Los seguros ambientales costar¨¢n a las empresas espa?olas 100 millones al a?o

Los seguros ambientales que tendr¨¢n que suscribir por ley las empresas potencialmente contaminantes costar¨¢n unos 100 millones de euros al a?o. As¨ª lo establece el estudio econ¨®mico que el Ministerio de Medio Ambiente ha encargado a la Universidad de Alcal¨¢ de Henares. El anteproyecto de ley de Responsabilidad Ambiental que maneja el Gobierno obliga a tener p¨®lizas o garant¨ªas para que las empresas paguen sus da?os al medio ambiente en caso de cat¨¢strofe y evitar casos como el de la rotura de la balsa de Aznalc¨®llar, cuya reparaci¨®n cost¨® 70 millones al Estado. El informe alerta de que al optar por una garant¨ªa m¨¢s estricta que la propuesta por la UE, las empresas espa?olas perder¨¢n competitividad.

El pasado 20 de octubre, el Consejo de Ministros analiz¨® el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental. La norma, cuando la apruebe el Parlamento, traspone una directiva europea y obliga a las empresas potencialmente contaminantes a tener un "seguro, aval bancario o de reserva t¨¦cnica" a partir de 2010 para afrontar las cat¨¢strofes ambientales que puedan causar.

La futura ley, de las m¨¢s ambiciosas que ha emprendido Medio Ambiente, dejaba pendiente la duda del coste, ya que afecta a 5.000 instalaciones industriales, ganaderas y de transporte. ?Cu¨¢nto costar¨ªan esos seguros? ?C¨®mo se puede asegurar el da?o al medio ambiente?

El ministerio encarg¨® un estudio sobre el An¨¢lisis econ¨®mico del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental al grupo de Econom¨ªa Ambiental de la Universidad de Alcal¨¢ de Henares. El resultado es un informe de 96 p¨¢ginas que calcula que estos seguros verdes costar¨¢n entre 83 y 128 millones de euros al a?o a las aproximadamente 5.000 industrias que tendr¨¢n que suscribir esta norma.

La ley establecer¨¢ un sistema de cupos seg¨²n el da?o potencial de cada industria. Las industrias con un "riesgo leve" tendr¨¢n que reservar o suscribir un seguro por un mill¨®n de euros y las de riesgo muy grave, de 20 millones. No es el mismo da?o potencial el de una enorme industria qu¨ªmica junto a un r¨ªo, que el de un matadero. Y la norma afecta a papeleras, cementeras, cer¨¢micas, qu¨ªmicas, textiles, granjas, mataderos, industria del vidrio... Cualquier actividad industrial est¨¢ incluida.

Imposible de concretar

El estudio calcula por sectores cu¨¢nto tendr¨¢n que pagar en seguros. As¨ª, 16 refiner¨ªas tendr¨¢n que pagar un total de entre 0,27 millones y 0,49 millones el a?o; 676 empresas de qu¨ªmica org¨¢nica, entre 12,86 millones y 23,27; y 1.482 granjas de aves y cerdos, entre 22,17 y 34,48. El estudio se?ala que "no es posible dar mayor grado de concreci¨®n" debido a la gran cantidad de variables. Aunque las variaciones son muy amplias y dentro de cada categor¨ªa las primas dependen de cada instalaci¨®n, se puede hacer una aproximaci¨®n: las instalaciones de combusti¨®n pagar¨ªan unos 13.000 euros al a?o; las cementeras, unos 18.000; las papeleras, unos 19.000; los mataderos, 18.000, y la industria qu¨ªmica, unos 21.000.

El estudio destaca que la ley "tendr¨¢ repercusi¨®n en el sector de las industrias minerales en Andaluc¨ªa, Castilla-La Mancha y Valencia; la producci¨®n y transformaci¨®n de metales, en Madrid, Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, y la industria qu¨ªmica y la gesti¨®n de residuos, en Catalu?a".

Por comunidades aut¨®nomas, Catalu?a ser¨¢ la m¨¢s afectada, ya que es la que tiene m¨¢s empresas. Las industrias con sede en Catalu?a tendr¨¢n que pagar unos 22 millones de euros al a?o en primas, seguidas de las situadas en Andaluc¨ªa, Castilla y Le¨®n y Arag¨®n. Sin embargo, el estudio destaca que muchas empresas ya tienen alg¨²n tipo de seguro, por lo que, de los 100 millones al a?o que supondr¨¢ la ley, no todo ser¨¢ un aumento.

El estudio concluye que la "p¨¦rdida de competitividad que experimentar¨¢n los operadores espa?oles frente a los operadores que desarrollen su actividad en otros Estados miembros se deriva fundamentalmente del hecho de que el legislador espa?ol haya optado por un r¨¦gimen m¨¢s exigente, fundamentalmente en dos aspectos: el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la directiva y, por otro, en cuanto a la exigencia de un sistema obligatorio de garant¨ªas financieras". La directiva comunitaria que fija la responsabilidad ambiental dejaba en manos de los Estados c¨®mo afrontar¨ªan las empresas sus da?os ambientales. El Gobierno ha optado por un sistema muy estricto, en el que casi todas las empresas necesitan una garant¨ªa financiera para los desastres que puedan generar, aunque ya ha suavizado el borrador inicial elaborado por Medio Ambiente.