Papeles cambiados
El Partido Popular intenta montar una pel¨ªcula sobre el caso Andratx con los papeles de los personajes cambiados: los delincuentes son los buenos, y los malos quienes los persiguen e intentan poner freno a sus desmanes. En esa pel¨ªcula, los malos de verdad ser¨ªan el fiscal Anticorrupci¨®n de Baleares, su jefe en Madrid el fiscal general del Estado y, en ¨²ltima instancia, el Gobierno, y no el alcalde de Andratx y el resto de implicados en la trama de corrupci¨®n urban¨ªstica descubierta en esa localidad, as¨ª como el consejero balear de Interior y secretario general del PP en las islas, cogido in fraganti por el juez cuando pon¨ªa en guardia por tel¨¦fono al alcalde sobre su inminente detenci¨®n.
Esta imagen de v¨ªctima propiciatoria e injustamente perseguida por un Ministerio Fiscal al servicio de intereses poco claros y dudosamente acordes con la ley ya la intent¨® transmitir el presidente del Gobierno balear con su extempor¨¢nea visita al fiscal del Estado. Una visita a la que no debi¨® prestarse Conde-Pumpido y que no sirvi¨® para convencer a Jaume Matas de que no cab¨ªa mezclar a la Fiscal¨ªa en ning¨²n tipo de persecuci¨®n generalizada contra los municipios baleares en manos del PP. Prueba de ello fue la desfachatez con que pocos d¨ªas despu¨¦s Matas recre¨® los o¨ªdos de afiliados y simpatizantes del partido al realizar una fantasiosa vinculaci¨®n del caso Andratx con el 11-M.
A todo esto, quien parece mantener una postura sensata sobre el caso Andratx y otros de corrupci¨®n urban¨ªstica relacionados con el PP es su presidente. Lo dicho ayer por Mariano Rajoy en una emisora es, como a ¨¦l le gusta decir, de sentido com¨²n: expulsi¨®n y tolerancia cero frente a quienes con su conducta manchen el partido. El problema de Rajoy es que s¨®lo ¨¦l dice esas cosas y que deja que otros digan o hagan otras cosas bien distintas que mal se compadecen con ese mensaje de asunci¨®n de responsabilidades.
Las inaceptables imputaciones contra los socialistas hechas ayer por el presidente del PP en Canarias, Jos¨¦ Manuel Soria, como si las investigaciones sobre corrupci¨®n urban¨ªstica que afectan a su partido fueran obra del Gobierno y no de los jueces, exigen una clara desautorizaci¨®n por parte de Rajoy. Es el caso tambi¨¦n de Eduardo Zaplana solicitando la comparecencia de Conde-Pumpido en el Congreso para que explique algo que s¨®lo puede decidir un juez: la intervenci¨®n telef¨®nica al consejero balear de Interior, y que el portavoz parlamentario del PP considera una muestra de Estado policial.
M¨¢s bien ser¨ªa todo lo contrario: una muestra de Estado derecho, en el que, a diferencia del policial, el control de las comunicaciones telef¨®nicas queda reservado a los jueces. Y ese control ha sido llevado a cabo con mesura por el juez del caso Andratx: orden¨¢ndolo cuando han aparecido indicios de una posible implicaci¨®n directa del consejero en la trama, tras conocerse su conversaci¨®n con el alcalde, y suprimi¨¦ndolo cuando ha considerado que ya no era necesario.
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