Alcaldes con pena

La alcald¨ªa no es un ¨¢mbito de impunidad. La justicia se ha encargado de demostrarlo en cinco ocasiones con condenas de c¨¢rcel desde que la Comunidad Valenciana celebr¨® las primeras elecciones municipales democr¨¢ticas en 1979. Son los casos de los ex alcaldes de Orihuela (Luis Fernando Cartagena), de Riba-roja (Juan Antonio Toledo), de Pego (Carlos Pascual) y de Xeresa (Cipriano Fluix¨¤), as¨ª como del alcalde de Vila-real (Manuel Vilanova). Mientras tanto, otros seis alcaldes se encuentran ahora mismo imputados por causas, en su mayor¨ªa, relacionadas con los negocios urban¨ªsticos, cuyo desenlace puede incrementar esta siniestra n¨®mina.

MANUEL VILANOVA. Alcalde de Vila-real (PP)

Manuel Vilanova, del PP, acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo a un a?o y medio de prisi¨®n y a ocho a?os de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por inhibirse ante las numerosas quejas y denuncias contra el ruido procedente del generador de una f¨¢brica de cer¨¢mica, Rocersa, en situaci¨®n irregular desde 1991 a 1996. La sentencia es firme, y, pese a que el PP no ha aceptado su dimisi¨®n, en cuanto se ejecute el alcalde tendr¨¢ que dejar el cargo y no podr¨¢ presentarse a las elecciones.

El Supremo le ha impuesto una pena de prisi¨®n por un delito de prevaricaci¨®n medioambiental, aunque ha declinado imponerle una multa para evitar que sea satisfecha "incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situaci¨®n de los vecinos". Al condenado previsiblemente se le aplicar¨¢ la remisi¨®n condicional y no tendr¨¢ que ingresar en un centro penitenciario. Las denuncias se presentaron por vecinos a t¨ªtulo individual, por asociaciones o uniones de vecinos y hasta por un concejal del Ayuntamiento de Vila-real.

CARLOS PASCUAL Ex alcalde de Pego

(Grupo Independiente)

El Tribunal Supremo acaba de confirmar las penas de tres a?os de prisi¨®n impuestas al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual Sastre, y al ex teniente de alcalde, Jos¨¦ Orihuel, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de los da?os ocasionados al Marjal de Pego-Oliva, un humedal declarado parque natural protegido en 1994. ?sta es la condena m¨¢s elevada a cargos p¨²blicos por delito ecol¨®gico hasta la fecha. Tambi¨¦n ha confirmado otra pena de tres a?os de c¨¢rcel, seis en total, a Pascual por atentado al director del parque.

Pascual y Orihuel, contrarios a la existencia del parque, se concertaron para realizar actuaciones tendentes a recuperar el cultivo del arroz y lograr as¨ª mejores precios para las fincas de particulares existentes en el marjal, ya que la Generalitat estaba comprando terrenos. Con ese fin, aprobaron realizar quemas de vegetaci¨®n, rebajar el nivel de agua de las zonas h¨²medas y construir caminos y diques para facilitar el paso de veh¨ªculos. Mediante acuerdos municipales aprobaron obras que se encargaba de contratar y realizar el alcalde, sin licencia de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente.

Las actuaciones afectaron a una extensi¨®n de 600 hect¨¢reas, la mitad del terreno del parque natural, y causaron la muerte masiva de peces. Pascual sigui¨® adelante pese a la prohibici¨®n del juzgado n¨²mero 2 de D¨¦nia de realizar cualquier trabajo en el marjal, por lo que tambi¨¦n ha sido condenado a una multa de 4.320 euros. Adem¨¢s, el 11 de marzo de 1997, cuando el director del parque, Vicente Urios, se encontraba en visita de inspecci¨®n, Pascual se puso delante de su veh¨ªculo impidi¨¦ndole la salida y animando a unos 50 vecinos a que no le dejaran salir. Durante m¨¢s de una hora, el alcalde provoc¨® un enfrentamiento de la Polic¨ªa local y los vecinos con agentes de la Guardia Civil. Los da?os al espacio protegido han sido valorados en 1,2 millones de euros.

JUAN ANTONIO TOLEDO. Ex alcalde de Riba-Roja (PSPV)

El ex diputado socialista y ex alcalde de Riba-roja, Juan Antonio Toledo, fue condenado por la Audiencia de Valencia en 2002 a cinco a?os de prisi¨®n por un delito continuado de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos entre 1991 y 1995. El fallo ten¨ªa su origen en una jubilaci¨®n. En agosto de 1991, Toledo supo que Josefa L. G., entonces con 65 a?os, quer¨ªa jubilarse. Sin embargo, esta empleada del servicio de limpieza del Consistorio no hab¨ªa acumulado los a?os en activo para acceder a pensi¨®n de jubilaci¨®n. Seg¨²n la sentencia, Toledo determin¨®, de acuerdo con Josefa, que no acudiera a trabajar pero le mantuvo el salario durante los cuatro a?os que le faltaban para cobrar pensi¨®n. Josefa cobr¨® entre septiembre de 1991 y julio de 1995 la cantidad de 53.752,43 euros. Toledo dijo en el juicio celebrado en junio que no recordaba haber llegado a ese acuerdo. Posteriormente, en 2004, la Sala Penal del Tribunal Supremo rebaj¨® de cinco a?os y tres meses a tres a?os la pena de prisi¨®n.

