Decenas de municipios valencianos acumulan miles de casas al margen de la legalidad

La proliferaci¨®n de casas ilegales es una realidad palpable en el urbanismo de la Comunidad Valenciana. El fen¨®meno se extiende de norte a sur: en la costa o en plena huerta se han levantado, a partir de los a?os noventa, miles de casas en suelo no urbanizable y sin licencia. Municipios como el de Orihuela, gobernado por el PP, acumulan m¨¢s de 30.000 casas irregulares. Sin embargo, la Generalitat ha intervenido en un caso, el del municipio alicantino de Catral, del PSOE, al que ha retirado las competencias urban¨ªsticas por un n¨²mero de casas ilegales inferior, unas 1.200.

El gobierno auton¨®mico valenciano acord¨® el mi¨¦rcoles la suspensi¨®n de las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento de Catral, que preside el socialista Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez. El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, justific¨® la medida ante la "relajaci¨®n del Ayuntamiento" por la construcci¨®n de 1.200 viviendas ilegales en suelo no urbanizable en los ¨²ltimos a?os.

Seg¨²n el consejero, la intervenci¨®n era "inaplazable". Pero la Generalitat no es la primera en actuar contra el desorden urban¨ªstico de Catral. La masiva construcci¨®n de viviendas ilegales en plena huerta del t¨¦rmino de Catral ya es objeto de una investigaci¨®n judicial que dirige el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Orihuela, a ra¨ªz de una denuncia presentada en agosto de 2004 por la Asociaci¨®n Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). La entidad denunci¨® por prevaricaci¨®n y supuesto delito contra la ordenaci¨®n del territorio al alcalde, los cuatro concejales de la comisi¨®n de gobierno local, cuatro constructores y una decena de peque?as inmobiliarias, cuyo ¨¢mbito de actuaci¨®n tambi¨¦n se circunscribe al ¨¢mbito del sur de la provincia de Alicante. Estas inmobiliarias son las encargadas de poner en el mercado las viviendas. Sus propietarios son mayoritariamente extranjeros. Uno de ellos, un ciudadano holand¨¦s, afiliado de la asociaci¨®n, fue el impulsor de la denuncia en los juzgados al descubrir la "ilegalidad" de la vivienda que hab¨ªa adquirido.

Entre los promotores denunciados por la AECU, se encuentra Jes¨²s Grau Gelardo (hermano de la concejala Pilar Grau Gelardo), Gin¨¦s Ruiz L¨®pez (cu?ado del alcalde) y Mar¨ªa ?ngeles Rodr¨ªguez Leal (hermana del alcalde).

El colectivo denunci¨® "que el alcalde, la junta de gobierno y los funcionarios de Catral, a veces incluso con informes en contra del arquitecto y del secretario municipal, aprueban segregaciones y parcelaciones aparentemente agrarias, pero realmente urban¨ªsticas, con la clara finalidad de edificar".

En diciembre de 2004, el juez del caso dict¨® una providencia en la que, entre otros extremos, ped¨ªa al Servicio de Protecci¨®n de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que identificara a los constructores de las edificaciones efectuadas en suelo no urbanizable y dirig¨ªa un escrito a la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda para que informara si ten¨ªa conocimiento o hab¨ªa autorizado las edificaciones en suelo no urbanizable de Catral.

Las edificaciones ilegales son una constante en el urbanismo valenciano. El primer repunte se produjo con el tardofranquismo. Ninguna de esas edificaciones -el caso m¨¢s llamativo fue el Marjaler¨ªa, con miles de casas en la huerta del t¨¦rmino de Castell¨®n- se demoli¨®. Fueron legalizadas mediante convenios urban¨ªsticos.

En plena democracia y al socaire del boom inmobiliario, proliferaron m¨¢s edificaciones ilegales. Los puntos elegidos por los promotores para levantar urbanizaciones al margen de la ley fueron, otra vez, la costa y el suelo agr¨ªcola. En el sur de la Comunidad Valenciana los ejemplos m¨¢s llamativos de este urbanismo al margen de la ley, adem¨¢s de Catral, son los municipios de Orihuela, San Miguel de Salinas y Callosa de Segura. El primero gobernado por el PSOE y los tres ¨²ltimos, en manos del PP.

En el t¨¦rmino de municipal de Orihuela, uno de los m¨¢s extensos de la Comunidad Valenciana, seg¨²n la oposici¨®n, se han levantado en los ¨²ltimos 20 a?os unas 30.000 casas de manera ilegal. La mayor¨ªa, ubicadas en las partidas rurales de las pedan¨ªas del municipio, como es el caso de una casa de la actual concejal de urbanismo, Eva Ortiz. La irregularidad m¨¢s com¨²n ha sido la construcci¨®n en suelo no urbanizable y de especial protecci¨®n. La adjudicaci¨®n de planes urban¨ªsticos de estas caracter¨ªsticas a promotores locales es el eje de la denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n al Consistorio oriolano. Los supuestos hechos delictivos han acarreado la imputaci¨®n del alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, en el cargo desde 1996. El pol¨ªtico popular ha anunciado que no opta a la reelecci¨®n.

Colegio de Arquitectos

El municipio de San Miguel de Salinas, contiguo a Catral, acumula hasta 11 iniciativas urban¨ªsticas ilegales, con m¨¢s de dos centenares de viviendas. Todos estos casos han sido denunciados a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n por la Asociaci¨®n de Vecinos San Miguel Arc¨¢ngel. Entre los proyectos ilegales destacan, un campo de golf y una mansi¨®n en suelo protegido.

La suspensi¨®n de las competencias urban¨ªsticas a un Ayuntamiento, por primera vez en la historia de la Generalitat valenciana, ha motivado la convocatoria de una reuni¨®n urgente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana para hoy. El decano del colegio, Juan Castillo Carpio, justifica la convocatoria por la "gravedad" de la situaci¨®n.