El interlocutor inc¨®modo

Desaparecida en la Constituci¨®n de 1978 toda confesionalidad del Estado, muchos cre¨ªan l¨®gico que se suprimiese la obligaci¨®n de impartir ense?anza religiosa confesional en la escuela estatal. Reclamaban, en cambio, una ense?anza de las religiones en todas sus facetas, igual y obligatoria para todos los chicos, independientemente de sus creencias. La tesis era que un ni?o que ignore la historia del juda¨ªsmo, por ejemplo, ser¨¢ incapaz de comprender expresiones como

"eres un Ad¨¢n" o "esto parece Babel". La religi¨®n confesional, conclu¨ªan, deb¨ªa ser responsabilidad de cada iglesia o confesi¨®n, fuera de las escuelas o, en todo caso, fuera del horario escolar.

Lo cierto es que, pese a la ponderada aconfesionalidad del Estado,

lo que se discute ahora no es el car¨¢cter cient¨ªfico de una posible asignatura sobre las religiones, sino si una confesi¨®n tiene derecho a ense?ar, por su cuenta y con profesores

propios, un espec¨ªfico credo, literalmente como en una catequesis parroquial, pero en el ¨¢mbito de la escuela, con dinero p¨²blico y s¨®lo a un sector de los alumnos, imponiendo al resto una asignatura alternativa, a la misma hora y con igual exigencia acad¨¦mica. Es el caso de la Iglesia cat¨®lica, como consecuencia de lo pactado en Roma en 1979 entre Espa?a y el Estado vaticano. Decenas de miles de docentes de catolicismo cobran del Estado cada a?o m¨¢s de 300 millones de euros por esa funci¨®n.

?Y las otras religiones? Para mitigar una situaci¨®n de evidente privilegio, que convierte a Espa?a en un Estado confesional cat¨®lico encubierto, el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez acord¨® abrir lo pactado con Roma a otras religiones de "notorio arraigo" seg¨²n el baremo del propio Estado (jud¨ªos, protestantes y musulmanes, de momento). Fue en 1992, mediante tres leyes publicadas en el BOE el 12 de noviembre de ese a?o. Acuerdos posteriores pactaron "la designaci¨®n y r¨¦gimen econ¨®mico de las personas encargadas de la docencia de dichas ense?anzas".

Lo acordado debi¨® integrar en el sistema a cientos de miles de ni?os musulmanes, jud¨ªos o protestantes. No fue as¨ª, sobre todo por dejadez pol¨ªtica, achacable a los ministerios de Educaci¨®n o de Justicia (durante los ocho a?os de Gobierno del PP la direcci¨®n general de Asuntos Religiosos estuvo en manos de un miembro del Opus Dei), y a las Comunidades Aut¨®nomas con competencia plena en educaci¨®n, todos ellos inc¨®modos ante el hecho religioso minoritario, sobre todo el isl¨¢mico, tras d¨¦cadas de furibundo nacionalcatolicismo.

Lo cierto es que, hoy por hoy, apenas un 1% de los 100.000 hijos de musulmanes residentes en Espa?a tienen protegido ese derecho, si quisieran acceder a ¨¦l. La mayor¨ªa de los centros no les ofrece tal posibilidad y, si la solicitaran como se contempla en los acuerdos, no habr¨ªa profesorado disponible. El Ministerio de Educaci¨®n, que ahora ni siquiera tiene los datos de la situaci¨®n, anunci¨® el a?o pasado que dispon¨ªa de presupuesto para 20 docentes de islamismo. Hoy se necesitar¨ªan al menos 500. Adem¨¢s, el Gobierno exige al menos diez alumnos en cada centro para dotarlo de un docente, "como si el ejercicio de un derecho fundamental tuviera que ver con el n¨²mero de sus reclamantes", se lament¨® ayer el dirigente musulm¨¢n cordob¨¦s Mansur Escudero.