90.000 fusilados, 900 desenterrados

Paseos, sacas, fusilamientos en cunetas o en mitad del campo. Las v¨ªctimas, en algunos casos, tuvieron que cavar sus propias fosas. Muertos por la represi¨®n pol¨ªtica promovida y tolerada tras la guerra civil por las autoridades del bando franquista que al mismo tiempo sirvi¨®, sobre todo en el medio rural, para depurar venganzas por rencillas personales o familiares, o simplemente envidias. La falta de documentaci¨®n y el tab¨² forjado por el terror de la dictadura sobre los desaparecidos impiden a historiadores y arque¨®logos ponerse de acuerdo sobre su n¨²mero y los lugares donde fueron enterrados. El testimonio de los familiares y testigos que queden vivos a los 70 a?os de esos hechos ser¨¢ la fuente principal para elaborar los mapas de fosas que la futura ley de la memoria llevar¨¢ a redactar.

En ?rgiva (Granada) hay enterradas en una fosa com¨²n m¨¢s de 4.000 personas

"Muchas familias no quieren exhumar, sino saber que pas¨®", dice el forense Etxberria

Los registros civiles, los expedientes de los consejos de guerra sumar¨ªsimos permitidos por Franco tras el golpe del 36, los archivos municipales y los libros de los cementerios son los principales lugares donde la represi¨®n dej¨® sus cifras. El hispanista brit¨¢nico Paul Preston, admitiendo cierta falta de exhaustividad, calcula que los muertos en la retaguardia franquista y los de los primeros a?os de la dictadura pudieron llegar a los 180.000. El historiador Santos Juli¨¢, bas¨¢ndose en estudios realizados en 36 provincias (algunos incompletos), da una cifra m¨ªnima de unos 90.000. "Las inscripciones de los paseados [los asesinados sin juicio en cunetas y campos] vienen a representar s¨®lo un tercio de la realidad", escribe en V¨ªctimas de la guerra civil, el libro sobre la represi¨®n en ambos bandos que coordin¨® en 1999. El historiador advierte de que, para adentrarse en ese terreno, hace falta entrevistar a protagonistas y testigos o, en su caso, a sus familiares.

Bas¨¢ndose en esos testimonios, la Asociaci¨®n para la Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica (ARMH) y dem¨¢s agrupaciones con los mismos fines han abierto ya 98 fosas de las que han exhumado a 905 v¨ªctimas. Su vicepresidente, Santiago Mac¨ªas, tras cinco a?os de desenterramientos, tampoco se atreve a hacer n¨²meros. "Lo que s¨ª sabemos es que, en la parte del pa¨ªs controlada por Franco, hasta finales de 1937 se puede contabilizar, como m¨ªnimo, una fosa por cada pueblo", dice. La asociaci¨®n comenzar¨¢ dentro de una semana su pr¨®xima excavaci¨®n en Parrillas y Navalc¨¢n, junto a Talavera de la Reina (Toledo). Mac¨ªas asegura que sobre su mesa hay, por lo menos, 5.000 solicitudes m¨¢s.

La futura ley de la memoria deja en manos de las comunidades aut¨®nomas y los ayuntamientos la localizaci¨®n de las fosas al obligar en su art¨ªculo 14 "a las administraciones competentes" a elaborar "mapas en que consten los terrenos en que se localicen los restos". La norma prev¨¦ que el Gobierno elabore otro "mapa integrado de todo el territorio espa?ol, que ser¨¢ igualmente accesible para los interesados y al que se incorporar¨¢n los datos que, en los t¨¦rminos que se establezcan, deber¨¢n ser remitidos por las distintas Administraciones". Los lugares donde se localicen los enterramientos ser¨¢n, seg¨²n el anteproyecto, objeto "de especial preservaci¨®n por parte de sus titulares".

En esos mapas tendr¨¢n que constar en primer lugar, las grandes fosas comunes situadas fundamentalmente en los cementerios de las capitales y grandes poblaciones o en parajes y pueblos de sus alrededores y que, en algunos casos, est¨¢n bien documentadas. En la de M¨¦rida, que acaba de aparecer debido a las obras de un jard¨ªn bot¨¢nico que se construye junto al cementerio, se calcula que fueron enterrados entre 2.000 y 4.000 republicanos de los que la ARMH, en colaboraci¨®n con la Universidad de Extremadura, ha identificado ya a unos 1.200. De los 1.600 que se calcula fueron sepultados en la fosa com¨²n del cementerio de Oviedo durante la guerra y los a?os siguientes, se conocen los nombres de 1.316. Y lo mismo ocurre con otros enterramientos masivos como los de V¨ªznar y ?rgiva (Granada, unas 6.000 personas), Badajoz (2.000 fusilados en la plaza de toros), M¨¢laga (3.600 en cuatro fosas, seg¨²n la Junta de Andaluc¨ªa), Teruel (unas 1.000 en los Pozos de Caud¨¦), Zaragoza, C¨®rdoba, Ja¨¦n, Logro?o, Madrid (m¨¢s de 2.000 muertos en el cementerio de la Almudena), Valencia...

