El bolet¨ªn oficial publicar¨¢ el nombre de los condenados por delitos graves o muy graves en seguridad laboral

El Gobierno regional publicar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el nombre de aquellas personas condenadas por delitos graves o muy graves contra la seguridad laboral. No har¨¢ falta que haya una sentencia en firme, s¨®lo que tenga "una sentencia judicial condenatoria", asegur¨® ayer el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo aut¨®nomo, Ignacio Gonz¨¢lez. En el pasado debate sobre el estado de la regi¨®n, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asumi¨® el compromiso de llevar a buen puerto esta iniciativa. El 20 de abril del pasado a?o la Asamblea de Madrid asumi¨® por unanimidad la propuesta. La Comunidad dice que las infracciones muy graves se interponen cuando se vulneran las normas de seguridad y salud en el trabajo y se pone en peligro muy grave la vida o la salud de los trabajadores. Las tipificadas como graves son las sanciones que hacen caso omiso a la normativa y se pone en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores.

Para que se lleve a efecto la publicaci¨®n del nombre del condenado ser¨¢ necesario que el director general de Trabajo dicte una resoluci¨®n. Seg¨²n anunci¨® Gonz¨¢lez, en cada publicaci¨®n deber¨¢ constar el nombre o raz¨®n social de la empresa sancionada, el sector de actividad a que se dedica, el n¨²mero de DNI de personas f¨ªsicas o CIF de personas jur¨ªdicas, el domicilio y la materia infringida. Adem¨¢s, se har¨¢ constar la sanci¨®n impuesta, incluida su cuant¨ªa, as¨ª como las accesorias, en el caso de que las haya.

Finalmente, tiene que constar la fecha de extensi¨®n del acta de infracci¨®n y el d¨ªa en que la sanci¨®n fue considerada firme.

La misma Direcci¨®n General de Trabajo crear¨¢ un fichero donde quedar¨¢ registrado el nombre de los sancionados. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, se muestra partidaria de que se publiquen los nombres de los infractores cuando hayan sido multados por la Administraci¨®n. "El problema es que la v¨ªa judicial tarda una media de entre 36 y 40 meses y muchas empresas pueden haber cambiado de nombre o desaparecido". Su hom¨®nimo en CC OO, Carmelo Plaza, comparte esta cr¨ªtica. Pese a todo, ve bien que el Gobierno regional haya tomado esta decisi¨®n.