Lo que importa

Frente a tanto debate artificioso con nula incidencia en la vida de los ciudadanos, es bueno que los dos grandes partidos nacionales se hayan puesto de acuerdo para sacar adelante la Ley de Dependencia, aprobada en el Congreso. Esta ley aspira a dar respuesta a un vac¨ªo en nuestro Estado de bienestar: la existencia de m¨¢s de un mill¨®n de espa?oles que no pueden valerse por s¨ª mismos por razones de edad o de invalidez de cualquier orden y carecen de ayuda p¨²blica alguna. La ley les garantiza el derecho a recibir asistencia domiciliaria o en instalaciones p¨²blicas y contempla la posibilidad de ayudas econ¨®micas a los familiares que se ocupan de ellos. Se espera que de aqu¨ª al pleno despliegue de la ley, en ocho a?os, se creen 300.000 nuevos empleos relacionados con ella.

Ese plazo hasta 2015 hace especialmente oportuno el acuerdo alcanzado por los dos partidos con posibilidades de gobernar. Pero ser¨ªa deseable que en el Senado se intentase incorporar a los nacionalistas que han votado en contra (CiU y PNV, fundamentalmente), que tienen o tuvieron y pueden volver a tener responsabilidades de gobierno en sus comunidades. Lo que la norma garantiza es un nivel m¨ªnimo de prestaciones, que las comunidades pueden ampliar con cargo a sus presupuestos. Ello obligar¨¢ a establecer convenios con cada una de ellas que fijen los criterios del copago de los beneficiarios en funci¨®n de su renta y patrimonio, el cat¨¢logo espec¨ªfico de servicios y la aportaci¨®n de cada parte a la financiaci¨®n compartida.

CiU y PNV, as¨ª como EA y Nafarroa Bai, han justificado su rechazo con el argumento de que la ley invade competencias exclusivas de las autonom¨ªas, lo que niega el Gobierno. Formaciones nacionalistas de izquierda como ERC o el BNG han votado a favor, lo que indica que el asunto admite interpretaciones diferentes. Pero, con independencia del debate jur¨ªdico-competencial, ser¨ªa un error que los partidos que han votado en contra ignorasen que a estas alturas la opini¨®n p¨²blica relativiza la cuesti¨®n de la titularidad y lo que exige es la mayor eficacia en la prestaci¨®n del servicio. En Espa?a la descentralizaci¨®n del gasto (y especialmente del gasto social) es de las m¨¢s altas del mundo. En 2004, las comunidades aut¨®nomas gestionaron el 49,1% del gasto p¨²blico total (una vez excluidas las pensiones contributivas y los intereses de la deuda) frente al 31,9% de la Administraci¨®n central, por lo que no parece que los problemas del Estado de bienestar vengan por ese lado.

Pocas leyes han contado esta legislatura con el respaldo del PP: la de Violencia de G¨¦nero y la de Tropa y Mariner¨ªa eran las ¨²nicas hasta hace poco. Estos ¨²ltimos d¨ªas ha habido acuerdo sobre la Ley de Defensa del Consumidor y ahora la de Dependencia. Indica que sigue existiendo la posibilidad de compartir iniciativas cuando se coloca en primer plano el inter¨¦s de los ciudadanos y no el de marcar terreno partidista.