Estado de alerta

La avalancha de casos de corrupci¨®n urban¨ªstica empieza a provocar una indisimulada alarma social entre los espa?oles. Por citar s¨®lo los ¨²ltimos conocidos, en Ciempozuelos, el alcalde socialista fue obligado a dimitir debido a graves irregularidades en la recalificaci¨®n masiva de terrenos; en Murcia han aparecido recalificaciones de terrenos de las que se lucra un concejal del PP de ?guilas; el director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid present¨® su dimisi¨®n despu¨¦s de que se descubrieran planes urban¨ªsticos en los se beneficiaron, entre otros, empresas en las que ¨¦l mismo participaba y familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Todos estos casos se suman al vergonzoso expolio de Marbella -uno de cuyos imputados, Fidel San Rom¨¢n, aparece implicado en el caso de Ciempozuelos- o las flagrantes irregularidades en Orihuela, Alicante, Tenerife o Torrevieja. Los ayuntamientos y las comunidades aut¨®nomas est¨¢n perdiendo su credibilidad a borbotones frente a unos ciudadanos que se sienten estafados por pol¨ªticos y camarillas de especuladores.

La mera enumeraci¨®n anterior confirma que la peste de la corrupci¨®n urban¨ªstica afecta a todos los partidos. Varias razones explican esta transversalidad. Los ayuntamientos carecen de ingresos suficientes para desarrollar sus inversiones, unas veces necesarias y otras simplemente fara¨®nicas; los partidos pol¨ªticos gastan mucho m¨¢s de lo que ingresan por v¨ªas legales; y la ley confiere a los ayuntamientos poderes casi absolutos sobre el uso del suelo. Es frecuente, adem¨¢s, que corporaciones locales de distinto signo pol¨ªtico recurran a los mismos mediadores y agentes que conectan a compradores vendedores.

Que la corrupci¨®n no sea patrimonio de un solo partido no significa que las reacciones sean las mismas. Hasta ahora, el PSOE ha actuado institucionalmente con rapidez y firmeza. Condena verbalmente la corrupci¨®n, pero tambi¨¦n ha instado la dimisi¨®n de los cargos municipales implicados en casos comprometedores. La dimisi¨®n del alcalde de Ciempozuelos es un buen ejemplo. En cambio, el PP suele responder con la l¨®gica perversa de negar los hechos y mantener en sus listas a los cargos imputados por fraude. Su pretexto favorito es que la "presunci¨®n de inocencia no prescribe hasta que el juez dicta sentencia de culpabilidad", como si la responsabilidad pol¨ªtica y la civil o penal no fueran diferentes.

No se acabar¨¢ con esta repugnante amenaza contra el sistema democr¨¢tico mientras no se enfoque como un problema de Estado con todas las consecuencias. Las recetas contra la corrupci¨®n se conocen. Hay que evitar, mediante f¨®rmulas conocidas de gesti¨®n municipal, la multiplicaci¨®n de intermediarios par¨¢sitos que encarecen sucesivamente el precio del suelo; hay que recuperar la figura de los interventores municipales, adscribi¨¦ndolos a instancias independientes de los propios ayuntamientos; hay que imponer mecanismos inmediatos de control y de veto sobre los planes urban¨ªsticos; hay que aplicar las reformas legales necesarias para controlar la financiaci¨®n de los partidos y de los ayuntamientos; y hay que exigir la restituci¨®n del dinero obtenido mediante el soborno y la compra de voluntades. En este estado de alerta urban¨ªstica, el Gobierno deber¨ªa encargarse de organizar con urgencia ¨¦stas y otras medidas para defender a los ciudadanos de este latrocinio organizado.