El fiscal acusa al alcalde de Alicante y dos ediles del PP de trato de favor a un promotor

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante acusa al alcalde de la ciudad, Luis D¨ªaz Alperi, del PP, dos ediles de su equipo de gobierno (Sonia Castedo y Luis Concepci¨®n), un t¨¦cnico municipal y a la promotora Ortiz e Hijos de cinco supuestos delitos, entre ellos tr¨¢fico de influencias, en la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos a la firma del empresario local Enrique Ortiz. En su escrito, que ayer remiti¨® al juzgado, el ministerio p¨²blico concluye que la modificaci¨®n de las condiciones iniciales del contrato ha causado al Ayuntamiento un quebranto econ¨®mico de al menos 2.268.060 euros.

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, remiti¨® ayer al juzgado el escrito de conclusiones de las diligencias practicadas acerca de un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante en la adjudicaci¨®n de tres aparcamientos subterr¨¢neos al promotor local Enrique Ortiz. Briones abri¨® la investigaci¨®n el pasado mes de febrero a ra¨ªz de una denuncia presentada en la Fiscal¨ªa por un grupo de vecinos.

En su escrito, el fiscal pide al juez que abra una investigaci¨®n al considerar que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricaci¨®n, tr¨¢fico de influencias, falsedad, malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y apropiaci¨®n indebida. Inicialmente, los denunciados son: Luis D¨ªaz Alperi, alcalde de Alicante; Sonia Castedo, concejal de Urbanismo; Luis Concepci¨®n, concejal de Seguridad Ciudadana; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento t¨¦cnico de Tr¨¢fico y Planificaci¨®n Viaria del Consistorio; y el representante legal de la empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA.

Los trabajos de los tres aparcamientos, situados en las calles Catedr¨¢tico Soler, Hermanos L¨®pez Osaba y Avenida Padre, fueron adjudicados inicialmente al promotor en 2003 por un total de 14,8 millones y por un per¨ªodo de explotaci¨®n de 40 a?os. M¨¢s adelante, el promotor present¨® una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto en el apartado del presupuesto, que elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de la concesi¨®n, que aumentaba en siete a?os y diez meses.

T¨¦cnicos en contra

Los t¨¦cnicos de ¨¢rea de Urbanismo informaron en contra de la modificaci¨®n. Ante la negativa de los funcionarios de ese departamento municipal, D¨ªaz Alperi traslad¨® el expediente al negociado de Tr¨¢fico. En febrero de 2005, un t¨¦cnico de ese departamento emiti¨® un informe favorable a la modificaci¨®n planteada por el empresario. Un mes m¨¢s tarde, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprob¨® el cambio.

La denuncia del fiscal remitida al juzgado dice textualmente: "Ante la solicitud por la adjudicataria de la modificaci¨®n del contrato suscrito con el Ayuntamiento de Alicante y su sucesiva denegaci¨®n por las instancias competentes, existi¨® un concierto previo entre el alcalde-presidente del Ayuntamiento, la concejal delegada de Urbanismo y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Tr¨¢fico y Transportes con la exclusiva intenci¨®n de conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial, para lo cual se decidi¨® dejar sin resolver la denegaci¨®n de propuestas por los t¨¦cnicos, sustituir el ¨®rgano gestor y la direcci¨®n facultativa del contrato hasta entonces competentes y designar como ¨®rgano a la Concejal¨ªa de Tr¨¢fico y como director facultativo a un t¨¦cnico de la misma concejal¨ªa".

El ministerio p¨²blico sostiene, adem¨¢s, que en cumplimiento de ¨®rdenes verbales de su concejal [Luis Concepci¨®n], el nuevo director facultativo emiti¨® un informe favorable que, "cotejado con la documentaci¨®n aportada, incurre en graves contradicciones e irregularidades, falseando el presupuesto de ejecuci¨®n de la contrata de obras fijado en el pleno del 17 de enero de 2003, proponiendo sin justificaci¨®n alguna la rectificaci¨®n de un error de c¨¢lculo y tres 'necesidades nuevas' por razones de inter¨¦s p¨²blico y el aumento del plazo de explotaci¨®n inicialmente pactado (40 a?os) en siete a?os y diez meses", recoge el escrito del fiscal.

La modificaci¨®n del contrato fue ratificada por la Junta de Gobierno en sendas reuniones del 14 de marzo y 4 de julio de 2005. El fiscal subraya que la junta dio luz verde al nuevo contrato reduciendo el sobrecoste, porque la cuant¨ªa final de las obras exced¨ªa en un 20% el presupuesto inicial de ejecuci¨®n aprobado por el pleno. Este extremo requer¨ªa un dictamen previo del Consejo Jur¨ªdico Consultivo de la Comunidad Valenciana. El fiscal tambi¨¦n sostiene que "10 meses del plazo de ampliaci¨®n fueron aprobados sin justificaci¨®n".

Para Briones, el quebranto econ¨®mico para el Ayuntamiento, s¨®lo en concepto de la amortizaci¨®n anual durante los siete a?os y diez meses de ampliaci¨®n, es de 2.268.060,28 euros. Y, por ¨²ltimo, el ministerio p¨²blico asegura que la empresa no ejecut¨® la modificaci¨®n aprobada en relaci¨®n a la estructura perimetral del estacionamiento de la calle Hermanos L¨®pez de Osaba, "benefici¨¢ndose econ¨®micamente de ello".