Anulado un plan del PP para construir 4.000 plazas hoteleras y residenciales en Fuerteventura
Pese a las prohibiciones, se han levantado 748 chal¨¦s y se prev¨¦ el mayor campo de golf europeo
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo un plan parcial aprobado en 2000 por el presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo Gonz¨¢lez Arroyo, que contemplaba construir unas 4.000 camas hoteleras y residenciales en Fuerteventura y que se desarrolla en un tramo de costa virgen al norte de la isla. Pese a que el plan transgred¨ªa las normas subsidiarias y la moratoria tur¨ªstica, la siguiente corporaci¨®n, regida por Coalici¨®n Canaria, mantuvo las camas residenciales y a?adi¨® al proyecto "el mayor campo de golf europeo", seg¨²n publicitan sus promotores. La demanda del grupo local Agonane, de Ecologistas en Acci¨®n, supone un hito para el movimiento ambiental de Canarias.
El Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, ahora anulado, fue redactado por el arquitecto municipal de Salou (Tarragona), Llu¨ªs M. Serra, y promovido por Nombredo SL, empresa asturiana presidida por Zarce?o Prieto. Se est¨¢ construyendo dentro del t¨¦rmino municipal de La Oliva, el segundo de Espa?a en extensi¨®n, con unos 20.000 habitantes, en un lugar de gran valor paisaj¨ªstico y ecol¨®gico. En 1999 la finca principal sali¨® a subasta p¨²blica y fue adquirida por un mill¨®n de pesetas (6.000 euros) por la empresa Lonja Madrid, SA. En 2000, Nombredo SL adquiere esta propiedad, junto con seis fincas m¨¢s dentro del Plan, por 40 millones de pesetas (240.404 euros).
En diciembre de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva de la anterior corporaci¨®n, presidida por el ex alcalde del PP Gonz¨¢lez Arroyo, aprob¨® el Plan Parcial Casas de Majanicho a pesar de que los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios y carec¨ªa de las infraestructuras obligatorias. Con la aprobaci¨®n, la finca pas¨® a valer m¨¢s de 4.000 millones de pesetas (unos 280 millones de euros).
Seg¨²n esta sentencia, el Plan Parcial transgrede las normas relativas al urbanismo y al medio ambiente. La Moratoria tur¨ªstica de Canarias -que no deja desarrollar planes tur¨ªsticos- ya suspendi¨® en su d¨ªa el proyecto, por lo que en esa zona natural no se podr¨ªa haber edificado nada.
El entonces alcalde de La Oliva, Gonz¨¢lez Arroyo, conocido tras sus 24 a?os de mandato municipal como el Marqu¨¦s de las Dunas, aprob¨® a toda prisa ese Plan Parcial, antes de que se publicar¨¢ el contenido de las normas subsidiarias de La Oliva, sin informes b¨¢sicos y sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, y en contra del informe de la COTMAC (Comisi¨®n de Ordenaci¨®n del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias). Y lo m¨¢s grave, permitiendo el uso residencial prohibido por las normas subsidiarias de La Oliva.
A pesar de todo, tras perder el PP la alcald¨ªa en 2003, la nueva corporaci¨®n no fren¨® el desarrollo de est¨¢ urbanizaci¨®n denominada Origo Mare. La nueva alcaldesa, Claudina Morales (CC), ignorando el c¨²mulo de irregularidades ahora reconocidas en la Sentencia del TSJC, en vez de revisar y anular el Plan ilegal firm¨® en 2004 un convenio urban¨ªstico con los promotores del proyecto que mantiene 748 camas residenciales (chal¨¦s) ilegales y reduce las camas hoteleras de 4.000 a 2.000. A cambio, permite instalar un campo de golf, con 27 hoyos y una superficie no inferior a 75 hect¨¢reas, fuera de los terrenos del Plan Parcial y en zona protegida. La mayor¨ªa de las plazas se est¨¢n vendiendo directamente en Reino Unido a jubilados brit¨¢nicos ignorantes de las irregularidades de la urbanizaci¨®n.
Seg¨²n Morales, la ¨²nica alternativa a la firma del convenio, avalado por el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), era indemnizar a los promotores, desechando en todo momento la posibilidad de impugnar judicialmente el Plan, o al menos esperar al resultado de esta sentencia. Las obras de cimentaci¨®n para un futuro hotel se han acelerado este fin de semana al conocer la sentencia.
