La Audiencia renuncia a juzgar al represor argentino Serpico

La Audiencia Nacional ha renunciado a juzgar al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, Serpico, incriminado en el sumario por genocidio, terrorismo y torturas instruido por el juez Baltasar Garz¨®n contra los militares de la dictadura argentina, y que fue entregado a Espa?a por M¨¦xico en junio de 2003. La Secci¨®n Tercera Penal mantendr¨¢ en prisi¨®n a Cavallo durante 40 d¨ªas a la espera de que Argentina lo reclame. Las acusaciones ya han anunciado que recurrir¨¢n al Tribunal Supremo.

La Audiencia ha estimado la declinatoria de jurisdicci¨®n planteada por la defensa del ex militar y represor argentino, que actu¨® en el centro de detenci¨®n de la Escuela de Mec¨¢nica de la Armada (ESMA) y ha resuelto ceder a la jurisdicci¨®n de Argentina el conocimiento de los hechos y delitos por los que fue procesado por el juez Baltasar Garz¨®n. La Audiencia mantendr¨¢ en prisi¨®n a Serpico por un plazo m¨¢ximo de 40 d¨ªas a disposici¨®n de las autoridades argentinas a contar desde que la comunicaci¨®n urgente de la resoluci¨®n.

El auto de la Secci¨®n Tercera Penal, del que ha sido ponente su presidente, F¨¦lix Alfonso Guevara, respaldado por los magistrados Ricardo Rodr¨ªguez y Ferm¨ªn Echarri, sirve de denuncia formal ante las autoridades argentinas a efectos de extradici¨®n y se cursar¨¢ por v¨ªa diplom¨¢tica y a trav¨¦s de Interpol y de la Embajada de Argentina en Espa?a. No obstante, el auto no es firme y contra el mismo cabe recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. Las acusaciones personadas en la causa han anunciado ya que interpondr¨¢n ese recurso para que Cavallo sea juzgado en Espa?a.

Para la Audiencia Nacional, entre la jurisdicci¨®n argentina, basada en el lugar donde se cometi¨® el delito o locus delicti, y la espa?ola, basada en el principio de justicia universal, debe tener preferencia la del lugar de comisi¨®n "cuando, como aqu¨ª ocurre, la justicia argentina act¨²a de manera efectiva".

La Audiencia considera que no puede dudarse de que la jurisdicci¨®n argentina, una vez desaparecido el obst¨¢culo que representaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida cuya nulidad declar¨® en 2005 de la Corte Suprema de Justicia Argentina, "viene actuando efectivamente en el enjuiciamiento de los hechos acaecidos en la ESMA, colmando as¨ª el inter¨¦s de la Comunidad Internacional y el concreto de las v¨ªctimas". Seg¨²n los magistrados, la prioridad de la justicia argentina tampoco quiebra por el hecho de los procesos est¨¦n all¨ª en su inicio en tanto que en Espa?a Cavallo se encuentra s¨®lo pendiente del juicio oral.

Procesos en Argentina

El tribunal califica de "incomprensible" que las acusaciones particulares y populares, "en un pueril intento de confundir a la Sala", afirmaran que Cavallo ¨²nicamente se encuentra imputado en Argentina en la causa 13764/04 sobre desapoderamiento y destino de bienes, pero no en la 14217/03 por "privaci¨®n de libertad de 614 personas en el periodo de 1976 y 1983 en la ESMA".

Seg¨²n la Audiencia, en Argentina se siguen hasta tres procesos contra Cavallo por las mismas imputaciones que constan en el sumario de Garz¨®n.

El abogado Manuel Oll¨¦, que representa a las Madres de Plaza de Mayo y a la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Espa?a, y Carlos Slepoy, que ejerce la acusaci¨®n en nombre de la Asociaci¨®n Contra la Tortura y la Confederaci¨®n Intersindical Gallega, declararon a Europa Press que est¨¢n en contra del argumento de la Audiencia de dar prioridad al lugar donde se cometi¨® el delito por encima de cualquier otro criterio. Seg¨²n las acusaciones, los tribunales espa?oles tienen "plena jurisdicci¨®n" y aunque existen causas abiertas contra Cavallo en Argentina, all¨ª los procedimientos se est¨¢n iniciando, mientras que en Espa?a s¨®lo faltaba la fecha de inicio del juicio. Adem¨¢s, Argentina no ha solicitado a Espa?a la extradici¨®n de Cavallo ni se ha manifestado en contra de que sea juzgado en la Audiencia Nacional,

Cavallo fue detenido en M¨¦xico en agosto de 2000 tras ser reconocido por supervivientes de los centros de tortura argentinos. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional ped¨ªa para ¨¦l una pena m¨ªnima de 13.332 a?os de c¨¢rcel y otra m¨¢xima de 17.010, en funci¨®n de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio.