El coste de la no Constituci¨®n

El pasado Consejo Europeo de Viena, tras constatar que 15 Estados miembros hab¨ªan ratificado la Constituci¨®n, concluy¨® ampliando el plazo de reflexi¨®n, con un reexamen en 2007 bajo presidencia alemana y una ampliaci¨®n del plazo hasta 2008. Ahora ha llegado la presidencia finlandesa dispuesta a predicar con el ejemplo, ratificando el Tratado por considerarlo un deber de todos y cada uno de los Estados firmantes. El m¨¦todo no es nuevo, es el cl¨¢sico en la construcci¨®n europea: si un compromiso no se cumple dentro del plazo acordado, se fija uno nuevo y adelante. As¨ª ocurri¨® con el mercado com¨²n previsto para 1970 y realizado como mercado interior en 1992. Lo esencial es tener voluntad de cumplir con los compromisos sabiendo no s¨®lo lo provechosos que son sino lo que cuesta no hacerlo, como ilustr¨® el Informe Cechini en el caso del mercado interior.

Mientras tanto, prosigue un debate que algunos plantean como funerario y otros como una tertulia en la que la propia ocurrencia es siempre la mejor. Por ello, conviene recordar algunas verdades elementales del proyecto com¨²n de Europa y no la Europa de los proyectos con las que algunos tratan de envolver en humo su desconcierto. La primera es que 25 Estados hemos elaborado en debate p¨²blico una Ley Fundamental que conforma la Uni¨®n que hemos creado como una democracia supranacional. Nuestros Gobiernos la firmaron solemnemente en Roma en octubre de 2004, ahora tienen el deber y el derecho de pronunciarse sobre el mismo texto, por lo que no procede despedazarlo en funci¨®n de los gustos de cada uno. Adem¨¢s, est¨¢ el compromiso con el propio electorado: aquellos que luchamos por el s¨ª y lo conseguimos, como es el caso no s¨®lo de Espa?a, en donde se gan¨® claramente el primer refer¨¦ndum, sino de la mayor¨ªa de los Estados y de los ciudadanos de la Uni¨®n, tenemos la obligaci¨®n de defenderlo. Ciertamente no como tr¨¢gala, porque se trata de un desaf¨ªo sin precedentes, revolucionario en el mejor sentido de la palabra. Frente al s¨ª, deben ser valorados por todos los noes, pero s¨®lo pueden resolverlos quienes los formularon, sin que supongan vetos. As¨ª ocurri¨® con el no dan¨¦s a Maastricht y el irland¨¦s a Amsterdam; de momento, ni Francia ni Holanda han optado por el divorcio, dentro de un plazo tendr¨¢n oportunidad de manifestarse democr¨¢ticamente.

El caso de los que no se han pronunciado debe ser tambi¨¦n tenido en cuenta. En principio, es aceptable que est¨¦n valorando la oportunidad del momento: Portugal e Irlanda son socios de primera hora del euro y de la cohesi¨®n, sin duda podr¨ªan mostrar un poco m¨¢s de entusiasmo por un reforzamiento de la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria. Lo que no es de recibo es la apuesta descarada por el fracaso del compromiso com¨²n que hacen destacados pol¨ªticos brit¨¢nicos, como Denis Mac Shane, quien en estas mismas p¨¢ginas ha declarado muerto y finiquitado el proceso cuando todav¨ªa nos estamos preguntando qu¨¦ va a hacer el Reino Unido no s¨®lo con el Tratado Constitucional sino tambi¨¦n con el euro. Resulta curioso este silencio sobre compromisos compartidos cuando se hace gala de respetar como ley sagrada el principio de my word is my bond (mi palabra me ata). A ello se ha a?adido la preocupante actitud eurof¨®bica de los actuales presidentes y mayor¨ªas parlamentarias en Chequia y Polonia. En todo caso, todos y cada uno debemos hacer honor a la palabra dada.

Por su parte, la Comisi¨®n debe jugar un papel activo como guardiana de los Tratados. Es de saludar la conversi¨®n del presidente Dur?o Barroso a la defensa activa del Tratado expresada en el Pleno del Parlamento Europeo de junio, donde esboz¨® un primer c¨¢lculo del coste de la no Constituci¨®n innegablemente mucho m¨¢s pol¨ªtico que econ¨®mico: falta de clarificaci¨®n de competencias, Carta de Derechos Fundamentales vinculante, ministro de Asuntos Exteriores-vicepresidente de la Comisi¨®n, coherencia en pol¨ªtica exterior, extensi¨®n de la codecisi¨®n y la mayor¨ªa cualificada. La lista es mucho m¨¢s larga, pero esta ¨²ltima cuesti¨®n que representa la constitucionalizaci¨®n del poder legislativo en la Uni¨®n es tan esencial como desapercibida, a pesar de ser la prueba del algod¨®n del funcionamiento democr¨¢tico com¨²n de Estados con reg¨ªmenes, historias y estructuras diferentes cuyo elemento com¨²n definidor es que las leyes se hacen en Parlamentos elegidos con luz y taqu¨ªgrafos. La Constituci¨®n introduce por primera vez la ley, la jerarqu¨ªa normativa con cinco tipos de decisi¨®n frente a los 30 actuales y ampl¨ªa las bases jur¨ªdicas de las 35 actuales en la codecisi¨®n como procedimiento legislativo ordinario a 85, con lo que corona el salto de gigante iniciado en el Tratado de Maastricht en la superaci¨®n del "d¨¦ficit democr¨¢tico". Bases que se contienen en la parte tercera del Tratado, por otra parte la ¨²nica actualmente en vigor.

Esta cuesti¨®n es cardinal si se piensa que un tercio de la legislaci¨®n aprobada en los Parlamentos de los Estados miembros es transposici¨®n de normas europeas. Ejemplos del valor de la codecisi¨®n no faltan, en la presente legislatura destacan tres directivas profundamente modificadas por el Parlamento Europeo: liberalizaci¨®n de servicios, control de productos qu¨ªmicos REACH y tiempo de trabajo. Tambi¨¦n tres casos en los que la ausencia de Constituci¨®n limita de manera sustancial la capacidad europea: la legislaci¨®n antiterrorista, como reconoci¨® el ministro brit¨¢nico Clarke despu¨¦s de los atentados de Londres, la inmigraci¨®n como pol¨ªtica com¨²n y la energ¨ªa. Se podr¨ªan a?adir otros con evidente impacto econ¨®mico como es el decisivo tema de los recursos propios, ¨²nica soluci¨®n razonable para la ag¨®nica negociaci¨®n de las perspectivas financieras.

En todo caso, los eurolistos que dicen que debemos ocuparnos de los temas que realmente preocupan a la gente y no de las instituciones deber¨ªan tener muy presente que para poder funcionar de modo democr¨¢tico entre 25 y pronto 27 necesitamos la Constituci¨®n Europea. Mientras tanto, seguiremos pagando costes pol¨ªticos y tambi¨¦n econ¨®micos.

Enrique Bar¨®n Crespo es presidente de la Comisi¨®n de Comercio Exterior del Parlamento Europeo.