El PP se apoya en dos tr¨¢nsfugas para echar a un alcalde opuesto a un plan de edificaci¨®n
El proyecto plantea 5.200 casas sobre suelo agr¨ªcola en una localidad alicantina de 18.000 habitantes
El PP se ha aliado con dos tr¨¢nsfugas y una edil independiente en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante) para presentar una moci¨®n de censura y desbancar al alcalde socialista, Ignacio Ramos, que relaciona directamente esta moci¨®n a su decisi¨®n de dejar aparcado en el ¨²ltimo pleno la tramitaci¨®n de un Plan de Actuaci¨®n Integral (PAI) que plantea construir, al margen del PGOU y sobre terreno agr¨ªcola, 5.200 viviendas sobre una superficie de 2,6 millones de metros. Dos d¨ªas despu¨¦s del debate de la moci¨®n, y a petici¨®n del PP, habr¨¢ otro pleno para sacar adelante este macroproyecto. Seg¨²n el alcalde, uno de los tr¨¢nsfugas y un edil del PP mantienen relaciones laborales con los promotores de este PAI.
Los seis ediles del PP, los dos tr¨¢nsfugas del PSOE Josefa Mero?o, segunda teniente de alcalde y edil de Personal y Cultura, y Juan Jos¨¦ Ortiz, responsable de Seguridad Ciudadana, y la tr¨¢nsfuga independiente, Alicia Mart¨ªn, acudieron el lunes ante notario para suscribir esta moci¨®n de censura que permitir¨¢ al cabeza de lista del PP Jos¨¦ Fidel acceder a la alcald¨ªa.
El planeamiento de Pilar de la Horadada (un municipio con 18.000 habitantes en el linde entre Alicante y Murcia) se aprob¨® en el 2000 y proyectaba 14.000 nuevas viviendas, de las que todav¨ªa est¨¢n por construir 8.000. ?ste ha sido uno de los motivos por los que el actual alcalde, el socialista, Ignacio Ramos, dej¨® fuera del debate del ¨²ltimo pleno, del pasado 24 de octubre, la tramitaci¨®n del PAI Pinar de lo Romero, que pretenden urbanizar las empresas Metropol y Peinsa 97. El PAI fue desestimado en 2005 al no disponer de suficiente tiempo para recoger todas las alegaciones. Pero en el transfondo de la moci¨®n se vislumbran intereses personales.
El alcalde asegur¨® que uno de los ediles tr¨¢nsfugas del PSOE tiene "evidentes intereses para que el proyecto salga adelante" ya que dirige una empresa de fontaner¨ªa que trabaja para esta mercantil, al igual que otro edil del PP, del que no quiso dar m¨¢s detalles, est¨¢ vinculado a una de estas mercantiles. La moci¨®n de censura se debatir¨¢ el pr¨®ximo 11 de diciembre. Y dos d¨ªas despu¨¦s, el actual alcalde se ha visto obligado a convocar un pleno extraordinario, solicitado por el PP, para rescatar y aprobar este macroproyecto urban¨ªstico. Los ediles d¨ªscolos del PSPV-PSOE han sido expulsados del partido y el alcalde firm¨® ayer el decreto con el que les envi¨® al Grupo Mixto y les retir¨® sus competencias de Gobierno.
Presiones
Los firmantes de la moci¨®n de censura, que evitan referencias directas al PAI Pinar de lo Romero, argumentan su actuaci¨®n en la "falta de impulso en la gesti¨®n administrativa, as¨ª como una ausencia de direcci¨®n pol¨ªtica en el gobierno municipal". El portavoz del PP, Jos¨¦ Fidel, evit¨® ayer dar m¨¢s explicaciones y emplaz¨® a explicar sus motivos hoy en rueda de prensa. Sin embargo, las presiones que recibi¨® por parte de la c¨²pula de su partido fueron constantes durante todo el d¨ªa. El presidente provincial del PP, Jos¨¦ Joaqu¨ªn Ripoll advirti¨® sin reservas que expulsar¨¢ del partido a los seis concejales si utilizan la moci¨®n de censura para aprobar el PAI Pinar de los Romeros. El consejero de Territorio valenciano, Esteban Gonz¨¢lez Pons, adelant¨®, que "si en Pilar de la Horadada hay dos tr¨¢nsfugas que por sacar adelante un PAI apoyan una moci¨®n de censura, no se va a aprobar ese PAI por parte de la conselleria", informa Ignacio Zafra. El vicesecretario regional del PP, Ricardo Costa, esquiv¨® el tema y opt¨® por instar a los socialistas a que expliquen por qu¨¦ incluyen en sus listas electorales a personas como los dos ediles tr¨¢nsfugas de Pilar de la Horadada.
En el PSOE, el secretario de Pol¨ªtica Municipal y Libertades P¨²blicas, ?lvaro Cuesta, exigi¨® por carta al l¨ªder del PP, Mariano Rajoy, que "desautorice" esta moci¨®n de censura que supone "un claro quebranto" del Pacto Antitransfuguismo.
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