El Consell aplicar¨¢ la ley con ayuda de fotos a casas ilegales
Las im¨¢genes a¨¦reas servir¨¢n para abrir expedientes de infracci¨®n
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El consejero de Territorio y Vivienda, Esteban Gonz¨¢lez Pons, lanz¨® ayer un "programa de control de la legalidad urban¨ªstica" que no supone otra cosa que aplicar las sanciones y demoliciones previstas en la normativa con ayuda de fotos a¨¦reas. El certificado del Instituto Cartogr¨¢fico, que identificar¨¢ las urbanizaciones y casas ilegales, agilizar¨¢ los expedientes al no exigir la presencia de agentes en el lugar de la infracci¨®n.
El consejero anunci¨® un plan contra las viviendas ilegales hace dos meses, cuando intervino las competencias urban¨ªsticas de Catral (PSPV). Las im¨¢genes del municipio alicantino sirvieron ayer para ilustrar su presentaci¨®n. Gonz¨¢lez Pons concret¨® un plan contra "los grandes depredadores del territorio" en colaboraci¨®n con la Consejer¨ªa de Justicia, cuyo titular, Miguel Peralta, lo consider¨® "una decisi¨®n de extremada valent¨ªa y gran trascendencia" por su componente social.
El presidente del Consell, Francisco Camps, ya dijo que contra las ilegalidades urban¨ªsticas hay que aplicar la ley, y eso es lo que har¨¢ el programa de Gonz¨¢lez Pons. La novedad ser¨¢ la colaboraci¨®n del Instituto Cartogr¨¢fico Valenciano, que identificar¨¢ las infracciones mediante im¨¢genes a¨¦reas y un programa inform¨¢tico que especifica el tipo de suelo y la situaci¨®n catastral de urbanizaciones y casas ilegales. El certificado del instituto sustituir¨¢ a las actas de investigaci¨®n con las que ahora los agentes policiales o medioambientales constatan sobre el terreno la irregularidad. Esta medida ahorrar¨¢ tiempo, ya que un "barrido" a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana en busca de casas ilegales exigir¨ªa miles de polic¨ªas y meses, seg¨²n dijo Gonz¨¢lez Pons en un reconocimiento impl¨ªcito de la envergadura del problema.
Derribo
El consejero afirm¨® desconocer cu¨¢ntas viviendas ilegales hay y admiti¨® que "todas las administraciones" han sido "muy tolerantes" con el fen¨®meno. A los municipios con "un buen n¨²mero" de segundas residencias ilegales se les ofrecer¨¢ crear un consorcio para que cedan sus competencias sancionadoras, una medida ya ensayada en Menorca. Tambi¨¦n se crea un servicio de inspecci¨®n, sin aumentar la plantilla de inspectores, y se har¨¢n campa?as de "concienciaci¨®n".
Iniciada el acta de infracci¨®n con las im¨¢genes u otras denuncias, y avisado el municipio, la consejer¨ªa aplicar¨¢ las previsiones de la Ley Urban¨ªstica Valenciana: ordenar la paralizaci¨®n de las obras y el uso de la casa ilegal; notificar la medida a las empresas de suministro para que corten el servicio y al registro de la propiedad. Si la actuaci¨®n no es legalizable en dos meses, el infractor deber¨¢ demoler la vivienda y restaurar el h¨¢bitat. Las infracciones en suelo no urbanizable com¨²n prescriben en cuatro a?os. En el caso de construcciones en suelo protegido, el derribo ser¨¢ inevitable. La sanci¨®n en espacios protegidos y a grandes urbanizaciones irregulares, que el consejero considera "reciente", ser¨¢ prioritaria. "No perseguimos al peque?o infractor", afirm¨® el consejero, que no revelar¨¢ los ayuntamientos afectados por la cercan¨ªa de las elecciones.
En Catral se han abierto ya 40 expedientes. El consejero afirm¨® que una veintena de casas se han terminado "a toda prisa".
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