El fiscal responde

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, aprovech¨® el acto de apertura del nuevo a?o judicial para rebatir con datos las acusaciones de pasividad frente al terrorismo de ETA lanzadas desde el momento en que el Gobierno plante¨® la posibilidad de un final pactado de la violencia etarra. Que el ministerio p¨²blico no ha estado quieto, aunque pueda discreparse de algunas de sus iniciativas, es lo que se deduce de las 305 condenas a terroristas dictadas a petici¨®n suya en 2005, m¨¢s otras 38 en los seis primeros meses de este a?o, y de los 53 escritos de acusaci¨®n presentados en el mismo tiempo contra 128 imputados por delitos de terrorismo. Otra cosa es que estos datos convenzan a los sectores que formulan las acusaciones, en gran medida los mismos que ponen en entredicho la independencia y la capacidad del sistema judicial para investigar los atentados terroristas del 11-M.

Conde-Pumpido ha querido aprovechar este acto de m¨¢xima relevancia institucional, con asistencia del Rey, para reivindicar la actuaci¨®n del ministerio p¨²blico en defensa de la ley y del Estado de derecho frente al terrorismo. Se hace m¨¢s llamativo, por ello, el silencio del presidente del Consejo del Poder Judicial, Francisco Jos¨¦ Hernando, frente al cuestionamiento de la acci¨®n de la justicia en la investigaci¨®n del 11-M. Unas palabras suyas sobre la cuesti¨®n habr¨ªan sido muy oportunas para reforzar la confianza social en la justicia y para amparar al juez instructor del 11-M frente al acoso inmisericorde al que se le est¨¢ sometiendo en su quehacer jurisdiccional. Como han sido oportunas y justas las palabras de Hernando en defensa de los jueces de la Audiencia Nacional amenazados e insultados en juicios a terroristas de ETA.

Estos problemas de la justicia, por graves que sean, son coyunturales. Algunos durar¨¢n el tiempo que convenga a los intereses de quienes los alimentan. El problema de fondo es c¨®mo evitar que el gigantesco atasco de m¨¢s de dos millones de asuntos pendientes no se acreciente a¨²n m¨¢s al finalizar el a?o. Hernando se refiri¨® a ello al constatar la impotencia de juzgados y tribunales para alcanzar "la cota irrenunciable" de resolver los asuntos ingresados en el a?o. No es un problema de imagen, sino de ineficacia, y que afecta directamente a los intereses y derechos ciudadanos. Abordarlo con seriedad y medidas id¨®neas -Hernando apunt¨® a "una reordenaci¨®n cient¨ªfica" de la planta judicial a la sociedad- deber¨ªa ser el objetivo prioritario de la pol¨ªtica judicial de todo Gobierno y de cualquier Consejo del Poder Judicial.