Zapatero sugiere a Batasuna que su legalizaci¨®n no acarrear¨¢ ning¨²n problema

El jefe del Ejecutivo aprovech¨® la recepci¨®n en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional para despejar los recelos de Batasuna sobre su legalizaci¨®n por la v¨ªa de la Ley de Partidos, lo que de paso permitir¨ªa su participaci¨®n en la mesa pol¨ªtica sobre el futuro de Euskadi que pretenden crear los nacionalistas y los socialistas vascos.

Batasuna, que dispone de varios borradores y f¨®rmulas para su legalizaci¨®n, teme que su paso por la ventanilla de la Ley de Partidos, con nuevos estatutos y nueva sigla, sea insuficiente, al existir abierta la v¨ªa penal por la que el juez Baltasar Garz¨®n suspendi¨® las actividades de Batasuna en agosto de 2002 por un periodo de tres a?os, que posteriormente fue prorrogado por el magistrado Fernando Grande-Marlaska.

Zapatero trat¨® ayer de despejar esos recelos de los l¨ªderes de Batasuna al apuntar que "el ordenamiento jur¨ªdico no puede llegar a una contradicci¨®n insalvable" de legalizar a un partido por la Ley de Partidos e impedir sus actuaciones, despu¨¦s, en aplicaci¨®n de la v¨ªa penal.

La Ley de Partidos establece que para la ilegalizaci¨®n de una formaci¨®n pol¨ªtica hace falta que el Gobierno o la Fiscal¨ªa General del Estado promueva esa iniciativa. Su art¨ªculo 11 establece: "Est¨¢n legitimados para instar la declaraci¨®n de ilegalidad de un partido pol¨ªtico y su consecuente disoluci¨®n, en virtud de lo dispuesto en los p¨¢rrafos b) y c) del apartado 2 del art¨ªculo anterior de esta Ley Org¨¢nica, el Gobierno y el Ministerio Fiscal. El Congreso de los Diputados o el Senado podr¨¢n instar al Gobierno que solicite la ilegalizaci¨®n de un partido pol¨ªtico, quedando obligado el Gobierno a formalizar la correspondiente solicitud de ilegalizaci¨®n, previa deliberaci¨®n del Consejo de Ministros, por las causas recogidas en el art¨ªculo 9 de la presente Ley Org¨¢nica. La tramitaci¨®n de este acuerdo se ajustar¨¢ al procedimiento establecido, respectivamente, por la Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado".

Entrada en vigor de la ley

Desde la entrada en vigor de esa Ley, en 2002, la fiscal¨ªa ha instado en varias ocasiones la ilegalizaci¨®n de formaciones pol¨ªticas en las que participaban miembros de Batasuna y que pretendieron presentarse a elecciones europeas, municipales y auton¨®micas.

En el caso de la ilegalizaci¨®n de Batasuna, la iniciativa correspondi¨® al Ejecutivo presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y a la Fiscal¨ªa General del Estado, que entonces encabezaba Jes¨²s Cardenal.

El presidente del Gobierno evit¨® ayer apremiar a Batasuna sobre los plazos para tramitar su legalizaci¨®n. Cuando se le pregunt¨® para cu¨¢ndo espera que Batasuna pida su legalizaci¨®n, se limit¨® a responder: "Lo ¨²nico que s¨¦ es que deber¨¢ ser antes de las elecciones municipales" del pr¨®ximo mes de mayo. En todo caso, dej¨® claro que "ning¨²n partido que no est¨¦ dentro de la legalidad formar¨¢ parte de la mesa de di¨¢logo de los partidos vascos".

Zapatero ofreci¨® ayer una versi¨®n serena de la marcha del proceso para el fin de la violencia terrorista en el Pa¨ªs Vasco. "Va razonablemente bien en tiempo y forma", diagnostic¨®, e incluso evit¨® calificar como "bloqueo" la situaci¨®n vivida en los ¨²ltimos meses, como el aplazamiento de las conversaciones entre Gobierno y ETA, al se?alar: "Unas veces se avanza m¨¢s deprisa y otras m¨¢s despacio, en funci¨®n de si hay m¨¢s o menos tensi¨®n".

El presidente del Gobierno plante¨® que el principal obst¨¢culo del proceso de paz en estos momentos es la persistencia de la kale borroka (terrorismo callejero), cuyo cese reclam¨® "definitiva y totalmente" porque su permanencia es "muy perjudicial" para el proceso de paz.

Sin se?alar que la pervivencia de la kale borroka incide directamente en la adopci¨®n de medidas penitenciarias por parte del Gobierno, indic¨® que el acercamiento de presos a las c¨¢rceles del Pa¨ªs Vasco se har¨¢ "de modo natural".

Zapatero insisti¨® en que el miembro de ETA I?aki de Juana Chaos puso fin a su huelga de hambre por decisi¨®n propia, sin que el Gobierno interviniera o negociara nada con ETA.