Grandes expectativas

La celebraci¨®n el pasado 25 de noviembre del D¨ªa Internacional para la Eliminaci¨®n de la Violencia contra las Mujeres, la presentaci¨®n anteayer en el Senado por el presidente Zapatero de la campa?a del Consejo de Europa en la misma direcci¨®n y la aprobaci¨®n el pr¨®ximo 15 de diciembre por el Consejo de Ministros de un conjunto de medidas sociales, educativas y econ¨®micas con id¨¦ntico prop¨®sito ofrecen inquietantes perspectivas sobre el maltrato de g¨¦nero. Seg¨²n la Organizaci¨®n Mundial de la Salud, la violencia es la primera causa de mortalidad -en el conjunto del planeta- de las mujeres entre 15 y 44 a?os, por encima del c¨¢ncer y los accidentes de autom¨®vil; aunque las dimensiones de la amenaza sean considerablemente menores en el mundo desarrollado, la persistencia del n¨²mero de cr¨ªmenes de este tipo en Europa contrasta con el acelerado avance de las mujeres en el terreno educativo, profesional y pol¨ªtico durante las ¨²ltimas d¨¦cadas; la vicepresidenta del Gobierno admite que dos millones de mujeres sufren violencia de g¨¦nero en nuestro pa¨ªs.

La constataci¨®n de que el n¨²mero de fallecidas en Espa?a durante los meses transcurridos de 2006 por esa causa -62 mujeres han sido v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero- supera ya la cifra de todo el a?o 2005 obliga a examinar con mirada cr¨ªtica las grandes expectativas creadas por la promulgaci¨®n el 28 de diciembre de 2004 -con el asentimiento de todos los grupos parlamentarios- de la Ley de Medidas de Protecci¨®n Integral contra la violencia de g¨¦nero. Sin duda, la ingenua confianza en la eficacia de las normas para modificar de un d¨ªa para otro comportamientos sociales que se hallan profundamente arraigados en las pautas culturales no deja de tener resonancias milagreras. La muerte de una mujer a manos de su novio, marido o ex compa?ero no constituye un delito asimilable por su contexto a otros homicidios o asesinatos: es el dram¨¢tico punto final de una l¨ªnea continua de violencia marcada por una secuencia creciente de malos tratos verbales y f¨ªsicos. Esas relaciones de pareja desiguales, prepotentes y eventualmente homicidas se hallan nucleadas por los valores de la cultura patriarcal inculcados por la ense?anza religiosa, la socializaci¨®n familiar y las reglas de juego imperantes fuera de los muros del hogar: s¨®lo 18 de las mujeres fallecidas en nuestro pa¨ªs durante 2006 por violencia de g¨¦nero -apenas un 30% del total- hab¨ªan denunciado previamente a su maltratador y recurrido a la polic¨ªa o a los jueces. Espa?a no es un caso excepcional dentro de la Uni¨®n Europea: desde el 1 de enero han muerto en Francia 95 mujeres -frente a 18 hombres- por violencia conyugal.

La capacidad limitada y el ritmo lento de las leyes para modificar las pesadas inercias que lastran institucionalmente las relaciones de pareja no implica negar su eficacia reformista a la larga ni menos aun el deber de sacar el m¨¢ximo rendimiento de sus posibilidades. Adem¨¢s de constituir un mandato de obligado cumplimiento por los tribunales, las normas jur¨ªdicas ayudan a formar la trama de los deberes morales y ciudadanos de una sociedad democr¨¢tica. Desde la entrada en vigor de la ley de 2004, han aumentado considerablemente las demandas de protecci¨®n atendidas por los jueces, as¨ª como las condenas y las ¨®rdenes de alejamiento de los maltratadores. El Observatorio contra la Violencia de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, considera insuficiente la tarea realizada y pide el despliegue de todos los mecanismos previstos para la recuperaci¨®n de las v¨ªctimas, la sensibilizaci¨®n social y la protecci¨®n de los hijos afectados.

Amnist¨ªa Internacional, por su lado, ha presentado un negativo informe sobre la ausencia de pol¨ªticas de detecci¨®n de los malos tratos en el ¨¢mbito sanitario. Las cr¨ªticas a los retrasos procesales en la adopci¨®n de las medidas protectoras y a la escasez de juzgados espec¨ªficos de violencia de g¨¦nero -en la actualidad s¨®lo 27- frente a los m¨¢s de 400 de competencias mixtas son generalizadas. Finalmente, el PP culpa de la violencia de g¨¦nero a la pol¨ªtica educativa socialista: Mariano Rajoy, cuyo partido ha despachado con duros calificativos la nueva asignatura Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, matiza que "es ciertamente dram¨¢tico tener un Gobierno tan incompetente, tan burro y tan inepto a la hora de dise?ar una ley de Educaci¨®n".