Santiago Mac¨ªas explica que la mayor¨ªa de esos casos, "casi nadie pide la exhumaci¨®n" (algo que har¨ªa muy dif¨ªcil la identificaci¨®n gen¨¦tica debido al volumen de restos) sino la confirmaci¨®n de que el desaparecido en cuesti¨®n se encuentra enterrado en esas grandes fosas a trav¨¦s de la documentaci¨®n que se conserve, ya que la mayor¨ªa contienen los cuerpos de condenados a muerte en consejos de guerra o juicios sumar¨ªsimos. El vicepresidente de la ARMH pone como ejemplo los archivos militares gallegos en los que trabaja actualmente. Asegura que en muchos de los expedientes que est¨¢ manejando "aparece una ficha que se?ala el lugar exacto del cementerio en que la v¨ªctima fue enterrada".

En los pueblos, sin embargo, el trabajo de campo es fundamental, y la localizaci¨®n de las fosas, en la mayor¨ªa de los casos, nace de los testimonios de los parientes de los represaliados que ponen en marcha sus propias investigaciones. Luego piden ayuda a las asociaciones que, en gran parte del pa¨ªs, carecen de ayudas oficiales para llevar a cabo las exhumaciones. Por ahora, solo Euskadi y Catalu?a han aprobado programas y censos de identificaci¨®n y exhumaci¨®n de v¨ªctimas en colaboraci¨®n con las asociaciones. Andaluc¨ªa ha dado un paso m¨¢s y hace un a?o que elabora su mapa de fosas.

Adelant¨¢ndose a la ley de la memoria, la consejer¨ªa andaluza de Justicia, junto a las distintas asociaciones regionales, comenz¨® el a?o pasado a investigar los enterramientos comunes ubicados en su territorio. "Contamos con los estudios de los historiadores, los datos de los registros civiles y de los cementerios, adem¨¢s de las correspondencias entre los responsables de las c¨¢rceles y, sobre todo, la informaci¨®n que aportan los vecinos de los municipios", afirma Manuel Velasco, responsable de la Asociaci¨®n Guerra-Exilio y Memoria Hist¨®rica de Andaluc¨ªa, una de las que colaboran en el proyecto.

La parte occidental de Andaluc¨ªa, donde primero llegaron los franquistas, es donde se encuentra la mayor¨ªa de las fosas. Los expertos hablan tambi¨¦n de miles de muertos que deben estar enterrados a lo largo de la carretera que va de M¨¢laga a Almer¨ªa, donde se produjeron fusilamientos de personas que hu¨ªan hacia la zona republicana. Un caso particular es el de ?rgiva (Granada) donde seg¨²n los historiadores, hay enterradas en una fosa com¨²n m¨¢s de 4.000 personas. "Se tratar¨ªa, en caso de ser comprobado, de la mayor fosa a campo abierto de Andaluc¨ªa y Espa?a", afirma el coordinador del proyecto, ?ngel del R¨ªo.

La Junta de Andaluc¨ªa ha aportado para la investigaci¨®n un m¨¢ximo de 55.000 euros por provincia y, al mismo tiempo, colabora con asociaciones y sindicatos en el proyecto Todos los nombres (www.todoslosnombres.org) que ha creado una base de datos con m¨¢s de 10.000 nombres de desaparecidos durante la guerra que puede consultarse a trav¨¦s de Internet.

Diversos estudios calculan que unas 40.000 personas pudieron ser ejecutadas sin juicio en Andaluc¨ªa y que, de ellas, m¨¢s de 15.000 yacen en fosas comunes. Del R¨ªo considera que "pr¨¢cticamente en todos los municipios hay, al menos, una fosa, sobre todo, en la zona occidental", como demuestran las investigaciones realizadas hasta ahora, que han servido para empezar con los desenterramientos.

En el t¨¦rmino gaditano de El Bosque (Ubrique y Benamahoma) aparecieron 21 personas, en Palomares del R¨ªo (Sevilla) otras cinco y en Santaella y La Guijarrosa, 5 y 17, respectivamente, aunque se cree que puede haber m¨¢s. En el cementerio de San Rafael de M¨¢laga se exhumar¨¢ en septiembre a m¨¢s de 3.000 personas. Tambi¨¦n se excav¨® en el de C¨¢diz y en el de Valverde del Camino (Huelva, una persona). En el cementerio de San Rafael de M¨¢laga se exhumar¨¢ en septiembre a m¨¢s de 3.000 personas enterradas en cuatro fosas localizadas gracias al Instituto Geof¨ªsico de Andaluc¨ªa, dependiente de la Universidad de Granada.

