Prodi ordena destruir de inmediato todas las grabaciones de la red de espionaje

El Gobierno italiano orden¨® ayer la destrucci¨®n inmediata de las decenas de miles de escuchas ilegales realizadas por una red delictiva que enlazaba Telecom, la principal empresa de telecomunicaciones, con el Sismi, el servicio de espionaje militar. La informaci¨®n acumulada por la banda, en la que participaban numerosos funcionarios, afectaba a m¨¢s de 100.000 personas, entre ellas pol¨ªticos, empresarios y famosos. Romano Prodi dijo querer impedir con la destrucci¨®n de documentos "un gigantesco chantaje en cadena" que habr¨ªa tenido consecuencias impredecibles.

A¨²n no se conoc¨ªan las dimensiones reales del caso, ni se sab¨ªa si exist¨ªa alg¨²n cerebro oculto tras las 21 personas detenidas por el momento, ni cu¨¢l era el destino de una monta?a de informaci¨®n potencialmente comprometedora para gran parte de la ¨¦lite italiana. Pero el Gobierno consider¨® que ese archivo secreto constitu¨ªa un material demasiado explosivo y que hab¨ªa que acabar con ¨¦l de inmediato.

El Ministro del Interior, Giuliano Amato, anunci¨® tras el Consejo de Ministros que las escuchas ilegales no ser¨ªan ni siquiera incorporadas como prueba al sumario judicial del caso, ni podr¨ªan utilizarse en otros sumarios aunque contuvieran indicios de delitos graves cometidos por las personas espiadas. "Estos documentos son ilegales, la simple posesi¨®n de uno de ellos constituye delito y los consideramos, en ese sentido, como una droga", declar¨® Amato.

El Gobierno aprob¨®, con el consenso de la oposici¨®n de centroderecha, un decreto que, adem¨¢s de establecer la destrucci¨®n inmediata de los documentos en manos del poder Ejecutivo o de los jueces, fijaba sanciones para quien difundiera datos contenidos en los mismos. En el caso de la prensa escrita, la multa ser¨ªa de 50 c¨¦ntimos por ejemplar, lo que, en el caso de diarios como La Repubblica o el Corriere della Sera, supondr¨ªa casi 300.000 euros a pagar por el editor. La multa m¨ªnima, en caso de medios de difusi¨®n muy escasa, ser¨ªa de 20.000 euros. Para radio, televisi¨®n e Internet, la sanci¨®n oscilar¨ªa entre un m¨ªnimo de 50.000 y un m¨¢ximo de un mill¨®n.

Al margen de esas multas administrativas, dijo Amato, "las personas afectadas podr¨¢n acudir a los tribunales civiles y penales para exigir las indemnizaciones correspondientes".

La r¨¢pida intervenci¨®n gubernamental fue aplaudida desde pr¨¢cticamente todos los sectores, con excepci¨®n de la extrema izquierda, para la cual el caso probaba "una vez m¨¢s la complicidad entre los aparatos del Estado y la gran empresa capitalista". "La destrucci¨®n de todo ese material nos parece apropiada, pero no debe servir para enterrar el caso", declar¨® un portavoz de la oposici¨®n.

En general, Italia estaba conmocionada por un esc¨¢ndalo de dimensiones enormes y l¨ªmites a¨²n borrosos, con m¨¢s interrogantes que respuestas. ?Para qu¨¦ hab¨ªa de servir toda esa informaci¨®n secreta? Piero Fassino, secretario general de los Dem¨®cratas de Izquierda, el principal partido de Italia, aventur¨® que el objetivo era "chantajear a todo el pa¨ªs".

Los principales afectados expresaron estupor y angustia. "Nos siguen, nos esp¨ªan, pero a¨²n no sabemos qui¨¦n lo hace ni con qu¨¦ finalidad; siento amargura", dijo Cesare Geronzi, presidente de Capitalia y uno de los banqueros italianos m¨¢s influyentes. "Estoy asqueado", coment¨® el industrial y financiero Diego della Valle. Los hermanos Luciano y Gilberto Benetton explicaron que, por prudencia, no utilizaban casi nunca el tel¨¦fono m¨®vil. El espionaje se extend¨ªa a futbolistas como Bobo Vieri, a un ¨¢rbitro sancionado por corrupci¨®n como Massimo de Santis y hasta a la hija menor de Silvio Berlusconi.

Los tres principales acusados por el caso masivo de espionaje, Marco Mancini (n¨²mero dos del servicio de espionaje militar), Giuliano Tavaroli (jefe de seguridad de Telecom) y Emanuele Cipriani (due?o de una agencia de detectives y cerebro financiero del grupo) empezaron ayer a prestar declaraci¨®n ante el juez milan¨¦s que instruye el caso. Tavaroli asegur¨® que nunca hab¨ªa informado de sus actividades a Marco Tronchetti, presidente de Telecom. Seg¨²n el abogado de Cipriani, los tres intentaron explicar al juez que "el asunto se hab¨ªa exagerado" y que s¨®lo se hab¨ªa producido "un intercambio ocasional de datos" entre el espionaje militar y Telecom "por razones de amistad personal" entre los implicados.