Zapatero aplaza el plan contra la corrupci¨®n en los ayuntamientos para pactarlo con el PP

El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, ha decidido aplazar la aprobaci¨®n de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local, con sus medidas anticorrupci¨®n, a enero o febrero, para tratar de pactarla con el PP por considerar que es "una ley b¨¢sica". El aplazamiento de la aprobaci¨®n en Consejo de Ministros tiene como objetivo que la tramitaci¨®n parlamentaria sea posterior a las elecciones auton¨®micas y locales de mayo. "Al sacar la ley del debate electoral se facilitar¨¢ el pacto con el PP, que puede temer que el Gobierno quiera capitalizarla", se?alan fuentes de Administraciones P¨²blicas.

La reforma de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local de 1985, cuyo objetivo es la modernizaci¨®n de la Administraci¨®n municipal, se ha convertido en emblem¨¢tica al contener medidas espec¨ªficas contra la corrupci¨®n ante la proliferaci¨®n de esc¨¢ndalos urban¨ªsticos en diferentes ayuntamientos.

La iniciativa surge despu¨¦s de que el urbanismo salvaje y la corrupci¨®n hayan llevado a la c¨¢rcel ya a m¨¢s de 30 concejales desde las ¨²ltimas elecciones municipales de 2003. Entre los imputados figuran dirigentes de los principales partidos pol¨ªticos en localidades como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx, y numerosos empresarios de la construcci¨®n y la promoci¨®n inmobiliaria que han pagado comisiones millonarias a cambio de tratos de favor.

Entre las medidas de la futura ley figuran el endurecimiento de las incompatibilidades de concejales, igual¨¢ndolas a las de los miembros de las Administraciones central y auton¨®mica. Los ediles, tras su cese, no podr¨¢n desempe?ar durante dos a?os sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. Asimismo, para combatir la corrupci¨®n se fortalecer¨¢ la transparencia y se llevar¨¢n al pleno municipal las permutas y convenios entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Y el Ministerio de Administraciones P¨²blicas contar¨¢ con un registro p¨²blico de ediles tr¨¢nsfugas.

La ley, adem¨¢s, reforzar¨¢ las competencias de los 8.000 ayuntamientos espa?oles, con el objetivo de que se correspondan con su financiaci¨®n; aumentar¨¢ la participaci¨®n ciudadana en la vida municipal y establecer¨¢ claramente las funciones del gobierno local y las del pleno municipal.

El Gobierno trata de consensuar la ley con el PP, pese a que, seg¨²n asegura, dispone de apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. "Hemos intentado durante dos a?os, en que empezamos a trabajar en esta ley, el acuerdo con el PP, y estamos dispuestos a intentarlo de nuevo", se?alan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno ha pedido al ministro de Administraciones P¨²blicas que intente un nuevo esfuerzo para acordar la ley con el primer partido de la oposici¨®n.

Los populares aprueban, en principio, las iniciativas anticorrupci¨®n propuestas por el Gobierno, pero su responsable del ¨¢rea territorial, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, precisa que "esas medidas no estaban en los primeros borradores de la ley; se han introducido con posterioridad al conocimiento de los esc¨¢ndalos urban¨ªsticos". S¨¢enz de Santamar¨ªa plantea tres condiciones para que el PP apoye la ley: que sea b¨¢sica y afecte, por tanto, a todas las comunidades aut¨®nomas; que el r¨¦gimen de los funcionarios sea com¨²n para toda Espa?a; y, sobre todo, que, paralelamente a la tramitaci¨®n parlamentaria, se reforme la Ley de Haciendas Locales, vigente desde 2003, para asegurar la financiaci¨®n de los municipios una vez que asuman las nuevas competencias.

La nueva Ley de Bases no contiene, en su redacci¨®n, m¨¢s que generalidades sobre la financiaci¨®n, igual que en la ley precedente, de 1985, se?alan en el Ministerio de Administraciones P¨²blicas.

Jordi Sevilla propone al PP una f¨®rmula intermedia: la introducci¨®n en la nueva Ley de Bases de una disposici¨®n transitoria que comprometa al Gobierno a promover, a los seis meses de la entrada en vigor de este texto, la reforma de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por el Gobierno del PP en 2003.Junto a ello, Sevilla propondr¨¢ que las competencias nuevas de los municipios no se ejerzan mientras no tengan financiaci¨®n, y que las comunidades aut¨®nomas se comprometan a presentar proyectos de ley para redefinir las competencias y la financiaci¨®n.

Las mismas fuentes entienden que el PP no debe de tener inconveniente en suscribir esta propuesta porque recoge el programa de segunda descentralizaci¨®n que propuso el ex presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar en enero de 2002.