La Generalitat de Catalu?a calcula que m¨¢s de 9.000 personas est¨¢n enterradas en 157 fosas comunes de la guerra y el franquismo, de las cuales 115 ya han sido localizadas y 104 se hallan dentro de cementerios. En junio de 2005, el Gobierno catal¨¢n public¨® un proyecto de decreto para regular las exhumaciones "muy limitado y restrictivo", seg¨²n Manuel Perona, coordinador de la ARMH en Catalu?a, que asegura que, debido a los requisitos que impone, s¨®lo permitir¨ªa abrir 15 enterramientos.

El Ejecutivo aut¨®nomo exige que se pueda conocer previamente la identidad de, al menos, una de las personas enterradas; que las fosas no est¨¦n situadas en cementerios; que las v¨ªctimas sean civiles y no militares y que, como m¨¢ximo, alberguen a 10 personas. La solicitud para desenterrar no puede ir m¨¢s all¨¢ de la tercera generaci¨®n de familiares de los enterrados y se cancelar¨ªa si alguno se opusiera.

El proyecto de decreto tampoco prev¨¦ dar subvenciones para sufragar los gastos de las investigaciones previas a las exhumaciones, que correr¨ªan a cargo de las familias. Lo mismo que las autorizaciones para excavar, que s¨®lo se acompa?ar¨¢n de fondos p¨²blicos en caso de que el Ejecutivo considere la fosa "de inter¨¦s".

Tras su publicaci¨®n, el proyecto catal¨¢n se abri¨® a la presentaci¨®n de alegaciones pero, tras la expulsi¨®n de ERC del tripartito, qued¨® suspendido. Para asesorar y controlar las exhumaciones, la Generalitat cre¨® una Comisi¨®n Interdepartamental integrada por representantes de seis ¨¢reas del Ejecutivo y que presid¨ªa el republicano Apel.les Carod. Esa comisi¨®n depend¨ªa del departamento de Presidencia, entonces dirigido por Josep Bargall¨®, tambi¨¦n de ERC.

Despu¨¦s de que el Parlamento catal¨¢n aprobara una moci¨®n sobre la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica en marzo de 2003, cuando a¨²n gobernaba CiU, el tripartito realiz¨® la primera exhumaci¨®n de una fosa en la comarca de Osona (Barcelona) en junio de 2004. En la excavaci¨®n, que era una prueba piloto para establecer un protocolo de actuaci¨®n, se encontraron seis soldados republicanos y un civil, al que se logr¨® identificar. El Ejecutivo inici¨® en abril de 2006 una investigaci¨®n para ubicar con exactitud la fosa de Can Ma?ana, en El Bruc (Barcelona), pero no se encontraron indicios de ninguno de los ocho fusilados que se supon¨ªan enterrados en la zona.

El Gobierno catal¨¢n tambi¨¦n tiene previsto crear dos censos: uno de todas las fosas de la guerra civil y la represi¨®n franquista en Catalu?a con el fin de se?alizarlas, y otro con los nombres de las personas desaparecidas. Pero de momento todo est¨¢ paralizado a la espera de las elecciones.

Euskadi es la tercera comunidad que ha regulado y subvencionado la apertura de sus fosas. El Gobierno vasco encarg¨® en 2003 a la Sociedad de Ciencias Aranzadi la puesta en marcha de un programa de desenterramientos. Desde que se abri¨® una ventanilla para atender a las familias de las v¨ªctimas, la direcci¨®n de Derechos Humanos, dependiente de la Consejer¨ªa de Justicia, ha atendido 450 solicitudes.

El equipo de Aranzadi desarrolla su trabajo en dos frentes. Por una parte, la investigaci¨®n hist¨®rica y documental para completar la informaci¨®n personalizada de los desaparecidos y la recogida de testimonios que graban en v¨ªdeo y entregan a los familiares. Por otra, localizan fosas, recuperan los restos y realizan los estudios antropol¨®gicos correspondientes. "La mayor¨ªa de las familias no quiere exhumar y hacer pruebas de ADN, sino saber ¨²nicamente qu¨¦ pas¨®, de qu¨¦ acusaron a su familiar, cu¨¢nto tiempo vivi¨®", cuenta el forense Francisco Etxeberria, responsable del programa.

Seg¨²n el historiador I?aki Ega?a, 2.500 vascos murieron fusilados en los a?os de guerra y represi¨®n. 5.000 desaparecieron, 60.000 padecieron la c¨¢rcel y otros 150.000, entre ellos, 35.000 ni?os, tuvieron que exiliarse. "Esa es la cifra que manej¨® el lehendakari Aguirre en la ONU, pero creo que est¨¢ un poco hinchada", matiza Ega?a.

Reportaje elaborado con informaciones de Pilar Choza, Marta Albi?ana y Maribel Mar¨ªn