Una nueva ley obligar¨¢ a identificar a 16 millones de usuarios an¨®nimos de m¨®viles

Una nueva ley obligar¨¢ a las compa?¨ªas telef¨®nicas a conservar durante un a?o los datos de las comunicaciones de sus clientes. Adem¨¢s, las tiendas que venden tarjetas prepago deber¨¢n identificar a los compradores en un libro de registro. Los 16 millones de m¨®viles an¨®nimos que hay ahora tambi¨¦n deber¨¢n identificarse. As¨ª figura en el proyecto legal que ha redactado el Gobierno para combatir la delincuencia y el terrorismo a trav¨¦s de un control de las comunicaciones telef¨®nicas. Se trata del anteproyecto de ley de conservaci¨®n de datos relativos a las comunicaciones electr¨®nicas y a las redes p¨²blicas de comunicaci¨®n, cuyo texto han elaborado Justicia e Interior.

La investigaci¨®n sobre las comunicaciones fue una de las claves para la r¨¢pida detenci¨®n de parte de los responsables del mayor atentado en la historia de Espa?a el 11-M de 2004. Para perpetrar la matanza en los trenes, los terroristas usaron tel¨¦fonos m¨®viles para activar las bombas compuestas por dinamita del tipo Goma 2 ECO.

El Gobierno espa?ol impuls¨® en el seno de la Uni¨®n Europea la aprobaci¨®n de una directiva comunitaria que regulara el control de las comunicaciones. El pasado febrero, el Consejo de Ministros de la UE aprob¨® la directiva y dio un plazo de 18 meses a los pa¨ªses miembros para trasladarla a sus legislaciones.

Ahora, la ley vigente obliga a las compa?¨ªas a conservar los datos durante un m¨¢ximo de un a?o. A partir de la aprobaci¨®n de la normativa que ha elaborado el Gobierno, el plazo m¨ªnimo ser¨¢ de 12 meses y, en casos excepcionales, se podr¨¢ ampliar hasta los dos a?os. Las compa?¨ªas telef¨®nicas guardan ahora los datos por razones comerciales y de facturaci¨®n por un plazo medio de tres meses.

Los datos que deber¨¢n ser conservados son los de tr¨¢nsito, no el contenido de las conversaciones. Esos datos permiten conocer el origen y el destino de la llamada, la duraci¨®n de la misma y el lugar exacto desde la que se realiza.

Las compa?¨ªas telef¨®nicas consideran que no hay complicaciones t¨¦cnicas para cumplir con la ley, pero que deber¨¢n gastar unos veinte millones de euros m¨¢s para llevar a efecto lo que establece la normativa.