Los tr¨¢mites burocr¨¢ticos por Internet, un derecho en 2008

El ciudadano tendr¨¢ derecho a usar Internet, el tel¨¦fono m¨®vil y la televisi¨®n para hacer sus gestiones burocr¨¢ticas con la Administraci¨®n con la misma validez que en la ventanilla de la oficina presencial. El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al proyecto de ley que regular¨¢ la e-Administraci¨®n, que entrar¨¢ en vigor en 2008 para la central y 2010 para la auton¨®mica y local.

La normativa, que inicia ahora su tramitaci¨®n parlamentaria, reconoce el derecho de los ciudadanos, profesionales y empresas a relacionarse con sus administradores por medios electr¨®nicos y, por lo tanto, convierte en obligaci¨®n de los gestores p¨²blicos ofrecer estos servicios las 24 horas del d¨ªa durante todo el a?o.

La entrada en vigor ser¨¢ en 2008 para la administraci¨®n central y 2010 para la auton¨®mica y local, si el Congreso aprueba la ley en los plazos previstos.

Internet, m¨®vil, televisi¨®n o cualquier medio electr¨®nico que venga en el futuro servir¨¢ para que los ciudadanos puedan pedir informaci¨®n, realizar consultas, formular solicitudes, pagar impuestos u oponerse a resoluciones de la administraci¨®n. Las gestiones burocr¨¢ticas tendr¨¢n el mismo valor legal que el papel. Para ello se crea el registro electr¨®nico que servir¨¢ para enviar la documentaci¨®n necesaria. Por ejemplo, los planos en un permiso de obra.

El cat¨¢logo de derechos incluye, entre otros, el de seguir la pista del expediente realizado (consultar el estado de la tramitaci¨®n) y el no tener que entregar documentos que ya est¨¢n en poder de otra administraci¨®n, garantizando la seguridad y confidencialidad de los datos mediante el eDNI y otros certificados electr¨®nicos reconocidos.

Las tres (estatal, auton¨®mica y local) estar¨¢n obligadas a facilitar aquello que el ciudadano les pida, independientemente de qui¨¦n sea competente, de forma que no se tengan que presentar papeles cuando ¨¦stos ya est¨¦n en poder de alguna de las tres administraciones, siempre que el ciudadano de su consentimiento previo.

El proyecto elimina la figura del defensor del usuario (que estaba en el borrador anterior) pero mantiene la sede web oficial, cuyos contenidos tendr¨¢n la misma validez legal que los publicados en los tablones de las sedes y los boletines oficiales. Adem¨¢s, a?ade la obligaci¨®n de aceptar las solicitudes en los idiomas oficiales del Estado.

Su aprobaci¨®n supondr¨¢ un ahorro de 300 euros anuales, seg¨²n Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, vicepresidenta del Gobierno.

Espa?a se a?ade as¨ª al club de pa¨ªses como Estados Unidos, Finlandia, Francia, Austria e Italia que ya tienen una normativa similar, a pesar de que ofrece los mismos servicios por Internet que ofrec¨ªa en 2004 (un 55% de los b¨¢sicos), seg¨²n un informe de la Comisi¨®n Europea.