La firma de ese convenio supuso un antes y un despu¨¦s en el Ayuntamiento de La Oliva, pues la nueva corporaci¨®n se qued¨® en minor¨ªa cuando la alcaldesa expuls¨® al ¨²nico concejal, Jos¨¦ Luis L¨®pez, que se neg¨® a votar a favor del convenio urban¨ªstico por considerarlo ilegal e innecesario. Sobre este convenio pesa otra demanda en el contencioso-administrativo interpuesta tambi¨¦n por Agonane.
Desde entonces han sido varios los convenios firmados entre ese Ayuntamiento y distintos promotores, todos intentando dar cobertura legal a alguno de los 19 Planes Parciales que el anterior alcalde dejo aprobados poco antes de perder las elecciones. En muchos casos, la firma de estos convenios por la nueva corporaci¨®n de CC ha contado con el apoyo del grupo popular, actualmente en la oposici¨®n.
El proyecto urban¨ªstico fue inaugurado el verano pasado con fuegos artificiales, y con la presencia del escritor Alberto V¨¢zquez- Figueroa y miles de invitados, entre ellos el secretario del Cabildo de Fuerteventura, Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, director tambi¨¦n del Plan Insular de Ordenaci¨®n de Fuerteventura (PIOF) y redactor del Plan Tur¨ªstico de la isla, que conoc¨ªa que la urbanizaci¨®n estaba impugnada por los colectivos ecologistas. La Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de Canarias investiga ahora la carretera de acceso, denunciada por los propios agentes de Medio Ambiente del Gobierno canario.
Aves en peligro de extinci¨®n
La reciente resoluci¨®n judicial se?ala la vulneraci¨®n de las normas de procedimiento con incumplimiento de la normativa medioambiental. Destaca que "a la tramitaci¨®n del Plan Parcial se presentaron alegaciones de Agonane y SEO / Birdlife. Los primeros enfatizaban entre otras alegaciones el peligro para la hubara canaria, ave protegida en peligro de extinci¨®n, seg¨²n estudios realizados por Joachim Hellmich, miembro de la comisi¨®n de expertos de Aves Esteparias de la Uni¨®n Internacional para la Conservaci¨®n de la Naturaleza (UINC), y en los que afirmaba que se hab¨ªan avistado hubaras en las ¨¢reas de jable (arenales) de Majanicho". Los segundos, en sus conclusiones, destacaban igualmente la presencia de la hubara canaria en la zona de desarrollo del macroproyecto urban¨ªstico, citando los censos publicados.
Estas alegaciones obtuvieron como ¨²nica respuesta un decreto del alcalde, en el que se afirmaba sin m¨¢s explicaciones que no hab¨ªa "peligro para la hubara pues no habita en las zonas de malpa¨ªs al carecer de alimentos y espacio para su desarrollo, entendi¨¦ndose que no se provoca da?o ecol¨®gico ni paisaj¨ªstico alguno".
Los magistrados se?alan en su sentencia que la respuesta no tiene ning¨²n valor, pues no va precedida de informe t¨¦cnico alguno, y a?aden que los datos aportados por el alcalde no figuran en el expediente, "lo cual de por s¨ª implica vulnerar la participaci¨®n p¨²blica de los ciudadanos en la tramitaci¨®n de los instrumentos de ordenaci¨®n".
Seg¨²n los magistrados del TSJC, "la ausencia de informes es patente. No figura un s¨®lo informe jur¨ªdico municipal en la tramitaci¨®n del expediente; ¨²nicamente existe un informe t¨¦cnico del se?or Carballo del Toro al inicio del expediente en el que se limita a afirmar que se ha cumplido lo indicado en las Normas Subsidiarias y que, por tanto, se deben iniciar los tr¨¢mites de aprobaci¨®n inicial para someterlos a informaci¨®n publica".
Francisco Carballo del Toro, perito electricista y militante del PP, estaba contratado en esa ¨¦poca como asesor del alcalde de La Oliva, Domingo Gonz¨¢lez Arroyo, y era firmante de los informes previos a la concesi¨®n de licencias, seg¨²n denunci¨® en 1998 ante la Fiscal¨ªa del TSJC el entonces arquitecto municipal, cost¨¢ndole el puesto.
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