Promotor y alcalde

?Cu¨¢les son las causas de esa gangrena creciente que es la corrupci¨®n urban¨ªstica municipal, de tal magnitud que hasta el mism¨ªsimo presidente ruso, Vladimir Putin, se ha permitido el lujo de utilizarla p¨²blicamente en las cumbres europeas para sacarse de encima la acusaci¨®n de corrupci¨®n a su Gobierno? ?Ser¨¢ el resultado inevitable de haber transferido las competencias urban¨ªsticas a los Ayuntamientos? Si es as¨ª, ?no ser¨ªa conveniente sac¨¢rselas y devolv¨¦rselas al Estado? Eso es lo que sugieren algunos analistas que, aprovechando la corrupci¨®n, quieren iniciar un viaje de vuelta en la distribuci¨®n de competencias que hizo la Constituci¨®n. Pero no estoy seguro de que esa conclusi¨®n sea el resultado de un buen an¨¢lisis de las causas de la corrupci¨®n municipal.

Imagine que vive en un pa¨ªs en el que el ministro de Industria es, a la vez, el presidente de una de las principales empresas industriales que ¨¦l regula, o que la ministra de Vivienda es, a la vez, consejera delegada de una empresa de promoci¨®n inmobiliaria, beneficiada por sus propias decisiones; o, que un inspector fiscal es el asesor de la empresa a la que tiene que investigar. ?Qu¨¦ dir¨ªa si le preguntasen su opini¨®n sobre estas situaciones? ?Como reaccionar¨ªa en su condici¨®n de ciudadano?

Seguramente pensar¨ªa que es inadmisible, impropio de un estado de derecho. Que eso s¨®lo ocurre en un pa¨ªs bananero, donde lo p¨²blico se confunde con lo privado. O, m¨¢s bien, donde no existe frontera entre esos dos espacios. Seguramente, como ciudadano exigente, pedir¨ªa la dimisi¨®n de los pol¨ªticos implicados, a la vez que apoyar¨ªa el establecimiento de unas reglas claras de incompatibilidad que impidan el desarrollar a la vez las funciones de regulador y regulado.

Imagine ahora que el alcalde de una ciudad de un pa¨ªs cualquiera, o el teniente de alcalde encargado del urbanismo, es, a la vez, promotor inmobiliario con inter¨¦s en unos terrenos que ¨¦l mismo, como alcalde, puede recalificar. Lo l¨®gico ser¨ªa suponer que existen unas reglas claras de incompatibilidad que impiden esa duplicaci¨®n de funciones, el ser juez y parte a la vez.

En este caso no estamos hablando de ning¨²n pa¨ªs bananero, sino de nuestro pa¨ªs. Parece sorprendente, pero as¨ª es. Hemos aceptado, sin cuestionarlo, que el zorro pueda ser el encargado de cuidar a las gallinas.

Naturalmente, no estoy sugiriendo que todos los alcaldes que son a la vez promotores sean unos corruptos. Ni tampoco que la ¨²nica causa de la corrupci¨®n municipal sea esa identificaci¨®n entre intereses privados y p¨²blico. Hay otras, como el hecho de que el urbanismo sea una de las fuentes de financiaci¨®n de los ayuntamientos. Pero esa asociaci¨®n entre promotor y alcalde nos pone en la pista de algo esencial, algo que es la madre de la corrupci¨®n urban¨ªstica: la ausencia de las m¨¢s m¨ªnimas normas legales que impidan la colusi¨®n en este ¨¢mbito entre intereses privados e intereses generales. Esta ausencia de reglas de incompatibilidad es la que ha favorecido una cierta berlusconizaci¨®n de la vida pol¨ªtica municipal espa?ola.

Las consecuencias de este vac¨ªo legal no fueron muy graves mientras no hubo campo para otra cosa que no fuese alguna peque?a alcaldada relacionada con alguna recalificaci¨®n menor, contrato de obra o suministro. Pero las cosas cambiaron a finales de la d¨¦cada de 1990, cuando coincidieron dos hechos diferentes que facilitaron la corrupci¨®n que ahora vemos.

Se trata, por un lado, de la sentencia del a?o 1997 del Tribunal Constitucional, que, a petici¨®n de varias comunidades aut¨®nomas, incluida la Generalitat, anul¨® pr¨¢cticamente -declar¨¢ndola inconstitucional- la ley de 1990 sobre Reforma del R¨¦gimen Urban¨ªstico y Valoraciones de Suelo. Esa sentencia dej¨® en manos de los ayuntamientos amplias competencias urban¨ªsticas. Por otro lado, el cambio de la peseta por el euro hizo que la demanda de segundas viviendas en Espa?a se disparase, tanto por parte de espa?oles (como consecuencia de la espectacular ca¨ªda del precio del dinero), como de los europeos (consecuencia de la desaparici¨®n del riesgo de tipo de cambio).

Todo estaba preparado para que surgiese la gran corrupci¨®n. Primero, exist¨ªa demanda de recalificaci¨®n de suelo para atender a la fuerte demanda de segundas viviendas. Segundo, los ayuntamientos ten¨ªan amplias competencias para recalificar suelo de forma bastante discrecional, y sin mucha transparencia p¨²blica. Y, tercero, pr¨¢cticamente no hab¨ªa ning¨²n tipo de regla de incompatibilidad que impidiese al zorro encargarse de las gallinas. Y la corrupci¨®n surgi¨®.

Para algunos, como he dicho al principio, esa corrupci¨®n es un resultado l¨®gico de la proximidad que existe entre el que tiene inter¨¦s en recalificar y el que tiene la capacidad de hacerlo. Parece responder a lo que predice la teor¨ªa de la captura del regulador (alcalde) por el regulado (promotor), que manejan los economistas. La soluci¨®n, desde ese punto de vista, es poner distancia por medio, sacar las competencias a los ayuntamientos y devolverlas a Madrid, al Gobierno del Estado, deshaciendo el entuerto creado por el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada.

Pero no creo que eso sea la consecuencia de un buen an¨¢lisis. Porque, vamos a ver, si la soluci¨®n fuese s¨®lo poner distancia por medio, ?por qu¨¦ no llevar las competencias a Bruselas en vez de a Madrid? De hecho, muchos valencianos han recurrido ya a las autoridades comunitarias para tratar de anular los desaguisados urban¨ªsticos de la Generalitat valenciana.

La soluci¨®n pasa por dos tipos de acciones, ambas necesarias. En primer lugar, dise?ar un sistema de incompatibilidades que impidan a las autoridades ser juez y parte en materia urban¨ªstica, as¨ª como un sistema de controles, tal como existe ya para los pol¨ªticos y altos funcionarios del Estado. En segundo lugar, hay que exigir total transparencia al ejercicio del monopolio municipal sobre los usos del suelo, dando a los ciudadanos los instrumentos legales para obligar por ley a que las autoridades municipales aporten, en tiempo y forma, toda la informaci¨®n que se les reclame sobre el planeamiento urban¨ªstico.

Se trata, en definitiva, de eliminar las causas de la berlusconizaci¨®n de la vida municipal, no de vaciar de competencias urban¨ªsticas a los ayuntamientos.

Ant¨®n Costas es catedr¨¢tico de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la Universidad de Barcelona.