Las autonom¨ªas negociar¨¢n el reparto de 700 menores acogidos en Canarias

Las comunidades aut¨®nomas negociar¨¢n en septiembre el reparto de los 700 menores no acompa?ados llegados en cayucos a Canarias. La secretaria de Estado de Inmigraci¨®n, Consuelo Rum¨ª, confirm¨® ayer que en septiembre se reunir¨¢ el Consejo Superior de Pol¨ªtica de Inmigraci¨®n, que re¨²ne a los consejeros auton¨®micos con competencias en la materia, para que Canarias apele a la solidaridad de las dem¨¢s comunidades. La Xunta de Galicia, la Generalitat catalana y la Junta de Castilla-La Mancha se mostraron ayer dispuestas a acoger a menores llegados a las islas.

Al contrario que los inmigrantes adultos, que son trasladados a la Pen¨ªnsula cuando est¨¢n a punto de cumplir el plazo 40 d¨ªas de internamiento previsto por la Ley de Extranjer¨ªa, si no se les repatr¨ªa antes, los menores se quedan en Canarias, bajo tutela de la Administraci¨®n auton¨®mica, hasta la mayor¨ªa de edad. El archipi¨¦lago tiene una capacidad m¨¢xima de acogida de 250 plazas, a trav¨¦s de un sistema de hogares, de 10 o 12 plazas cada uno, diseminados por las siete islas. Sin embargo, el censo oficial de menores extranjeros no acompa?adas ascend¨ªa ayer a 700.

Hasta 450 se encuentran recluidos en cinco grandes centros de emergencia en Gran Canaria y Tenerife, donde se cubren sus necesidades b¨¢sicas en materia de salud, vestido, educaci¨®n y manutenci¨®n. Se estima que el 10% de los inmigrantes que llegan a Canarias son menores de 18 a?os, por lo que la cifra crece continuamente. Para hacerse una idea, la Comunidad de Madrid, con el triple de poblaci¨®n, s¨®lo tiene 310 menores en acogida. El Gobierno canario asegura que cada adolescente de 15 a 17 a?os le supone un desembolso de 30.000 euros al a?o.

El Estado, sin competencias

La secretaria de Estado de Inmigraci¨®n, Consuelo Rum¨ª, asegura que es consciente de la gravedad del problema, pero advierte de que el Estado no tiene ninguna competencia en materia de tutela y custodia de menores, que corresponde en exclusiva a las comunidades aut¨®nomas. Por eso, su compromiso es "poner a disposici¨®n del Gobierno canario este ¨®rgano [el Consejo Superior de Pol¨ªtica de Inmigraci¨®n] para que pida la solidaridad de las dem¨¢s comunidades y se estudie una posible distribuci¨®n territorial".

Rum¨ª asegura que el Gobierno no va a realizar ninguna propuesta de distribuci¨®n de menores, como hace con los adultos, y que se limitar¨¢ a "ejecutar el acuerdo, si es que se alcanza". La secretaria de Estado ni siquiera quiere aventurar si el Gobierno se ocupar¨¢ del traslado en avi¨®n de los menores, ya que "habr¨¢ que atenerse a un protocolo, que tenga en cuenta los tratados internacionales en materia de protecci¨®n de la infancia".

Lo que s¨ª ha hecho es encargar estudios jur¨ªdicos para solventar las dudas que pudiera suscitar el traspaso de la tutela de menores entre administraciones y no descarta que pudiera darse alguna ayuda financiera. De hecho, en los criterios de reparto de los 182,4 millones destinados este a?o a la acogida de inmigrantes por las comunidades aut¨®nomas se ha tenido en cuenta, por vez primera, la tutela de menores.

La secretaria de Estado de Inmigraci¨®n eludi¨® comentar la propuesta del presidente canario, Ad¨¢n Mart¨ªn, de que a los menores que llegan al archipi¨¦lago no se les aplique la Ley de Extranjer¨ªa -que obliga a ingresarlos en los centros de acogida- para permitir su repatriaci¨®n. "Nadie me lo ha planteado oficialmente", se excus¨® Rum¨ª.

Cautela de las comunidades

Las comunidades aut¨®nomas reaccionaron ayer con cautela a la petici¨®n de auxilio de Canarias. Una de las m¨¢s solidarias fue Galicia, que admiti¨® que 50 de sus 945 plazas para menores est¨¢n libres "y preparadas para lo que venga", seg¨²n un portavoz de la Xunta. La Generalitat catalana, por su parte, ha comunicado al Gobierno central que dispone de diez plazas para menores y que est¨¢ dispuesto a recibirlos y alojarlos cuando se le comunique. La consejera de Acci¨®n Social de la Junta de Castilla-La Mancha, Guadalupe Mart¨ªn, dijo que, "en caso de que se manifieste esa necesidad, la respuesta ser¨ªa seguramente positiva".

La Junta de Castilla y Le¨®n indic¨® que, "antes de admitir a menores inmigrantes quiere conocer los criterios del Gobierno para decidir d¨®nde los env¨ªa, en qu¨¦ condiciones y en qu¨¦ n¨²mero". "Cuando nos convoquen, tendremos que estudiar en qu¨¦ t¨¦rminos y c¨®mo se gestiona el traslado", dijo un portavoz de la Comunidad de Madrid. La Junta de Andaluc¨ªa record¨® que sus centros tambi¨¦n est¨¢n desbordados. Aunque su capacidad es de 560 plazas, ahora albergan a 844 menores y en 2005 llegaron a los 1.086. Alicia De Miguel, consejera de Bienestar Social de la Generalitat valenciana, se limit¨® a decir que el traslado de menores "no es la soluci¨®n".