Los principales imputados del fraude de las bajas m¨¦dicas piden la nulidad de todas las escuchas

Los abogados del ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique (C¨¢diz) Carlos Carretero y del m¨¦dico Francisco Casto, los dos principales imputados en la red que, supuestamente, vend¨ªa certificados falsos de incapacidad laboral, han solicitado al juez la nulidad de todas las escuchas telef¨®nicas realizadas por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los abogados defensores entienden que si el juez anula todos los pinchazos (hasta ahora s¨®lo ha anulado varias escuchas) la operaci¨®n Karlos podr¨ªa quedar en agua de borrajas y el caso archivado por falta de pruebas.

Los recursos se producen despu¨¦s de que la pasada semana el juez instructor autorizara la salida en libertad bajo fianza de Carretero y Casto tras atender un recurso de Felipe Mel¨¦ndez, abogado del m¨¦dico, quien recurri¨® las escuchas grabadas entre el 23 y el 26 de enero pasado por haber sido realizadas "sin orden ni control judicial".

El abogado de Carretero, Alfredo Belloso, explic¨® ayer que las escuchas en las que se basa la imputaci¨®n "no est¨¢n ajustadas a derecho". Adem¨¢s, dijo, "Vigilancia Aduanera no es polic¨ªa judicial y, por tanto, no est¨¢n capacitados para desarrollar la investigaci¨®n".

Por su parte, el defensor de Casto asegur¨® que las intervenciones telef¨®nicas "carecen de fundamentaci¨®n" y record¨® que fueron realizadas como derivaci¨®n de otro caso, la operaci¨®n Halc¨®n, una red de emisi¨®n de facturas falsas. Seg¨²n Mel¨¦ndez, "de las escuchas de Halc¨®n surgi¨® una segunda v¨ªa de investigaci¨®n que fue desarrollada sin autorizaci¨®n del juez y, por tanto, de forma ilegal".

Mel¨¦ndez record¨® que esta posibilidad est¨¢ regulada "por la figura del hecho casual, que obliga a los investigadores a comunicar al juez que han detectados un nuevo delito para que ¨¦ste inicie un procedimiento nuevo". En este caso, asegur¨® el abogado, "los agentes de Vigilancia Aduanera no lo hicieron hasta un mes despu¨¦s de iniciada la investigaci¨®n". Por todo ello, los letrados defensores consideran que sus recursos deben ser atendidos, lo que llevar¨ªa el caso a un callej¨®n sin salida.

Los precedentes de casos que se han desinflado por pinchazos telef¨®nicos irregulares han sido sonados. En 1990, el caso Naseiro, en el que se investigaba la intervenci¨®n de destacados miembros del PP en una supuesta trama de financiaci¨®n ilegal, fue archivado por el Tribunal Supremo. En Andaluc¨ªa destaca el caso Ollero, supuesto cobro de comisiones ilegales por la adjudicaci¨®n de una carretera. El Supremo orden¨® repetir el juicio tras anular las escuchas que sirvieron de base para el juicio.

Libertad de 'narcos'

Recientemente, en diciembre de 2004, la Audiencia de C¨¢diz dej¨® en libertad a una docena de presuntos narcotraficantes imputados en la operaci¨®n Semilla. Seg¨²n el tribunal, durante la investigaci¨®n se vulneraron derechos sobre el secreto de las comunicaciones.

En este caso, la fiscal jefe de C¨¢diz, ?ngeles Ayuso, considera "imprescindible" que la ley debe regular con mayor claridad las escuchas telef¨®nicas. "Se trata de una cuesti¨®n que ha quedado atrasada sin que se hayan dado repuestas y as¨ª no podemos seguir", asegur¨®. Con todo, Ayuso afirm¨® que los jueces "no pueden echar balones fuera" porque "aunque muy b¨¢sico, existe un reglamento que viene dado por la Constituci¨®n".

En el caso de la operaci¨®n Karlos, la fiscal jefe advirti¨® de que la nulidad decretada por el instructor es "parcial y muy limitada" y asegur¨® que, junto a las escuchas, la fiscal¨ªa dispone de "otros medios complementarios" para demostrar la implicaci¨®n de los detenidos.

Por su parte, el diputado socialista por C¨¢diz Salvador de la Encina, que en 2004 recibi¨® la demanda de colectivos antidroga de la provincia para que el Gobierno regulase con mayor precisi¨®n las escuchas telef¨®nicas, reconoci¨® que el Ejecutivo, "encuentra dificultades" para modificar la ley porque se enfrenta al "muro legislativo" que establece la Constituci¨®n que es, dijo, "sagrada".

De todas formas, De la Encina asegur¨® que los jueces disponen de "instrumentos suficientes para ordenar escuchas" y afirm¨® que, en la mayor¨ªa de los casos, si las investigaciones fracasan "no es por un problema legislativo, sino de por fallos en la aplicaci¨®n de la norma".