Los socialistas logran el respaldo del PP en el Congreso a la Ley de Dependencia

Acuerdo pese a las discrepancias. El Partido Popular y el PSOE alcanzaron ayer un pacto que garantiza un amplio respaldo al proyecto de Ley de Dependencia, que est¨¢ previsto votar el jueves en el pleno del Congreso. El acuerdo se alcanz¨® despu¨¦s de que se concretaran aspectos de financiaci¨®n (con copago por los usuarios incluido) y la atenci¨®n a los menores de tres a?os. ERC, IV, BNG, CC y CHA tambi¨¦n apoyan el proyecto. En cambio, CiU y PNV se oponen porque, en su opini¨®n, vulnera las competencias auton¨®micas. EA y Nafarroa Bai no se pronunciaron.

"Queremos que esta ley, presentada como una ley de izquierdas, sea una ley de todos. No s¨¦ si el Gobierno se lo merec¨ªa, pero las personas dependientes, s¨ª", afirm¨® ayer Miguel Barrachina, uno de los dos ponentes del PP para el proyecto de Ley de Promoci¨®n de la Autonom¨ªa Personal y Atenci¨®n a las Personas Dependientes (Ley de Dependencia). Poco antes hab¨ªa quedado aprobado el dictamen de la ponencia en la Comisi¨®n de Trabajo y Asuntos Sociales.

Est¨¢ previsto que la ley se vote en el Pleno del Congreso el jueves, para pasar luego al Senado. El Gobierno pretende que la norma, que establecer¨¢ el derecho de las personas que no se valen por s¨ª mismas a recibir atenci¨®n p¨²blica, entre en vigor en enero. Su aplicaci¨®n ser¨¢ gradual, y comenzar¨¢ por "los grandes dependientes, seguidos de los moderados y los leves", explic¨® la portavoz del PSOE, Marisol P¨¦rez, quien present¨® el acuerdo a la prensa junto a la portavoz de IV, Carme Garc¨ªa, y el de ERC, Joan Tard¨¢. En total, un 3% de la poblaci¨®n podr¨¢ beneficiarse de la norma cuando se implante totalmente.

El PP hab¨ªa presentado "143 enmiendas a una ley con 47 art¨ªculos", se?al¨® Barrachina. "Se nos han aceptado 55 de forma total o parcial". La secretaria de Pol¨ªticas Sociales del PP, Ana Pastor, y Barrachina destacaron entre los cambios "el establecimiento de un sistema de financiaci¨®n con criterios de objetivos". La ley ser¨¢ cofinanciada por el Gobierno central y comunidades aut¨®nomas a partes iguales, m¨¢s la aportaci¨®n de los beneficiarios en funci¨®n de su renta y patrimonio.

Tambi¨¦n se aclaran los mecanismos de acceso de las personas con discapacidad ps¨ªquica y de los menores de tres a?os. "No es un proyecto perfecto, pero se acerca m¨¢s a lo que queremos", dijo Pastor, para quien el modelo debe ser el de la sanidad p¨²blica, con derecho universal, un Consejo Interterritorial en el que el Gobierno no tenga mayor¨ªa, una cartera de servicios m¨ªnimos pactada e incluso un Fondo de Cohesi¨®n que pague la atenci¨®n a desplazados.

El PP no ha logrado otros objetivos, como la gratuidad de la atenci¨®n a las personas con gran dependencia, aunque ¨¦stas tendr¨¢n preferencia para recibir cuidados. Junto a la ley contra la violencia de g¨¦nero, ¨¦sta es la ¨²nica ley social acordada por el PSOE y el PP esta legislatura.

PNV y CiU no criticaron tanto el fondo de la ley (que se atienda a las personas dependientes) como su engranaje legal. La atenci¨®n social es "competencia exclusiva de las comunidades", dijo el portavoz de CiU, Carles Campuzano, por lo que la ley "es inconstitucional". Campuzano admiti¨® que su partido no pod¨ªa, de momento, recurrirla porque no tiene 50 diputados en las Cortes y el Parlamento catal¨¢n est¨¢ disuelto. Aparte de la invasi¨®n de competencias, el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, critic¨® que la atenci¨®n "no es universal [el acceso depende de unos baremos], p¨²blica [los servicios se contratar¨¢n con instituciones privadas], ni gratuita [habr¨¢ copago]".