Reuni¨®n monocroma

El presidente Zapatero y el l¨ªder de la oposici¨®n consagraron en apariencia la hora y media de su charla del pasado viernes a mantener un monocromo di¨¢logo de sordos sobre los contactos del Gobierno con ETA, s¨®lo interrumpido por breves excursos acerca de la imposibilidad de reformar la Constituci¨®n durante esta legislatura, la conveniencia de revisar la ley del Tribunal Constitucional y la necesidad de elegir a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial cuyo mandato expir¨® el mes pasado. El consenso y el disenso son el anverso y el reverso inextricablemente unidos del sistema democr¨¢tico, sin cuya dial¨¦ctica el edificio se derrumbar¨ªa; los acuerdos parlamentarios entre los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal sobre la Ley de Dependencia, la designaci¨®n del presidente de la televisi¨®n p¨²blica y los Estatutos de Valencia, Andaluc¨ªa y Baleares permit¨ªan imaginar que el consenso pudiera extenderse a otras cuestiones b¨¢sicas para el buen funcionamiento de la democracia, desde la actualizaci¨®n del reglamento del Congreso hasta la financiaci¨®n de los partidos, pasando por las medidas contra la corrupci¨®n y el transfuguismo municipales. Sin embargo, la versi¨®n dada por los interlocutores -en el caso de Zapatero a trav¨¦s de la vicepresidenta- afirma que el encuentro gir¨® de manera casi exclusiva en torno a su divorcio en materia antiterrorista.

El PP maneja a este respecto dos discursos paralelos que utiliza oportunistamente. A ra¨ªz del alto el fuego permanente declarado el 22 de marzo por la banda terrorista, destacados portavoces populares defensores de la teor¨ªa de la conjura sobre el 11-M sentaron la doctrina seg¨²n la cual Zapatero y ETA habr¨ªan pactado en secreto antes de las elecciones del 14-M una hoja de ruta cuya trayectoria ineluctable preve¨ªa la capitulaci¨®n del Estado de derecho, el reconocimiento de la territorialidad (esto es, la anexi¨®n de Navarra al Pa¨ªs Vasco) y el derecho a la autodeterminaci¨®n de Euskal Herria, la ruptura del pacto constitucional de la transici¨®n, la quiebra de la unidad de Espa?a mediante las reformas estatutarias y la exclusi¨®n del PP de la vida p¨²blica en beneficio de los nacionalistas.

Sin embargo, la entusiasta incorporaci¨®n de los populares (salvo en Catalu?a) al proceso de reforma de los Estatutos y la constataci¨®n emp¨ªrica de que durante estos nueve meses la fantasiosa hoja de ruta del supuesto pacto secreto entre el Gobierno y ETA no ha avanzado ni un mil¨ªmetro han obligado al PP a recurrir a su discurso alternativo de car¨¢cter preventivo. As¨ª, Rajoy inform¨® despu¨¦s de la reuni¨®n que no hab¨ªa recibido de Zapatero las certidumbres necesarias para despejar sus dudas y temores sobre la voluntad del Gobierno de impedir la presentaci¨®n de Batasuna a las elecciones sin que ETA hubiera renunciado previamente a la violencia, la constituci¨®n de una mesa de partidos con presencia de la izquierda abertzale que incluyese a Navarra en la agenda y la aplicaci¨®n sin contundencia de la ley por el fiscal general en materia terrorista.

La vicepresidenta Fern¨¢ndez de la Vega replic¨® que las exigencias del l¨ªder del PP descansan sobre premisas innecesarias y ficticias puesto que el Gobierno siempre cumple la ley. Pero esa contestaci¨®n confunde maliciosa o involuntariamente el principio de legalidad con el principio de oportunidad: Rajoy no formul¨® preguntas s¨®lo jur¨ªdicas sino tambi¨¦n pol¨ªticas. Si los dirigentes de la disuelta Batasuna inscribieran en el registro del Ministerio del Interior una formaci¨®n pol¨ªtica con un nuevo nombre y con unos estatutos ajustados a la interpretaci¨®n que la STC/48-2003 del Constitucional hizo de la Ley de Partidos, la izquierda abertzale seguramente podr¨ªa concurrir con plenos derechos a las elecciones municipales y forales; Rajoy exige, adem¨¢s, el requisito complementario de que ETA renuncie previamente a la violencia. El rechazo legal de la mesa de partidos por el PP a?ade tambi¨¦n el argumento pol¨ªtico de su car¨¢cter extraparlamentario. El procedimiento para la incorporaci¨®n de Navarra al Pa¨ªs Vasco figura en la Disposici¨®n Transitoria 4? de la Constituci¨®n pero el PP est¨¢ en contra de ponerlo en marcha. Y tambi¨¦n Rajoy rechaza pol¨ªticamente que el Fiscal General utilice el margen de autonom¨ªa concedido por el art¨ªculo 3 del C¨®digo Civil para interpretar las leyes sobre terrorismo seg¨²n "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas".