La Junta se personar¨¢ como acusacion en la operaci¨®n Malaya

La Junta de Andaluc¨ªa estar¨¢ representada en la causa judicial abierta por la operaci¨®n Malaya. El Consejo de Gobierno regional autoriz¨® ayer a sus servicios jur¨ªdicos que den los pasos necesarios para la personaci¨®n de la Junta como Administraci¨®n p¨²blica perjudicada en el sumario contra la corrupci¨®n municipal en Marbella. A juicio del Ejecutivo andaluz, el caos urban¨ªstico en que han sumido a la ciudad los imputados en el caso "puede ocasionar graves perjuicios para la Administraci¨®n auton¨®mica, obligada a desarrollar pol¨ªticas e inversiones en defensa del inter¨¦s general".

El Gobierno regional aprob¨® el pasado 19 de septiembre el proyecto de la ley por la que se conceder¨¢ un cr¨¦dito extraordinario de 100 millones de euros a la Comisi¨®n Gestora que actualmente gobierna el municipio de forma provisional tras la disoluci¨®n del Consistorio por decreto del Consejo de Ministros. Este proyecto de ley est¨¢ pendiente de su aprobaci¨®n por el Parlamento andaluz, que lo tramitar¨¢ por el procedimiento de urgencia.

En abril, el ¨®rgano legislativo inst¨® al Gobierno regional a personarse en la causa judicial "para velar por que se restituya lo saqueado al municipio de Marbella". Con anterioridad a la apertura el sumario, la Junta llev¨® a cabo 389 impugnaciones de licencias urban¨ªsticas, 91 actos de suspensi¨®n por ¨®rganos judiciales, 117 comunicaciones a la Fiscal¨ªa por actuaciones con indicios delictivos, 12 visitas de inspecci¨®n urban¨ªstica, 250 requerimientos para la incoaci¨®n de inspecciones sancionadoras y 55 requerimientos de revisi¨®n de oficio de licencias concedidas irregularmente.

Mu?oz vuelve al juzgado

Una de estas causas urban¨ªsticas oblig¨® ayer al ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz y a los ex concejales del antiguo GIL Tom¨¢s Re?ones, Jos¨¦ Luis Fern¨¢ndez Garrosa y Rafael Gonz¨¢lez a salir de la prisi¨®n de Alhaur¨ªn de la Torre para declarar ante un juzgado de Marbella. Otros dos ex ediles, Alberto Garc¨ªa y Marisa Alcal¨¢, en libertad, acudieron para responder de un supuesto delito contra la ordenaci¨®n del territorio por haber permitido la construcci¨®n de una gasolinera y un conjunto de viviendas en suelo calificado para parques y jardines en el a?o 2002.

Ernesto Osuna, abogado de Mu?oz, asegur¨® que los imputados actuaron de acuerdo con el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 1998, nunca reconocido por la Junta de Andaluc¨ªa. El letrado se?al¨® que en el momento en que sucedieron los hechos "se pensaba que era correcta" la concesi¨®n de dichas licencias y matiz¨® que, "incluso cuando se solicitaba a la Junta de Andaluc¨ªa la suspensi¨®n cautelar de licencias dadas conforme al plan del 98, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) nunca la conced¨ªa, lo cual induc¨ªa quiz¨¢s a pensar que se estaba actuando correctamente".