?lava defender¨¢ rebajar en 8,5 puntos las aportaciones forales al Ejecutivo

El PP fij¨® ayer en 8,5 puntos la rebaja necesaria en la aportaci¨®n de las diputaciones al Gobierno para que los ejecutivos forales dejen de endeudarse y puedan hacer frente al aumento del gasto en bienestar social, del que son responsables. ?sta ser¨¢ la postura que defender¨¢ la Diputaci¨®n alavesa, gobernada por los populares, que ya demand¨® una reducci¨®n de 8 puntos en la negociaci¨®n de la anterior Ley de Aportaciones en 2002.

La Diputaci¨®n de ?lava no est¨¢ sola en su planteamiento en esta ocasi¨®n. Tambi¨¦n las de Guip¨²zcoa y Vizcaya, en manos del PNV, han explicitado, aunque sin precisar n¨²meros, la reclamaci¨®n de que la Ley de Aportaciones tenga en cuenta el aumento del gasto que las instituciones forales.

Dicha norma debe renegociarse este a?o, ya que tiene una vigencia de cinco y la ¨²ltima data de 2002. La Diputaci¨®n alavesa defendi¨® ya entonces una rebaja de ocho puntos en la aportaci¨®n de las haciendas forales al Gobierno, cifrada en el 70,44% de los impuestos concertados, mientras a los ejecutivos forales les queda el 29,56% de lo que recaudan. Tanto el diputado general guipuzcoano, Joxe Joan Gonz¨¢lez de Txabarri, como su diputado de Hacienda, Juan Jos¨¦ Mujika, se han pronunciado p¨²blicamente en favor de una revisi¨®n al alza de los recursos que deben gestionar las diputaciones.

El PP, que hasta este a?o defend¨ªa en solitario esta posici¨®n, aument¨® ayer en medio punto su c¨¢lculo de las necesidades para paliar el endeudamiento creciente de las diputaciones, y lo cifr¨® en 8,5 puntos, lo que supondr¨ªa dejar las aportaciones forales al Gobierno en un 62%. ?sa era la cifra que rigi¨® desde 1997 hasta 2002, fecha en que subi¨® al 70% actual con la integraci¨®n de la financiaci¨®n de la sanidad y de la Ertzaintza. Ese aumento resultar¨ªa crucial para que los ayuntamientos y las diputaciones pudieran hacer frente a la exigencia creciente de gasto que sus competencias les exigen, fundamentalmente las que provienen de nuevos servicios reclamados por el envejecimiento de la poblaci¨®n.

En una jornada sobre fiscalidad celebrada ayer en Vitoria, el candidato a diputado general por ?lava y miembro del actual Gobierno foral, Javier de Andr¨¦s, denunci¨® el "importante retraso" que acumula en esta ocasi¨®n la renegociaci¨®n de esa ley fundamental en el reparto de recursos y que condiciona la elaboraci¨®n de los presupuestos de Gobierno y diputaciones. De Andr¨¦s expres¨® su temor de que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, tenga la tentaci¨®n de proceder a una pr¨®rroga de la ley de vigor, para no abrir una pol¨¦mica entre instituciones y en el seno del propio PNV, dada la posici¨®n de los responsables de ese partido en las otras dos diputaciones.

Deuda y recursos

El candidato alav¨¦s del PP subray¨® que el Gobierno ha bajado su deuda de 1.800 a 932 millones, del 69% al 47%, mientras la de las tres diputaciones ha subido del 36% al 52%. Esta disponibilidad financiera, lo mismo que su intervenci¨®n en competencias que no le son propias, agreg¨®, le resulta posible al Ejecutivo porque "est¨¢ sobrefinanciado".

En el acto de los populares estuvieron presentes tambi¨¦n los candidatos por Guip¨²zcoa, Regina Otaola, y por Vizcaya, Carlos Olazabal. ?ste rechaz¨® la actual norma, porque, a su juicio, deja sin medios a ayuntamientos y diputaciones, mientras el Gobierno goza de super¨¢vit y reduce su deuda. "Las instituciones locales y forales aumentan su gasto por las nuevas necesidades de atenci¨®n social y no tienen dinero para financiarlas", explic¨®. Olazabal sostuvo que el propio Gobierno sabe que "el modelo no vale".

Regina Otaola record¨® el estudio en el que la Diputaci¨®n guipuzcoana, en manos de la coalici¨®n PNV-EA, realiz¨® su propio diagn¨®stico, con el que se mostr¨® de acuerdo. "Pero no aborda el tratamiento", critic¨®. Otaola resalt¨® como un absurdo que las diputaciones env¨ªen al Gobierno un dinero que luego tiene que volver para financiar planes interinstitucionales. Tambi¨¦n record¨® el estudio de Eudel que cifr¨® en 116 millones el coste de los servicios no obligatorios que prestan los ayuntamientos sin contar con la financiaci¨®n precisa.