Los sindicatos de Justicia instan a Ibarretxe a resolver una huelga "cada vez m¨¢s grave"
El Gobierno respalda la labor de Azkarraga y recalca que toda la competencia es suya
La huelga indefinida en la Administraci¨®n de la Justicia, que comenz¨® el 24 de octubre, aunque s¨®lo se realizan paros de martes a jueves, tiene cada vez menos visos de soluci¨®n. Los sindicatos emplazaron ayer directamente al lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, a intervenir en un conflicto "cada vez m¨¢s grave y m¨¢s serio". No hay ning¨²n atisbo de desconvocatoria, ya que las centrales consideran un "insulto" la ¨²ltima propuesta del departamento. La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, replic¨® que el asunto compete al titular de Justicia, Joseba Azkarraga, rechazado como interlocutor por los huelgusitas. La consejer¨ªa no ve "justas ni l¨®gicas" las demandas de los trabajadores.
Representantes de los cinco sindicatos convocantes de los paros (ELA, CCOO, LAB, UGT y CSIF), que representan a toda la plantilla, comparecieron p¨²blicamente ayer en Bilbao para "desenmascarar" lo que calificaron como "mentiras y medias verdades" de Justicia. Explicaron, confrontando sus demandas con la oferta del departamento, que la propuesta de la consejer¨ªa no supone la equiparaci¨®n salarial con el resto de funcionarios vascos, su principal reivindicaci¨®n.
El departamento ha planteado en la que califica de su oferta final una subida salarial del 6,5% en dos a?os, frente al 12% pedido por los trabajadores, que han rebajado al 10,5%. Elena P¨¦rez, de CCOO, recalc¨® que la equiparaci¨®n pregonada no es real, porque Justicia compara sueldos de trabajadores del sector con una antig¨¹edad superior a los 35 a?os con los que reciben los funcionarios que acaban de llegar a la Administraci¨®n aut¨®noma.
Las centrales presentaron un informe comparativo de sueldos que concluye que su salario medio oscila entre los 18.400 y los 24.000 euros anuales, cuando el resto de los funcionarios llega casi a los 40.000 euros y, por ejemplo, en el cuerpo B o de gesti¨®n, m¨¢s de un 52% percibe entre 31.000 y 34.000 euros.
"Nuestra reivindicaci¨®n no es maximalista, sino una equiparaci¨®n de m¨ªnimos", resumi¨® P¨¦rez. Seg¨²n su an¨¢lisis, este conflicto es "ya una cuesti¨®n personal de Azkarraga", al que acusaron de no modificar un ¨¢pice la "¨²nica propuesta que present¨® el 17 de noviembre". Por ello, emplazaron a Ibarretxe y al conjunto del Gobierno a intervenir ya para resolver el conflicto. Agregaron que el Departamento de Justicia no ha vuelto a citarles para una reuni¨®n, tras la ¨²ltima mantenida el pasado d¨ªa 4. "Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento".
Tambi¨¦n se mostraron cr¨ªticos con los servicios m¨ªnimos establecidos por Empleo, departamento tambi¨¦n dirigido por Azkarraga. "Esa orden obligaba a muchos funcionarios a trabajar para cubrir muy pocos servicios. Son abusivos e ineficaces", dijeron antes de calificar de irregular el hecho de que una misma consejer¨ªa se convierta en "juez y parte".
El emplazamiento sindical para que intervenga el Ejecutivo fue r¨¢pidamente rechazado por la portavoz, Miren Azkarate, quien dijo que es un asunto que corresponde a Azkarraga, en quien el Gobierno "conf¨ªa plenamente y respalda su actuaci¨®n". Azkarate resalt¨® que Justicia "seguir¨¢ intentando llegar a un acuerdo" para solucionar el conflicto.
El Consejo Vasco de la Abogac¨ªa, que se re¨²ne hoy, defender¨¢ un arbitraje para desatascar la huelga, algo que es bien visto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior y que previsiblemente ser¨¢ tambi¨¦n apoyado por el ¨®rgano de gobierno de los jueces vascos en su reuni¨®n del pr¨®ximo viernes.
El departamento, que cifr¨® el seguimiento ayer del paro en un 26,59%, rechaz¨® en un comunicado que las reivindicaciones de los trabajadores sean "justas y l¨®gicas". Asever¨® que los informes de las centrales no incluyen todas las propuestas econ¨®micas del Gobierno y que no aborda la igualdad de condiciones laborales. "La pretendida equiparaci¨®n lo es solamente a efectos econ¨®micos", insisti¨®.
La consejer¨ªa se?al¨® que los funcionarios de Justicia rechazan cumplir las horas de trabajo y otras condiciones laborales del resto de la Administraci¨®n, como la entrada a las ocho de la ma?ana o la modificaci¨®n de las horas de permanencia obligatoria.
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