"Tal sistema no es el legalmente concebido", afirma el fallo

El sistema de contrataci¨®n utilizado por el Ivima en los 12 proyectos de vivienda protegida anulados por la sentencia de 5 de octubre de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior "no es el legalmente concebido" en la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas, seg¨²n el fallo.

El Colegio de Arquitectos recurri¨® esos concursos porque consideraba que se hab¨ªa utilizado la contrataci¨®n conjunta de proyecto y obras, sin concurrir las circunstancias excepcionales y el anteproyecto que exige el art¨ªculo 125 de la citada ley.

"Limita los principios de libre concurrencia y libre competencia en igualdad de oportunidades de los arquitectos por cuanto que los que pretendan licitar a estos concursos deben acudir junto con una empresa constructora", argument¨® el recurso del Colegio. En cambio, agregaba, el supuesto establecido por ley "permite a cualquier arquitecto, con la debida acreditaci¨®n de su solvencia t¨¦cnica" presentar una propuesta sin m¨¢s limitaci¨®n que las del ejercicio de su profesi¨®n.

La sentencia recuerda que la memoria de los expedientes de contrataci¨®n justifica la contrataci¨®n conjunta sobre la base de que la Administraci¨®n pretend¨ªa promover viviendas sostenibles y que aplicar t¨¦cnicas de construcci¨®n ecol¨®gicas -uso de menos materiales, ahorro energ¨¦tico y de agua, dise?o de viviendas adecuadas a las condiciones bioclim¨¢ticas de la zona- implica usar un "sistema constructivo determinante" como dice la ley.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia rechaza esa justificaci¨®n: "La Administraci¨®n pod¨ªa haber licitado sin ning¨²n problema un concurso de proyectos en que se exigiera a los participantes acreditaci¨®n de la solvencia t¨¦cnica relacionada con la edificaci¨®n de viviendas sostenibles, bioclim¨¢ticas o del tipo que deseara (...) y despu¨¦s sacar a concurso la licitaci¨®n de las obras de dicho proyecto".

Viviendas sostenibles

Tambi¨¦n critica la ausencia de un anteproyecto redactado por la Administraci¨®n, que tambi¨¦n exige el art¨ªculo 125 de la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas. En su lugar, el Ivima redact¨® unas bases t¨¦cnicas "que s¨®lo pueden sustituir al proyecto, seg¨²n el precepto, cuando por causas justificadas fuera conveniente al inter¨¦s p¨²blico", considera la sentencia.

El Ivima afirm¨® en este caso que "las condiciones de dise?o y calidad de las viviendas de protecci¨®n p¨²blica permiten una adecuada y suficiente definici¨®n del objeto del contrato junto con la redacci¨®n de las base t¨¦cnicas".

Esta justificaci¨®n tampoco convenci¨® al tribunal que argument¨® que la normativa en vivienda protegida "no implica el automatismo ni la identidad en la concepci¨®n de todas ellas, ni que no pueda realizarse un proyecto de arquitectura, caracterizado precisamente por la diversidad de concepciones que pueden aportar los licitadores".