El Tribunal de Cuentas abre diligencias para enjuiciar contratos de Trabajo de la era Zaplana

Antonio de la Rosa, consejero de la secci¨®n de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, propuesto por el PP, ha iniciado "diligencias preliminares" para enjuiciar el posible perjuicio econ¨®mico causado a las arcas p¨²blicas por tres contratos de publicidad celebrados por la c¨²pula ministerial de Trabajo durante el mandato de Eduardo Zaplana. Esta iniciativa es consecuencia del informe fiscalizador aprobado en 2006 y elaborado por el consejero Ciriaco de Vicente, propuesto por el PSOE. De la Rosa se ha dirigido ya a los distintos organismos de Trabajo que pudieron verse perjudicados econ¨®micamente para que, si lo creen pertinente, se sumen al procedimiento abierto en calidad de perjudicados por la c¨²pula ministerial de dicho ministerio durante la etapa de Zaplana. La actuaci¨®n del citado consejero se ci?e a tres contratos:

- Contrato de asesoramiento jur¨ªdico sobre el Plan de Comunicaci¨®n Global.

Fue adjudicado por el propio Ministerio de Trabajo sobre un plan de Comunicaci¨®n para garantizar su legalidad. Fue otorgado cuando ya hab¨ªa concluido. De ah¨ª que el fiscal viera las siguientes anomal¨ªas en este caso. "Que en dicha fecha hab¨ªa concluido todo el proceso del convenio y del contrato, con lo que el informe solicitado resultaba inoperante e innecesario.

- Que el ministerio contaba, sin duda, con el trabajo gratuito de los servicios jur¨ªdicos del Estado.

- Que la empresa jur¨ªdica consultora privada, con fecha 12 de abril de 2004, emiti¨® su informe por el que se abonaron 11.948 euros. El pago de estos honorarios supone un quebranto para el tesoro p¨²blico, absolutamente prescindible e innecesario".

- Campa?a de pensiones de 2004. Contratado por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). La campa?a dicho y hecho de Trabajo de 2004 coincidi¨® con la campa?a electoral del 14-M, por lo que fue suspendida por la Junta Electoral. A juicio de la fiscal¨ªa, tal solapamiento era previsible y evitable. "Era evidente la coincidencia entre los d¨ªas de desarrollo de la contrataci¨®n publicitaria y la prohibici¨®n de la misma los d¨ªas 20 a 25 de enero. Sin embargo, el trabajo contratado por la empresa adjudicataria, Over M¨¢rketing, para los d¨ªas de coincidencia debi¨® abonarse, como as¨ª se hizo con el consiguiente quebranto del tesoro p¨²blico como consecuencia de la ligereza con que actu¨® la Administraci¨®n. El reembolso de la cantidad ha de ser corregido inmediatamente mediante enjuiciamiento por alcance en base a una indiciaria responsabilidad contable". La Abogac¨ªa del Estado iba m¨¢s lejos y consideraba que todo el contrato fue injustificado, por tanto, deber¨ªa reintegrarse su monto global, 7,2 millones de euros.

- Campa?a contra el fraude en la Seguridad Social de 2002. Lo contrat¨® la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social. Al separar la creatividad del plan de medios, se realiz¨® un irregular fraccionamiento del contrato, lo que ya ser¨ªa ilegal, pero, adem¨¢s, fue imposible su coordinaci¨®n y, por tanto, su ejecuci¨®n. "En consecuencia, la Administraci¨®n debi¨® abonar a la empresa adjudicataria de creatividad 480.810 euros por el in¨²til trabajo desarrollado y, adem¨¢s, debi¨® abonar el gasto de publicidad del segundo que despu¨¦s se declar¨® desierto por un valor de 11.236 euros. Es decir, que las arcas del Tesoro sufrieron un perjuicio de 492.046 euros".

En estos tres contratos presuntamente constitutivos de alcance, seg¨²n coincid¨ªan el informe, el fiscal y la Abogac¨ªa del Estado, se han centrado las diligencias preliminares de De la Rosa, que ha ofrecido a los distintos organismos concernidos personarse en el procedimiento con vistas a una posible demanda por el supuesto perjuicio, lo que ya han hecho algunos. Igualmente, se ha ofrecido sumarse a dichas diligencias a la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas, que, igualmente, ya se ha personado en alguno de estos tres casos. Tras la personaci¨®n, los siguientes pasos ser¨ªan el nombramiento del delegado instructor, que fijar¨ªa la cuant¨ªa inicial del da?o econ¨®mico y luego la presentaci¨®n de las eventuales demandas por los tres perjudicados y por la fiscal¨ªa.