrado en las v¨ªctimas de ambos bandos en la Guerra Civil y en la represi¨®n posterior del franquismo, figura todo lo regulado hasta ahora por los Gobiernos democr¨¢ticos y plantea lo que se deber¨ªa hacer. Esas recomendaciones deber¨¢n ser desarrolladas por la ley que est¨¢ pr¨¢cticamente lista y pendiente del visto bueno del jefe del Ejecutivo.
Uno de los asuntos clave en el plan del Gabinete socialista es el de los s¨ªmbolos franquistas. El Gobierno ha llegado a la conclusi¨®n de que no puede prohibir a ning¨²n Ayuntamiento que una calle de su municipio lleve el nombre de un militar golpista. Pero s¨ª pretende hacer una recomendaci¨®n a todas las autoridades locales y auton¨®micas -que tendr¨¢ car¨¢cter de orden para los organismos estatales- para que eliminen todos los s¨ªmbolos y monumentos que elogien a golpistas o ensalcen el esp¨ªritu del golpe de Estado de 1936.
Centenares de calles, plazas y paredes de iglesias de toda Espa?a conservan esos s¨ªmbolos, como puede apreciarse en una p¨¢gina web especializada en este asunto (http://www.nodo50.org/foroporlamemoria/simbolos_franquistas. php). La mayor¨ªa de las calles y monumentos m¨¢s significativos est¨¢n en ciudades y pueblos donde nunca ha gobernado la izquierda, ya que tanto los socialistas como Izquierda Unida suelen retirar este tipo de s¨ªmbolos y el PP no los recupera, como sucedi¨® en Ferrol con la estatua de Franco. Aunque tambi¨¦n alg¨²n alcalde socialista se ha negado a quitar esos nombres del callejero, entre ellos Francisco V¨¢zquez mientras fue regidor de A Coru?a.
Donde el inter¨¦s cultural o hist¨®rico aconseje no destruir el monumento, como en el Valle de los Ca¨ªdos, la recomendaci¨®n del informe es que se coloque en un lugar bien visible un texto que explique qu¨¦ signific¨® la dictadura y la represi¨®n que llev¨® aparejada.
El informe ampliar¨¢ estas recomendaciones a la Conferencia Episcopal, ya que en el exterior de multitud de templos a¨²n permanecen placas dedicadas a los "ca¨ªdos por Dios y por Espa?a" en el bando nacional. El Ejecutivo no puede hacer m¨¢s que eso, puesto que la Iglesia es completamente aut¨®noma.
Por lo que respecta a los juicios sumar¨ªsimos contra los opositores al r¨¦gimen franquista, el Gobierno prepara una f¨®rmula para reconocer que esos tribunales militares no fueron justos y poder rehabilitar moralmente a todos los que fueron fusilados, pero quiere evitar a toda costa la declaraci¨®n de nulidad de los juicios. La nulidad es la opci¨®n que reclaman las asociaciones y los familiares de los represaliados.
Tambi¨¦n sobre este asunto, la decisi¨®n final se tomar¨¢ esta semana, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en augurar que finalmente no se anular¨¢n los juicios, porque eso implicar¨ªa que los familiares tendr¨ªan derecho a compensaciones econ¨®micas muy fuertes, y abrir¨ªa un largo periodo de conflictividad en la Administraci¨®n por parte de miles de familiares afectados que reclamar¨ªan indemnizaciones.
El Gobierno es consciente de que en el mundo judicial hay muchas opiniones en contra de anular los sumarios porque se entiende que son "cosa juzgada" y por tanto su revisi¨®n podr¨ªa implicar cierta inseguridad jur¨ªdica. Fuentes del Ejecutivo sostienen que anular los juicios supondr¨ªa ir en contra de las sentencias reiteradas sobre este asunto del Tribunal Constitucional.
El fiscal, en contra
Frente a esa opini¨®n, compartida por el fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, en un informe realizado sobre este tema a petici¨®n de la comisi¨®n interministerial que lo estudia, otros juristas reconocidos, como el magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn y el ex fiscal Anticorrupci¨®n Carlos Jim¨¦nez Villarejo han defendido con ah¨ªnco en los ¨²ltimos meses la anulaci¨®n de los juicios sumar¨ªsimos. Su argumento es que unos tribunales democr¨¢ticos no pueden dar por buenas las sentencias ni considerarse herederos de tribunales militares surgidos de una Guerra Civil y una dictadura militar que conculc¨® todas las libertades.
Adem¨¢s del informe sobre las v¨ªctimas, tambi¨¦n est¨¢ ultimado otro documento sobre los archivos de la represi¨®n. Este es un tema fundamental para las asociaciones de familiares, ya que la mayor¨ªa de ellos simplemente quieren conocer la verdad, saber qu¨¦ pas¨® verdaderamente.
El informe detalla la ca¨®tica dispersi¨®n de la documentaci¨®n, repartida en centenares de archivos militares y civiles, conservada de forma precaria y mal sistematizada, de tal manera que, en ocasiones, un familiar preocupado por lo que sucedi¨® con su ser querido depende de la decisi¨®n del funcionario que le toque en suerte para poder llegar a obtener los documentos que reclama. Por eso el informe dar¨¢ recomendaciones sobre c¨®mo unificar y reclasificar los archivos de la represi¨®n no s¨®lo durante la guerra, que est¨¢n en Salamanca, sino sobre todo despu¨¦s, durante la dictadura.
El informe agrega que, al menos, los documentos no han sido destruidos porque nunca hubo un inter¨¦s real de la dictadura, la ¨²nica que pod¨ªa hacerlo, por hacer desaparecer la prueba de sus desmanes.
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