Un fiscal del Supremo sostiene que los servidores de la Red no son responsables del contenido de las 'webs'

El fiscal del Supremo F¨¦lix Herrero Abad ha elaborado un informe en el que sostiene que los servidores de Internet no tienen obligaci¨®n de controlar o supervisar los contenidos de las p¨¢ginas webs que alberguen. El fiscal diferencia entre un servidor de Internet y el director de un medio de comunicaci¨®n, que s¨ª responde de los contenidos. "La red inform¨¢tica ha sido configurada como un ¨¢mbito de libertad global que, a su vez, es salvaguarda de las libertades", dice. Asegura que los servidores s¨®lo deben atenerse a las disposiciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informaci¨®n (LSSI) y de la directiva comunitaria de comercio electr¨®nico.

El fiscal se?ala que la Constituci¨®n "proscribe la censura previa" y que "la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n es uno de los m¨¢s recios pilares en los que se asienta la democracia". La directiva comunitaria establece que "los Estados miembros no impondr¨¢n a los prestadores de servicios una obligaci¨®n general de supervisar los datos que transmitan o almacenen".

El teniente fiscal de Madrid, Pedro Mart¨ªnez, coincide con la Fiscal¨ªa del Supremo y va m¨¢s all¨¢: "No s¨®lo la obligaci¨®n de censura previa impuesta a los proveedores de servicios amenaza la libertad de expresi¨®n en Internet, sino tambi¨¦n el proyecto de Ley de Sociedad de la Informaci¨®n, que refuerza el car¨¢cter de control sobre Internet al permitir que tambi¨¦n sea la autoridad gubernativa quien pueda cerrar una web, perdiendo los jueces as¨ª su exclusividad en esta materia". Mart¨ªnez califica el proyecto de "regresi¨®n incalificable del Estado de derecho" y recuerda "que el PP, en la pasada legislatura, se vio en la obligaci¨®n de retirar una propuesta similar por entrar en colisi¨®n con el art¨ªculo 20 de la Constituci¨®n, cuyo apartado 5 se?ala: 'S¨®lo podr¨¢ acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci¨®n en virtud de resoluci¨®n judicial".

El escrito de la Fiscal¨ªa del Supremo es fruto de un recurso de la Asociaci¨®n de Internautas contra una sentencia de la Audiencia de Madrid que condena a esta asociaci¨®n a pagar 36.000 euros "por publicar" la p¨¢gina www.putasagae.org, propiedad de la plataforma de coordinaci¨®n de movilizaciones contra la Sociedad General de Autores (SGAE).

La tesis sostenida por la SGAE fue que quien presta un servicio de la sociedad de la informaci¨®n es responsable solidario con los propietarios de los contenidos alojados en sus servidores, aunque no tenga el dominio de ellos. La Audiencia de Madrid fundament¨® la condena "por intromisi¨®n en el honor" en que resulta "indiferente" que la Asociaci¨®n de Internautas "tuviera el dominio de la p¨¢gina a la que pertenece la direcci¨®n de Internet www.putasgae.org o que se limitara a una labor de prestaci¨®n de servicios", dado que, seg¨²n los jueces, quien presta un servicio ha de controlar lo que se publica.

La Asociaci¨®n de Internautas entiende que esta argumentaci¨®n choca con la Directiva 2000/31/CE y la LSSI, que exoneran a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci¨®n por los contenidos almacenados y las conductas de terceras personas. La tesis de la Audiencia, seg¨²n la asociaci¨®n, equivale a establecer una censura previa, siendo los censores los propios prestadores del servicio.