Del Consejo: lo que faltaba

Hace ya bastantes a?os, concretamente en julio de 1994, escrib¨ª en este peri¨®dico un art¨ªculo titulado ?Consejo de usar y tirar? Tal intervenci¨®n fue debida a "la pat¨¦tica situaci¨®n de desguace" por la que en ese momento pasaba la instituci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, resultado del juego meramente instrumental de la misma en el tablero de la pol¨ªtica tout court. La verdad es que, al rotular de ese modo un tanto lapidario, cre¨ªa estar discurriendo en el territorio de la an¨¦cdota. Es decir, bajo el est¨ªmulo de circunstancias propias de una desafortunada coyuntura, que podr¨ªa no repetirse -siquiera con semejante ¨ªndice de gravedad- con una nueva composici¨®n personal del ¨®rgano. Pero no: sin saberlo, me mov¨ªa en el plano de la categor¨ªa.

Aunque pueda parecer pretencioso: estaba caracterizando un tipo bien poco ideal de Consejo: el antimod¨¦lico Consejo espa?ol. ?se que los entusiastas de la enmienda Brandr¨¦s, con patente frivolidad, no dudaron en calificar de "democr¨¢tico", frente al "corporativo". Que es como -tiene su gracia- se defini¨® aqu¨ª al italiano. En abierto contraste con las aportaciones de constitucionalistas como Pizzorusso, Zagrebelsky, Silvestri y tantos otros, bien poco sospechosos de judicialismo ingenuo. Y despreciando actitudes tan elocuentes como la de Pertini en la presidencia de la instituci¨®n. Pero ?por qu¨¦ iba a importar cuando aqu¨ª la cosa iba de revoluci¨®n, que no de reforma?

Antes a¨²n, en 1985, tambi¨¦n en este mismo medio, bajo otro interrogante: ?M¨¢s democracia para la justicia?, hab¨ªa expresado preocupaci¨®n por la constitucionalidad y consecuencias previsibles del proyecto de Ley Org¨¢nica en la materia. Subrayando tambi¨¦n que en el sistema constitucional vigente "m¨¢s parlamento", a partir de un cierto l¨ªmite, no significa "m¨¢s democracia". Y, en fin, vaticinado que el cambio legal en ciernes acabar¨ªa por hacer de las asociaciones judiciales simples "agencias colaterales y funcionales a los partidos" y, en general, de los jueces interesados en acceder a la instituci¨®n, "un colectivo de aspirantes pasivizado y expectante", puesto a disposici¨®n de las ejecutivas de aqu¨¦llos.

No lo traigo aqu¨ª a colaci¨®n por el placer de vestirme de profeta (que no habr¨ªa sido el ¨²nico), sino para poner de manifiesto que lo que ahora escandaliza -si escandaliza ya- es fruto de la irreflexi¨®n culpable, nutrida por una preocupante falta de lealtad constitucional y con traducci¨®n en un pobre ejercicio de bricolaje institucional para andar por casa. Cierto que apocal¨ªpticamente contestado en origen por el partido a la saz¨®n opositor. Pero cierto tambi¨¦n que, como en el caso del divorcio y del aborto, y como el tiempo ha demostrado, desde la pura y simple disposici¨®n a jugar al mismo juego sin cambio de baraja. Y, lamentablemente, todo favorecido por la actitud de un Tribunal Constitucional que, emulando a Pilatos, se lav¨® ostensiblemente las manos, advertido y advirtiendo del desastre.

Pues bien, mientras nadie discute la relevancia del papel de la jurisdicci¨®n en el vigente modelo de Estado y la necesidad de que la independencia de los jueces opere como efectiva garant¨ªa de los derechos fundamentales de todos, el ¨®rgano que tiene el cometido constitucional de "gobernar" (mucho mejor dicho: "administrar") ese ¨¢mbito institucional y de gestionar limpiamente el estatuto del juez, incumple en aspectos esenciales su encargo desde hace un cuarto de siglo. Es decir, desde siempre. En tanto que el Parlamento y los partidos pol¨ªticos llevan ese mismo tiempo contribuyendo a mantener tan dram¨¢tica realidad en sus constantes. Con la inapreciable colaboraci¨®n estelar -?ay!- de algunos jueces, a veces fiscales, que en los sucesivos mandatos habr¨ªan descubierto el nada discreto encanto de una forma de hacer pol¨ªtica. Desde luego no pol¨ªtica judicial en su recto sentido.

A favor de anteriores Consejos, hay que reconocer que la fatal trayectoria del ¨®rgano en sus diversas conformaciones sigue un imparable in crescendo, que, para confirmarlo, en el actual, en su ¨²ltimo tramo, adquiere ribetes de apoteosis. Ya no se trata de la indefendible pol¨ªtica (con frecuencia pol¨ªtica a secas) de nombramientos; tampoco de las peculiares intervenciones presidenciales; ni de la end¨¦mica falta de legitimaci¨®n entre los jueces. Ya ni siquiera de la demostrada incapacidad de hallar un espacio al margen de los diversos sectarismos cruzados, para confluir con racionalidad constitucional y democr¨¢tica en algunas decisiones imprescindibles de la diaria gesti¨®n.

No. Lo producido en esta fase terminal implica un verdadero salto de cualidad. ?ltimamente, con dos escenificaciones del mayor formato; responsabilidad, es justo decirlo, del sector mayoritario.

La primera: el erre que erre en el proceder con un nombramiento tan significativo como el de Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en verdadero fraude de jurisdicci¨®n. (Dejo de lado la cuesti¨®n del perfil de los candidatos, que aqu¨ª no es el caso). Hablo del material incumplimiento de lo resuelto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su demoledora sentencia de anulaci¨®n, cuyo fallo ha sido eludido mediante un nada ejemplar ejercicio de motivaci¨®n aparente.

La segunda es la inconcebible intervenci¨®n del vocal Requero, al promover una iniciativa de control administrativo de una actuaci¨®n judicial en curso, simplemente a partir de una informaci¨®n period¨ªstica, y en abierto contraste con lo manifestado por los fiscales y la secretaria de la causa. Actitud ¨¦sta que tiene continuidad lineal en la decisi¨®n de la mayor¨ªa del Consejo de denegar amparo al juez afectado: cuando tendr¨ªa que hab¨¦rselo otorgado, precisamente, frente al inquietante invasivo activismo del vocal.

Insistiendo en la autocita, dir¨¦ que hace unos meses escrib¨ª, tambi¨¦n en este diario, un art¨ªculo de t¨ªtulo Alguien tiene que hacer algo por el Consejo. Era una llamada, cierto que contra toda esperanza, a la sensibilidad y a la responsabilidad de los distintos implicados, sin excepci¨®n. Como se ha visto, concurren las mejores razones para reiterarla con mayor fuerza. Pero tambi¨¦n id¨¦nticos motivos para la desesperanza. ?Ser¨¢ posible?

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez es magistrado.