CIPRIANO FLUIX? Ex alcalde de Xeresa (PP)

En 2003, el Tribunal Supremo conden¨® al entonces alcalde de Xeresa, Cipriano Fluix¨¤ Castell¨®, del PP, a un a?o de prisi¨®n, 10 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo p¨²blico y 72 millones de pesetas de multa por haber autorizado vertidos de escombros procedentes de la construcci¨®n en el marjal de La Safor, un humedal protegido en el que se produjo degradaci¨®n ambiental. El alcalde hab¨ªa sido absuelto por la Audiencia de Valencia. Fluix¨¤ hab¨ªa autorizado en 1995 vertidos de escombros en parcelas de los pol¨ªgonos 3 y 7, del marjal, cuyo suelo estaba clasificado como "no urbanizable protegido, marjaler¨ªa B".

Previa petici¨®n de propietarios y cultivadores, el alcalde concedi¨® autorizaciones para realizar vertidos, de las que excluy¨® residuos pl¨¢sticos, vidrios, chatarra, t¨®xicos, bater¨ªas y productos considerados t¨®xicos o peligrosos. Entre 1995 y 1998, al amparo de esas autorizaciones, se fueron vertiendo escombros de materiales de construcci¨®n, enseres dom¨¦sticos, envases, arenas y productos inertes. Todo qued¨® depositado sobre la superficie de las parcelas y sobre balsas anejas a algunas parcelas, la mayor¨ªa con cultivos de naranjos en producci¨®n. Los vertidos y el aterramiento causaron una incidencia medioambiental de nivel bajo. Adem¨¢s, Fluix¨¤ puso en marcha en mayo de 1997 una "maniobra atentatoria al medio ambiente", que fue la de cambiar la calificaci¨®n del marjal a "suelo urbanizable com¨²n", lo que supon¨ªa "un grave peligro para la estabilidad ecol¨®gica del sistema".

LUIS FERNANDO CARTAGENA. Ex alcalde de Orihuela (PP)

En 2004 el Tribunal Supremo ratific¨® la condena de cuatro a?os de c¨¢rcel al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras P¨²blicas, Luis Fernando Cartagena, por los delitos de malversaci¨®n y falsificaci¨®n. La Sala de lo Penal tambi¨¦n confirm¨® la condena a dos a?os por un delito de falsificaci¨®n para el segundo acusado, el empresario ?ngel Fenoll. Ambos idearon un plan para apropiarse de una donaci¨®n de 49.000 euros de una congregaci¨®n religiosa, el Hospital Municipal San Juan de Dios, al Ayuntamiento. Cartagena pidi¨® el indulto al Gobierno para tratar de eludir el ingreso en prisi¨®n. La medida de gracia, a la que se opone el fiscal, est¨¢ pendiente de resoluci¨®n.

El tribunal consider¨® probado que Cartagena "en su condici¨®n de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela recibi¨® del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas, con fecha de abril de 1993, m¨¢s otros dos millones de pesetas del 11 de mayo de ese mismo a?o". La sentencia tambi¨¦n consider¨® probado que en 1998, con el fin de idear una coartada, encarg¨® a su amigo, el empresario ?ngel Fenoll, que emitiera tres facturas por la supuesta rehabilitaci¨®n de una barriada marginal cuyo monto coincid¨ªa con el donativo de las religiosas. Ambos fueron condenados, Cartagena a tres a?os por malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y un a?o por falsedad en documento. Fenoll fue condenado a dos a?os de c¨¢rcel por falsedad en facturas.

Cartagena accedi¨® a la alcald¨ªa de Orihuela en 1986 mediante una moci¨®n de censura, desde donde fue consolidando su peso en el partido en el ¨¢mbito provincial como en la Comunidad Valenciana. En 1995, Fue nombrado consejero de Obras P¨²blicas, en el primer gobierno de Eduardo Zaplana. Cartagena compagin¨® este cargo con el de alcalde hasta julio de 1996. El 15 de marzo de 1998, su carrera pol¨ªtica fren¨® en seco. Cartagena fue imputado en el caso de las cesiones de cr¨¦dito del Banco de Santander. Esta investigaci¨®n judicial acarre¨® su dimisi¨®n como consejero. Seg¨²n el fiscal, suscribi¨® un cr¨¦dito por m¨¢s de dos millones de euros, cuyos rendimientos, m¨¢s de 90.000 euros, no declar¨® a Hacienda. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Alicante solicita tres a?os de c¨¢rcel para Cartagena por delito fiscal.