Los Mossos desalojan sin incidentes el recinto de Can Ricart tras 12 d¨ªas de ocupaci¨®n
El juez argumenta que "no ha sido una usurpaci¨®n pac¨ªfica y sigilosa, sino violenta"
Los Mossos d'Esquadra desalojaron ayer por la tarde el antiguo recinto fabril de Can Ricart, en el barrio del Poblenou de Barcelona, despu¨¦s de 12 d¨ªas de ocupaci¨®n. El mismo magistrado que un d¨ªa despu¨¦s de la usurpaci¨®n rechaz¨® el desalojo inminente lo autoriz¨® ayer con dos argumentos: que la propiedad del inmueble hab¨ªa quedado acreditada y que la usurpaci¨®n fue violenta. La intervenci¨®n policial, que se prolong¨® m¨¢s de tres horas, termin¨® sin incidentes. Los 39 j¨®venes que se encontraban en el interior del recinto fueron identificados.
El desalojo de Can Ricart cogi¨® a todos por sorpresa, empezando por los j¨®venes que el pasado s¨¢bado 2 de diciembre se instalaron en el antiguo recinto fabril. Animados por la decisi¨®n inicial del juez de no autorizar el desalojo cautelar, los j¨®venes estaban convencidos de que la causa se encaminar¨ªa por la v¨ªa civil y que, por tanto, la ocupaci¨®n ir¨ªa para largo. De hecho, durante los ¨²ltimos d¨ªas se hab¨ªan dedicado a acondicionar las cinco naves ocupadas para realizar ensayos y actividades. La mayor¨ªa de los j¨®venes son artistas callejeros vinculados al mundo del circo y proced¨ªan de otra nave ocupada del Poblenou, La Makabra, que tambi¨¦n fue desalojada por la polic¨ªa.
Pero las expectativas de los j¨®venes se vieron truncadas por la orden judicial. Seg¨²n un portavoz de la polic¨ªa auton¨®mica, 27 de los 39 j¨®venes que en el momento del desalojo se encontraban en el recinto son extranjeros. Seis de ellos carec¨ªan de documentaci¨®n, por lo que fueron trasladados a una comisar¨ªa de la Guardia Urbana situada a unos metros del recinto. No hubo detenciones.
Unas veces por parejas, otras de uno en uno, los j¨®venes fueron abandonando el recinto con sus enseres personales y bajo la atenta vigilancia de los agentes. Medio centenar de j¨®venes del movimiento okupa les animaban desde la otra esquina de la calle del Marroc gritando "?un desalojo, otra ocupaci¨®n!" y "?la cultura no se desaloja".
El Departamento de Interior hab¨ªa previsto realizar el desalojo por la noche. As¨ª se lo comunic¨® el consejero de Interior, Joan Saura, al presidente de la Generalitat, Jos¨¦ Montilla. Sin embargo, Montilla inst¨® a Saura a que la intervenci¨®n policial comenzase de inmediato. Y as¨ª se hizo: el desalojo se inici¨® a las 15.30 horas. El intendente de los Mossos d'Esquadra Antonio Blanco destac¨® la ausencia de incidentes, motivada por el hecho de que los j¨®venes no opusieron resistencia. Una vez concluido el desalojo, la polic¨ªa entreg¨® el inmueble al su propietario, Federico Ricart, marqu¨¦s de Santa Isabel.
Manel Andreu, portavoz de la plataforma Salvem Can Ricart -que se opone al plan urban¨ªstico aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona para el recinto-, consider¨® "desproporcionada" la actuaci¨®n policial.
La intervenci¨®n de la polic¨ªa se produjo en cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 27 de Barcelona, el mismo que el pasado d¨ªa 3 rechaz¨® esa medida. El magistrado Emili Soler argument¨® entonces que rechazaba el desalojo porque no se advert¨ªa "una situaci¨®n de riesgo para las personas o bienes, ni tampoco la producci¨®n de inminentes perjuicios econ¨®micos para denunciante o terceros". Tambi¨¦n matizaba, sin embargo, que adoptaba esa decisi¨®n hasta que no tuviera m¨¢s datos y oyera a los interesados.
Marqu¨¦s y vigilantes
Ahora el juez argumenta que el marqu¨¦s de Santa Isabel ya ha podido acreditar que es el propietario del recinto y que, adem¨¢s, se ha tomado declaraci¨®n a los dos vigilantes que custodiaban el recinto cuando se produjo la ocupaci¨®n.
El magistrado asegura que el recinto no estaba desocupado, sino vigilado las 24 horas del d¨ªa, y a?ade que la actuaci¨®n de los j¨®venes no fue "pac¨ªfica y sigilosa, sino violenta". Por eso considera que se cometi¨® un presunto delito de usurpaci¨®n y que no puede tramitarse el caso por la v¨ªa civil. La violencia empleada por los okupas, dice el juez, consisti¨® en que
¨¦stos "acorralaron" a los vigilantes.
"No hemos podido presentarnos como parte de la causa y por eso no hemos podido aportar pruebas para la defensa", denunci¨® ayer una de los abogados de los okupas, Laia Serra, que tild¨® la orden judicial de "impertinente e improcedente".
El caso de Can Cadena
Una puerta se cierra y otra se abre. En este caso, la de la mas¨ªa Can Cadena, en Esplugues de Llobregat, y tambi¨¦n por decisi¨®n judicial. La Audiencia de Barcelona acord¨® ayer que los ocupantes de esta finca contin¨²en all¨ª y revoca por defecto de forma la orden de desalojo dictada por un juzgado.
Los moradores de la mas¨ªa son poco habituales y tienen en com¨²n que no pertenecen al movimiento
okupa
al uso. Varios de ellos integran una asociaci¨®n y han reconstruido por completo el inmueble, situado en el n¨²mero 130 de la calle de Laure¨¤ Mir¨®.
Otro grupo trabaja la tierra y pertenece a la asociaci¨®n La Malva, Agricultura Urbana, legalmente constituida y registrada. Su argumento es el que han atendido los jueces y es tan sencillo como que cuando la empresa propietaria de la mas¨ªa inici¨® la demanda para recuperar la propiedad, no pudieron defenderse porque el juzgado no les emplaz¨®. Es lo que en t¨¦rminos jur¨ªdicos se denomina litisconsorcio pasivo necesario.
M¨¢s all¨¢ de tecnicismos, los ocupantes argumentan, adem¨¢s, que ellos pactaron en su d¨ªa pagar una renta en especies al p¨¢rroco y que durante un tiempo le entregaron frutos y hortalizas frescas del huerto. Hasta que el p¨¢rroco se fue.
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